Antonio del Moral
Carlos Capa
Antonio del Moral, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, reivindicó el papel central de la abogacía de oficio como pieza imprescindible del Estado de Derecho y de la tutela judicial efectiva. Su mensaje, pronunciado en las IX Jornadas de Asistencia Jurídica Gratuita, combinó reflexión jurídica, defensa institucional y una clara llamada a dignificar un servicio que, a su juicio, sigue arrastrando un reconocimiento social insuficiente.
El magistrado subrayó que no puede entenderse la justicia sin la abogacía, del mismo modo que no puede sostenerse un sistema judicial sólido si el abogado no dispone de medios, tiempo y condiciones adecuadas para ejercer su función. En su intervención recurrió a ejemplos gráficos para explicar que rebajar el nivel de la abogacía de oficio equivaldría a deteriorar la calidad global de la justicia, porque el servicio público no puede medirse solo por su coste, sino por su impacto en los derechos de los ciudadanos.
Del Moral insistió también en la dimensión ética y casi vocacional del oficio, destacando la frecuencia con la que los abogados de oficio se implican en los asuntos con una intensidad que a veces supera la del propio cliente, y reivindica que su labor no sea vista como una asistencia de “segunda categoría”, sino como una función esencial y técnicamente exigente. En ese marco, defendió la necesidad de confiar en su criterio profesional, aunque al mismo tiempo reclamó mecanismos que eviten una defensa meramente formal o insuficiente.
Otro de los ejes de la ponencia es la idea de que una defensa negligente puede terminar lesionando no solo al justiciable, sino al propio sistema de justicia. El magistrado enlazó esa idea con la jurisprudencia europea y con ejemplos de la práctica penal para remarcar que la calidad de la defensa no es un detalle accesorio, sino un requisito mínimo del proceso justo. Concluyo la intervención -que sirvió de apertura de las Jornadas del CGAE -con un tono casi literario, apelando a la conciencia profesional del abogado como servidor de la justicia y no solo como gestor de procedimientos.
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