La Audiencia Provincial de La Coruña ha condenado a seis años y cinco meses de cárcel a la tesorera de Autopistas del Atlántico (Audasa) y de Autoestradas de Galicia entre octubre de 2008 y enero de 2019, cuando fue despedida, por un delito continuado de falsedad documental mercantil, en concurso con otro delito continuado de estafa cualificada.
Por apropiarse de 1.228.755 euros.
El tribunal considera probado que la condenada aprovechó “la posición confiada de gestión contable y tesorería” que desempeñaba para transferir entre 2011 y 2018 desde distintas cuentas bancarias de las dos empresas a la suya dicha cantidad.
Además de la pena de cárcel, tendrá que indemnizar con 1.103.600,32 euros a Audasa y con 125.155,14 euros a Autoestradas de Galicia, con aplicación del interés legal desde las fechas de las transferencias fraudulentas y el procesal de demora desde la fecha. También se le ha impuesto una multa de 3.600 euros.
De estas indemnizaciones tendrá que responder solidariamente con ella y hasta el límite de 395.429 euros, su marido, al que la Audiencia considera partícipe a título lucrativo, con aplicación del interés moratorio del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Sin embargo, el tribunal ha absuelto a ambos de los delitos de blanqueo de capitales de los que también estaban acusados y a él del delito de estafa que le imputaba la Fiscalía.
La sentencia, dictada el pasado 10 de noviembre (489/2022), la firman los magistrados de la Sección Segunda Ángel M. Judel Prieto (presidente y ponente), Miguel A. Filgueira Bouza y Xermán Varela Castejón.
La sentencia no es firme. Contra la misma cabe recurso de apelación ante el ‘Tribunal Superior de Xustiza de Galicia’.
La condenada, de 57 años y nacida en Caracas (Venezuela), es economista y no tenía antecedentes penales.
Fue empleada de Audasa desde el 1 de octubre de 2008 hasta su despido (declarado procedente por sentencia firme del 22 de julio de 2020) el 25 de enero de 2019. Desempeñaba funciones de tesorera tanto de Audasa como de Autoestradas de Galicia y era la encargada de enviar las órdenes de transferencias a las entidades bancarias, el seguimiento de los saldos de las cuentas, comprobación de ingresos y cargos y de pagarés, conciliaciones bancarias y los partes a los bancos.
La ahora condenada estuvo en prisión provisional por esta causa entre mayo de 2019 y abril de 2020.
Él, de 54 años y nacido en Valladolid, tampoco tenía antecedentes penales.
DISPUSIERON DEL DINERO A SU ANTOJO APLICÁNDOLO OSTENTOSAMENTE A CONSUMO PERSONAL, FAMILIAR O DOMÉSTICO
El tribunal explica que para realizar estas operaciones, la condenada «elaboraba órdenes de transferencia ficticias con aspecto idéntico a las que las empresas remitían a los bancos, aunque modificando la cuenta de destino por la numeración de la suya”.
La apariencia de autenticidad la conseguía, según indican los magistrados, insertando, de forma escaneada y usando aplicaciones informáticas, las firmas de los responsables empresariales autorizados para las transferencias, figurando como beneficiarios aseguradores o proveedores habituales.
Los documentos mendaces los remitía a las entidades financieras desde el correo electrónico de Audasa, que normalmente utilizaba, “encubriendo la maniobra con el envío conjunto de otras órdenes de transferencia verdaderas”, relata la Audiencia.
Y añade que «con el tiempo, el sistema defraudatorio era complementado con la alteración del parte de bancos y las conciliaciones, reintegros y pagarés de cara a cuadrar la contabilidad, sobre todo a finales de cada año”.
Los magistrados concluyen que la extesorera de Audasa y de Autoestradas de Galicia y su marido «dispusieron de 1.228.755 euros a su antojo, aplicándolos ostentosamente a finalidades de consumo personal o conyugal o familiar o doméstico, en ocasiones a través de la cuenta corriente conjunta”.
Además, afirman que la pareja de la tesorera era “consciente de la situación o de la alta probabilidad del origen ilícito del capital”.
En la resolución señalan que fue “fácil” seguir el rastro “del capital acumulado y derrochado paulatinamente porque no hubo maniobras de camuflaje en pantalla societaria o de simulada enajenación de activos o de asignación nominal a terceros”.
El tribunal califica de “atinada” la observación de una defensa “cuando habla de un nivel de consumo ‘absurdo’, un tren de vida muy por encima de las posibilidades salariales sumadas y del que da cuenta el resultado de la elocuente diligencia de registro domiciliario del 28 de mayo de 2019”.
La Audiencia explica que la estafa “no es común, sino cualificada”, debido al abuso de confianza, pues la condenada se aprovechó “de la seguridad que a la empresa le produce la aparente y leal capacidad en el buen hacer profesional de su tesorera durante años”, así como por el valor de la defraudación, que supera el importe de 50.000 euros.
A la hora de imponer la pena, el tribunal también hace referencia a que la acción fue “repetida durante años” y a la actitud de la condenada, “que no reparó ni mínimamente el perjuicio causado ni mostró el mínimo arrepentimiento por su conducta”.
En cuanto a la absolución de su marido del delito de estafa, indica que “nada proclama la intervención del acusado en el proceso ejecutivo material falsario o defraudatorio ni su capacidad para abortar el plan trazado por su esposa, siendo imposible vertebrar la cooperación necesaria en aprovecharse de las retiradas de dinero, como se informó en la vista al tribunal”.
EL DESTINO DEL DINERO
Según se especifica en la sentencia, los condenados, que están casados en régimen de separación de bienes, dispusieron de 202.261,89 euros en reintegros en efectivo a través de cajeros bancarios y otros 124.550 retirados con talones de banco; de 312.292,70 por transferencias; de otros 51.353,87 euros para 64 amortizaciones de préstamos; aplicaron 144.118 euros en compras en establecimientos comerciales, supermercados y estaciones de servicio; 63.933,57 euros en aplicaciones de Google Play; 153.227,40 euros en pagos por PayPal; y 30.259,91 euros en productos de Iberia (billetes de avión).
También 15.731,15 euros en Viajes El Corte Inglés; 1.899, 95 compras en Apple Store; 19.666,45 euros en gastos de hostelería; 12.371,97 en iTunes; 2.339,95 en intereses; y, 3.788,22 en operaciones en moneda extranjera.
La suma de 312.292,70 euros de una cuenta bancaria de ella corresponde, entre conceptos varios, a 41.227,25 euros en 47 transferencias desde la cuenta de dicha entidad a la conjunta de los acusados, y el dinero fue empleado, entre otras cosas, para financiar un préstamo de compra de un automóvil; 18.733,44 euros en el pago a una empresa por la instalación de una cocina en la vivienda familiar; 1.925 euros fueron abonados por la compra de colchones, 4.929,59 euros a una empresa por la pintura de la fachada de la casa, 1.863,40 a una fontanería, con factura a nombre del condenado, por labores de bombeo de agua; y 5.916 por un cierre y desescombro del galpón.
A estas cantidades se suman 9.082 euros que pagaron por la construcción de una piscina anexa a la vivienda familiar y sus complementos, figurando asimismo el condenado en la factura; 864,62 euros fueron transferidos por la adquisición de tres relojes; 4.987 euros se destinaron por servicios de obstetricia y ginecología; 5.219, 76 euros se ingresaron a un concesionario para pago parcial de un coche; 723,65 a otro fueron abonados por dos turismos de otra marca; 8.908,73 euros se emplearon en El Corte Inglés en 2018 por un crucero por el Mediterráneo y billetes de avión; 1.545 euros a cuentas titularidad de los acusados; 16.718 a una escuela en cuatro transferencias; a Cetelem le reembolsaron ambos condenados 21.394,52 euros en ocho transferencias para el pago de una línea de crédito y un contrato de préstamo suscrito por él; y 1.350 euros en favor de Loterías y Apuestas del Estado.
