Los expertos de AEDAF consideran necesario reconfigurar el actual sistema de incentivos por productividad de los funcionarios inspectores de tributos. La Asociación, en un documento que recoge las reflexiones de sus expertos sobre el asunto, considera “imperativa” la necesidad de eliminar los actuales incentivos ligados a importes efectivamente regularizados, a la vez que aboga por el establecimiento de otro tipo de incentivos que tengan que ver con la reducción de la litigiosidad, el fomento de la relación cooperativa, la innovación en la detección del fraude, o las actuaciones respetuosas del Derecho comunitario y de los criterios de los tribunales de justicia. Desde AEDAF subrayan la necesidad de que dicho sistema de incentivos “no amenace la necesaria objetividad de los funcionarios de la AEAT”.
Desde la Asociación indican que “a día de hoy, echamos en falta que la Agencia Tributaria haga públicos los criterios de incentivos aplicables a otros departamentos distintos del de inspección: gestión, recaudación e impuestos aduaneros y especiales; pese a que existe una sentencia del tribunal de lo contencioso – administrativo de julio de este mismo año que le insta a hacerlo, basándose en la Ley de Transparencia”. Esa sentencia responde a un recurso de la Asociación Española de Asesores Fiscales, que, en aras del fomento de una relación colaborativa entre la institución y los contribuyentes, reclamó que se hicieran públicos dichos criterios.
Los expertos de AEDAF subrayan en sus reflexiones que “la regulación de tales incentivos debe poder conciliarse con el artículo 103.1 de nuestra Constitución, de acuerdo con el cual la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho”.
A continuación, se incluyen las conclusiones finales del documento hecho público por la Asociación Española de Asesores Fiscales, AEDAF:
Nuestros funcionarios públicos, asignados a las tareas de gestión, recaudación e inspección de los tributos, deberían ser retribuidos en atención a su esfuerzo, rendimiento y resultados (fundamentalmente no litigiosos), de cara a que cumplan adecuadamente sus funciones sobre la base de los principios de eficacia y de eficiencia. Ahora bien, el sistema de retribuciones establecido no debería poner en riesgo, en modo alguno, la necesaria imparcialidad y objetividad de sus actuaciones.
Consideramos que los incentivos por productividad establecidos por la Administración tributaria, tal y como están regulados, y aunque según los documentos de la AEAT su incidencia no sea decisiva, pueden llegar a sesgar la perspectiva de los actuarios públicos, de forma consciente y/o inconsciente, en el sentido de practicar regularizaciones con finalidades fundamentalmente recaudatorias, alejadas de la aplicación escrupulosa del Derecho.
Resulta especialmente reprobable el establecimiento de deudas tributarias de referencia a liquidar, a priori, en los obligados tributarios, sobre la base de experiencias pasadas o de desconocidos datos indiciarios. Tales referencias de partida son difícilmente compatibles con el derecho fundamental a la presunción de inocencia de los ciudadanos, y establecen un poderoso “efecto anclaje” en los actuarios, que psicológicamente pueden verse condicionados en sus actuaciones, particularmente en el contexto de un entorno competitivo. Creemos difícilmente conciliables este tipo de incentivos con el comportamiento imparcial y objetivo que se exige a la Administración por parte del artículo 103.1 de nuestra Constitución y el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Cualquier apariencia de interés particular de los funcionarios en las actuaciones desarrolladas les inhabilitaría, pues, como “jueces imparciales” y para actuar, en su caso, como peritos en nombre de la Administración. Tal circunstancia podría intentar hacerse valer, en casos concretos, ante nuestros tribunales de justicia.
Consideramos pues, necesario, reconfigurar el actual sistema de incentivos por productividad de nuestros funcionarios asignados a actividades de inspección de los tributos. Creemos, también, que una muy buena parte de los incentivos actualmente previstos son del todo legítimos y apropiados. Pero consideramos imperativo sustituir los actuales incentivos ligados a los importes efectivamente regularizados por otro tipo de incentivos, que no amenazasen la necesaria objetividad de nuestros funcionarios. Así, cabría aplaudir la sustitución de los actuales incentivos por otro tipo de incentivos que se encontrasen ligados a la reducción de la litigiosidad, al fomento de la relación cooperativa, a la innovación en la detección del fraude, o a las actuaciones escrupulosamente respetuosas del Derecho comunitario y de los criterios sentados por nuestros tribunales de justicia.
Creemos asimismo que una revisión del actual sistema de incentivos a la productividad sembraría probablemente una semilla para desarrollar una deseable nueva cultura en nuestra Administración tributaria, menos represiva y sancionadora, más cercana al contribuyente, y más enfocada en preservar sus derechos fundamentales y en la consecución del objetivo de justicia tributaria.
Finalmente, creemos que los criterios de remuneración de nuestros funcionarios de Hacienda deberían quedar regulados por ley, con previa audiencia de todos los agentes sociales interesados. Entretanto, la AEAT, al amparo del principio de buena administración, debería publicar anualmente las actualizaciones que se produjeran en relación con el sistema de incentivos establecido para sus funcionarios públicos, incluidos aquellos asignados a tareas de gestión, recaudación, impuestos aduaneros y especiales. Si no se optara por un ejercicio voluntario de transparencia, la AEDAF solicitaría la publicación de esta información, en representación de los ciudadanos y en aras del interés general del país.”
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