La ciudad de Oviedo acoge desde el miércoles la XXXIV Jornada de la fe pública judicial organizada por el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ). Se trata del congreso anual del CNLAJ que este año ha contado con la asistencia de más de 250 Letrados de la Administración de Justicia de toda España.
El día de hoy arrancaba con el Catedrático derecho procesal, José María Asencio Mellado y su ponencia “La fe pública judicial en el nuevo escenario tecnológico”. Asensio ha lanzado una propuesta que tiene, según el autor, el objeto de lograr un proceso eficaz mediante una comprensión de la potestad jurisdiccional que pueda distribuirse entre los jueces y magistrados y los Letrados de la Administración de Justicia. Según Asensio hay que “residenciar en los jueces y magistrados, el juzgar y ejecutar lo juzgado en sentido material y referir a los LAJs el proceso, el derecho procesal en todo aquello que no tenga relación inmediata con el enjuiciamiento y la prueba personal”. Para el catedrático es necesario “crear jueces procesales con potestad jurisdiccional en el ámbito de su competencia”.
Posteriormente llegaba el turno de la ponencia “Nuevas ideas para agilizar el proceso de ejecución de impagados judiciales» de manos de Reyes Rodríguez Zarza, de Registro Impagados judiciales, plataforma online diseñada por el Consejo General de la Abogacía.
La última intervención del día ha corrido a manos de Manuel Marchena Gómez, Presidente de la Sala Segunda del T.S. con su ponencia “Inteligencia artificial: oficina judicial y profesiones jurídicas”. Marchena ha asegurado que el objeto de la conferencia “es abrir el debate acerca de la posibilidad de sustitución de la persona que dicta el derecho por una máquina que haría lo propio, pero a partir de una información tratada mediante fórmulas algorítmicas”. Según Marchena de esta premisa se derivan otros muchos interrogantes todavía no resueltos como si puede un robot ser imparcial, cómo se articularía la responsabilidad de la máquina, quién controla al programador que selecciona la información que convierte en inteligente la respuesta computacional, el juez-robot es inmune a los sesgos cognitivos, de tanta influencia en la respuesta jurisdiccional ofrecida por el juez-persona.
Para el Presidente de la Sala Segunda del T.S “en el actual estado de la técnica identificar justicia robótica con justicia infalible es un ejercicio de ingenuidad”. La decisión judicial adoptada a partir de cualquiera de los modelos de procedimiento hoy vigentes exige “la ejecución por las partes de actos procesales de aportación, proporcionando al órgano judicial los elementos probatorios que apoyen las respectivas tesis”. Marchena ha continuado afirmando que una vez sustituida la aportación de elementos alegatorios y de prueba por el suministro de la información necesaria para la decisión del juez robot, “el trabajo de selección de los elementos susceptibles de ser programados queda sometido a las mismas dosis de falibilidad que las que ofrece la justicia convencional”.
El conferenciante ha insistido en que “la afirmación de que la justicia robótica eliminaría la incertidumbre que hoy acompaña a cualquier decisión judicial, con el consiguiente quebranto de la seguridad jurídica garantizada por el art. 9.3 de la CE, aconseja algún matiz”. El cálculo matemático aplicado al algoritmo parece indisolublemente unido a la sensación de previsibilidad. Sin embargo, no siempre tiene por qué ser así. Marchena ha finalizado comentando que el menoscabo de la seguridad jurídica puede estar originado por otros factores no susceptibles de programación. “La jurisprudencia está en permanente evolución, una evolución acompasada a la necesidad de adaptar su contenido a nuevas realidades emergentes, las respuestas del juez robot estarán siempre dominadas por la propia rigidez matemática de un algoritmo que mira al pasado, que se ancla en el precedente que, tarde o temprano, tiene que ser superado”.
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