Estimados/as candidatos y candidatas:
Vuestro veterano elector se toma la libertad y el atrevimiento de ofreceros su modesta opinión sobre la obligada crianza de vuestro programa electoral, que en la próxima la liza del 20 de diciembre os pueda llevar al éxito de alcanzar el gobierno de nuestro vetusto Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM).
Aunque 425 años os contemplan, lo cierto es que bastaría echar un vistazo a los últimos 15 años para poder hacer un diagnóstico del estado de salud del cuerpo, corazón y alma de nuestro ICAM.
No sé si las dolencias que padece son antañas, pero sí que en esa década y media se han convertido en crónicas, siendo de muy diversa índole, nada fáciles de corregir y un formidable reto para paliarlas en la práctica. Veamos.
En lugar muy destacado se encuentra que las cuotas representan el principal ingreso, junto con el Centro de Estudios, ya que los otros manantiales de euros son marginales o simbólicos.
La otra cara de esta caudal es que en el capítulo de gastos el principal son los de personal, por lo que la cobertura de «denarius» para inversiones, en mejoras que favorezcan realmente a los colegiados y modernización de la Casa, son muy escasos.
Por otra parte, a mi particular modo de ver, tenemos una corporación todavía semi democrática, de modo que la información de gobierno y estructura es casi nula y comunicación con los colegiados no se basa en democracia participativa, control, cogestión y/o autogestión, lo que espanta la transparencia que es el ADN de una administración democrática.
Así también que la inmensa mayoría de los colegiados tenemos la percepción de que el Colegio sólo nos necesita y nos tiene en cuenta para pagar las cuotas, eso sí, a cambio de algunas prestaciones bien atendidas por los empleados, además de que en el ejercicio de nuestra profesión sentimos que una Espada de Damocles está encima de nuestras cabezas, con el correspondiente castigo del departamento de Deontología, es decir, es largo calvario de una defensa que exige sudores y que en muchos casos está teñida de indefensión.
Por lo que respecta a la minoría de edad de un Colegio de 425 años, el más grande de España, Europa y del orbe, institución que debería ser parte del agua de todas las fuentes legislativas de nuestro solar patrio, lo cierto es que nuestra agua no ha llegado todavía a alimentar dichas fuentes.
De igual manera que la voz fuerte pública de la Junta de Gobierno, sin ambages, en defensa del Estado de Derecho y lo que Dios manda cuando lo manda, apenas se oye o bien muy ambigua, cuando no con delicada timidez.
Luego, la Dignidad de la Abogacía es otra de las asignaturas pendientes en los ámbitos judiciales, donde el abogado es ese operador jurídico al que se le puede faltar el respeto, no sólo con la pena del pasillo, sino con carencias de comunicaciones previas para no echar el viaje en balde, trabas, zancadillas e inconvenientes en las secretarías, vulneraciones del derecho a la libertad de expresión y, por si fuera poco, la frustración diaria en la lucha con Lexnet, además de la inexcusable regulación del derecho a la desconexión.
No menor carencia es todo lo que se refiere a la conciliación familiar de la abogacía en todos sus aspectos, muy en desigualdad con los funcionarios judiciales y que en no pocas circunstancias adquiere tintes de indignidad, abuso o crueldad.
Supongo que estaréis de acuerdo conmigo que resulta de tristeza, pena y llanto la simbólica asistencia de colegiados a las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias, en contraste con las escandalosas y gruesas delegaciones de votos al órgano rector, lo que posteriormente tiene su traducción en las elecciones al Decanato, cuya participación resulta depresiva.
Si las candidaturas no logran cambiar esa tendencia el 20D, me temo que alcanzar la máxima magistratura de la Corporación será como una suerte de «lotería», por muy buenos programas y campañas que se ofrezcan, incluso dejándose un ojo de la cara en el propósito.
Por lo que se refiere al Turno de Oficio no puedo negar las mejoras técnicas y administrativas, además de que se enterró la morosidad de la CAM, pero sí afirmar que los abogados/as de oficio seguimos cobrando a 3 euros la hora, por no hablar ya de las impugnaciones de costas en la que el “impuesto” colegial lo pagan los dos letrados o la barra libre de las venias en la que el Colegio mira para otro lado.
Sí, se supone que los programas son fundamentales para ganar o perder con una óptima comunicación con el electorado, aunque también que las promesas que se formulen sean viables y que los que las tienen que llevar a efecto estén dotados de esa capacidad y contagien confianza, sin olvidar que una campaña de trapos sucios puede tener mucho morbo, pero desalienta más la participación.
Vuestro seguro servidor.
