Victoria Rosell Aguilar, delegada del Gobierno contra la violencia de género –por Unidas Podemos– y magistrada en servicios especiales, culpa de la rebaja de penas a violadores por la ley del ‘sí es sí’ a los «jueces machistas».
Así se ha pronunciado en Twitter tras la sentencia que reduce la pena de seis años de cárcel a uno y tres meses a un condenado por abuso sexual a menores por dicha ley.
Rosell ve «justicia machista» detrás de las rebajas de condena con la ‘ley del solo sí es sí’ y explica que se deben a un problema de «interpretación» de los jueces: «Hay una mala aplicación de la ley. No hemos bajado las penas, las penas son las mismas», ha declarado.
Lo puede escuchar en este vídeo difundido por Europa Press:
Ya el pasado mes de agosto, cuando el abogado de La Manada anunció que estudiaba usar la Ley Montero para lograr una rebaja de penas, como publicó El Confidencial, Rosell respondió en un largo hilo declarando lo siguiente: «Esto es pura propaganda del defensor de los violadores. No habrá revisión de las penas de 15 años: no hay atenuación ni despenalización. Quieren desprestigiar la ley #SoloSíesSí y asustar a las mujeres. Pero con esta ley tenemos más seguridad y derechos».
A lo que añadió: «La justicia machista crea impunidad. El problema no es la ley», atacando así a los magistrados, como Podemos acostumbra a hacer, y también la propia Rosell.
Unas acusaciones que critican frontalmente desde la Justicia sus antiguos compañeros de profesión y fiscales.
‘PERPLEJIDAD Y RECHAZO’ EN LA APM ANTE TALES DECLARACIONES
«No puedo más que mostrar mi perplejidad y rechazo hacia la imputación a la Judicatura de un sesgo ideológico y machista en la aplicación de la ley», declara a Confilegal desde la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria en la carrera judicial, el magistrado Celso Rodríguez Padrón, que es presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
Este magistrado destaca que «el principio de retroactividad de las normas penales favorables hace muchos años que aparece recogido en nuestro Código Penal y debe considerarse como uno de los pilares esenciales del garantismo jurídico digno de un Estado democrático y de Derecho».
«Es, sencillamente, cuanto están llevando a la práctica los Tribunales en cumplimiento de su función constitucional de tutela efectiva de los derechos de toda persona, con puro sometimiento al imperio de la ley, cuya elaboración corresponde al Poder Legislativo y aplicación al Poder Judicial de acuerdo con los postulados de la separación de poderes», añade el portavoz de la APM.
Y subraya que el resultado de esta aplicación judicial del Derecho, «no legitima a nadie -y menos a cualquier responsable público- para descalificar al Poder Judicial cuando no se ve satisfecha su particular lectura de las normas».
«Defiendo rotundamente la independencia inherente al Poder Judicial, y espero -como tantas veces se ha demandado- que las críticas a sus decisiones no traspasen los límites del obligado respeto», sentencia.
‘ES MUY TRISTE VER CÓMO HAY PERSONAS QUE SON CAPACES DE SACRIFICARLO TODO POR LA POLÍTICA’, AFIRMA AJFV
El portavoz nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Jorge Fernández Vaquero, que es magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Jerez (Cádiz), manifiesta que es significativo que «cuando las resoluciones judiciales se apartan de lo que el Gobierno quiere o le gustaría, se considere que los jueces no están cumpliendo su función, como si la misma fuera ejecutar lo que dice el Ejecutivo o lo que éste quiere que se consiga».
Este magistrado se pregunta si está entre las funciones de una delegada del Gobierno «tratar de corregir resoluciones judiciales», porque «quizás ese es el problema, que quien no está cumpliendo sus funciones es ella».
«En el caso de Victoria Rosell, además, lamentablemente tengo que pensar que es deliberada esta falta de cumplimiento de sus funciones, esta intromisión en un ámbito que no le corresponde porque ella es juez también y sabe perfectamente en qué consiste el trabajo del juez», señala.
Para el portavoz nacional de la AJFV, «es muy triste ver cómo hay personas que son capaces de sacrificarlo todo por la política».
A LA AF LE PRODUCE ‘ESTUPOR’ QUE SE HABLE DE JUSTICIA MACHISTA O FEMINISTA
Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales (AF) y decana de Instrucción en la Fiscalía Provincial de Barcelona, afirma que las declaraciones de Rosell «no tienen el rigor jurídico suficiente, puesto que es obvio que por parte del legislador no se ha hecho un trabajo de técnica jurídica impecable, lo que motiva que determinados tipos penales hayan visto reducida la pena mínima y eso determine las revisiones de sentencias sin que haya previsto esa misma reforma penal ninguna disposición transitoria que evite o limite los efectos de la revisión de condena, por lo que es evidente que lo que hay que aplicar retroactivamente la ley penal más favorable para el reo».
Por ello, a Dexeus le parece que es «falto de rigor manifestar que la culpa es jueces machistas, agazapados para conseguir mejoras penales para los delincuentes».
Y destaca que eso «proviniendo de quien está ejerciendo cargo público y que, además, es magistrada en servicios especiales, es aún menos admisible».
«El legislador debe asumir la falta de técnica legislativa y de rigor jurídico en su reforma y no echar la culpa a quien exclusivamente se limita a dar cumplimiento a la ley», sostiene la presidenta de la asociación mayoritaria de jueces. «Y eso Victoria Rosell, obviamente, lo sabe por su condición de magistrada», sentencia.
A Dexeus le produce «estupor» que se hable de una justicia machista o feminista. «La Justicia es imparcial y ha de ser ajustada a la legalidad, sin otros calificativos», sostiene.
ESTO PASA ‘POR LEGISLAR A GOLPE DE POPULISMO’, SEGÚN FJI
«La reforma del Código Penal que deriva de la ‘ley del solo sí es sí’ ha supuesto la desaparición del término ‘abuso’ para que todo sea ‘agresión sexual’. Por eso, se ha obligado a refundir los márgenes de las penas por delitos sexuales lo que, para algunos tipos, ha supuesto la rebaja, o bien de los mínimos, o bien de los máximos. Cierto que otros tipos no han sufrido modificación y algún otro incluso una subida, pero las rebajas están ahí, en la Ley. Y los jueces debemos aplicar la ley, ésta que rebaja algunas penas y también la que dice que la ley penal favorable al reo se le debe aplicar retroactivamente», destaca en primer lugar el presidente de Foro Judicial Independiente (FJI), Fernando Portillo, que es magistrado del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de Melilla.
Por eso, le «sorprende mucho» oír a responsables políticos «quejándose de los jueces por aplicar la ley». «¿Qué están pidiendo? ¿Qué no las apliquemos? ¿Qué prevariquemos?», se pregunta.
«Evidentemente, lo que están haciendo es tratar de culpar a otros de sus errores», señala Portillo, que hace hincapié en que el hecho de que la modificación legislativa iba a suponer la rebaja de algunas penas y que ello, a su vez, supondría la revisión de condenas firmes, «es algo que ya sabían los responsables políticos».
«Porque, cuando la Ley aún estaba en trámite, así se les advirtió desde muchos sectores jurídicos, incluso en un informe del CGPJ. Y si no han tenido la previsión de añadir una disposición transitoria, como se ha hecho en otras reformas del Código Penal, para limitar estas peticiones de revisión, solo ellos son responsables», sostiene.
Por tanto, «que se hable de jueces machistas o de la necesidad de juzgar con perspectiva de género», subraya Portillo, que es «un discurso falso y demagogo que ya ni ellos se creen, una huida hacia adelante para tratar de tapar el desaguisado».
«Como si los jueces estuviésemos esperando, agazapados, para, a la menor oportunidad, ponernos a rebajar penas a los condenados por delitos sexuales, como si no tuviéramos otra cosa que hacer y eso fuese lo que nos motiva», declara.
«La mayoría de los juzgados están sobrecargados y esta reforma lo que está es haciéndonos trabajar más. Pero es nuestra labor, por supuesto, aplicar la ley y preservar los derechos humanos y libertades públicas de los ciudadanos, también de los condenados por delitos», apunta Portillo,
Y manifiesta que esto pasa por «legislar a golpe de populismo, sin rigor jurídico».
«Toda la propaganda de la ley fue falsa, porque lo de ‘poner el consentimiento en el centro de los delitos sexuales’ es algo que ya existía desde hace dos siglos en nuestro Código Penal. Se ha vendido la reforma como la Ley que iba a arreglar el supuesto problema de los delitos sexuales, cuando no había ningún problema con ellos. Era y sigue siendo un problema de prueba, y bendito ‘problema’ el de que todos somos inocentes mientras la acusación no pruebe lo contrario», argumenta el presidente de FJI.
Portillo explica que «se ha transmitido la idea de que eso ya no iba a pasar, pero las leyes no nacen para vivir aisladas, se integran en un ordenamiento jurídico del que forman parte otras leyes, tratados internacionales, principios generales y derechos fundamentales como el de la presunción de inocencia». Y añade que cuando se aprueba una nueva ley, «la misma se encaja en este ordenamiento como una pieza de un puzzle. Y si no has previsto ese encaje, si no has previsto la posibilidad de la revisión por penas más favorables, por ejemplo, la pieza queda mal encajada».
Pero la culpa «no es del puzzle ni de quienes, como los jueces, velamos porque el puzzle siga ahí, es de quienes han hecho esa pieza. Pero ya sabemos que el insulto y la descalificación es el argumento de los que no tienen argumentos», concluye.
REACCIONES EN TWITTER
Las declaraciones de la delegada del Gobierno contra la violencia de género han generado una cascada de reacciones en Twitter. Entre ellas, por ejemplo, de la magistrada María Teresa Puchol Soriano, conocida en Twitter como ‘Lady Crocs’, donde tiene 106,6 mil seguidores.
«Ahora los jueces son machistas y crece su nivel de inmundicia moral. Y esto no lo dice cualquiera, lo están diciendo desde el Gobierno, desde el Parlamento. Insultan a los jueces, pero también están atacando la independencia judicial y la separación de poderes», ha denunciado.
Y después ha añadido este otro tuit:
También ha reaccionado al respecto un magistrado que en Twitter utiliza el pseudónimo ‘Judge the Zipper’, con 86,4 mil seguidores en esta red social: «La reforma fue una operación de propaganda política que, esencialmente, quitó la palabra «abuso» para que todo sea «agresión», y que, además, rebajó algunas penas por delitos sexuales. Pero la culpa, claro, será de los abogados defensores de violadores y de los jueces machistas».
