
Antonio Benítez Ostos
Recientemente, ha sido publicado el prestigioso Ranking de Expansión que recoge los 105 despachos que mayor facturación generaron en España durante el pasado ejercicio 2024.
Las primeras posiciones han sido copadas por Garrigues, Cuatrecasas, Uría Menéndez y Pérez-Llorca. Sin embargo, Administrativando Abogados es por primera vez reconocido en dicho Ranking, ostentando la posición 101, con un registro de 1,30 millones de euros (superando los 1.5 millones de euros de importe neto de facturación). Asimismo, logra situarse entre los despachos con mayor índice de rentabilidad del país.
Se trata de la única boutique de derecho administrativo y contencioso – administrativo en España que logra posicionarse en dicho ranking, al menos en el ejercicio 2024, lo que supone su clara posición de liderazgo en la materia en nuestro país.
Nos encontramos ante un ranking completamente objetivo, debido a que la información es en todo momento obtenida de registros públicos.
Según indica el Socio Director de Administrativando Abogados, Antonio Benítez Ostos: “estamos tremendamente orgullosos de que por primera vez y en tan sólo cinco años, nos situemos en el principal ranking legal, encontrándonos en la élite de la abogacía en España y compitiendo con los “gigantes” de la profesión. Y ello, pese a que competimos en plena desigualdad, dado que la inmensa mayoría de las firmas son multidisciplinares mientras que nosotros nos dedicamos a un nicho muy concreto y limitado como es el derecho administrativo y contencioso – administrativo. Esto último revalida nuestra posición como referentes en España en el sector al no haber logrado ser incluida en dicho ranking ninguna otra boutique de nuestra disciplina”.
MODELO INNOVADOR: CLIENTES DE PRIMER NIVEL Y ASUNTOS DE GRAN RELEVANCIA
Según explica Benítez Ostos, recientemente galardonado en los premios de Economist & Jurist a la excelencia jurídica, no hay una fórmula mágica ni rápida que asegure un éxito de este nivel. “En nuestro caso, el mismo se ha centrado principalmente en poner el foco en un nicho muy concreto, el derecho administrativo y contencioso – administrativo, contando con un equipo muy bien preparado y experimentado en la materia y con un trato directo y cercano al cliente. Todo ello, con una estrategia de negocio perfectamente trazada y con altísimas dosis de esfuerzo y dedicación”.
Explica que gracias a ello, Administrativando Abogados interviene en asuntos de relevancia social, jurídica y económica, asesorando a importantes compañías multinacionales, asociaciones de primer nivel y máximo alcance, partidos políticos, Administraciones Públicas, entidades bancarias, autoridades públicas, personas físicas y fondos de inversión, entre otros.
Asimismo, la firma ha llevado a los tribunales asuntos de notable trascendencia como, por ejemplo, y entre los más recientes, el caso de las víctimas del accidente de Alvia, del que hace escasos meses ha sido admitido a trámite su recurso en Estrasburgo ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así como la admisión a trámite de otro recurso de casación ante el Tribunal Supremo cuya cuantía asciende a 2.963.577.712,50€ contra la OPA de MásMóvil o la obtención de una sentencia estimatoria en representación de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado impidiendo la entrada de interinos en el cuerpo.
Igualmente, el despacho tiene una clara vocación docente, de ahí que parte de sus miembros impartan clase de derecho administrativo en la Universidad Loyola, en el ISDE y el despacho tenga convenios de colaboración con la Universidad de Salamanca y Villanueva, en Madrid. Igualmente, el bufete dirige el curso práctico sobre derecho administrativo sancionador que se imparte en la reconocida editorial Aranzadi.
IMPACTO DE LA LEY 1/2025 EN EL CONTENCIOSO – ADMINISTRATIVO
Para Benítez Ostos, la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de la Justicia, que recientemente ha entrado en vigor, aún no ha tenido prácticamente relevancia en la jurisdicción contencioso – administrativa ni se espera que la tenga.
Según expone el letrado, “en mi opinión, nos encontramos ante unas modificaciones más estéticas que de fondo, sin que las mismas consigan mitigar o reducir el colapso de la Administración de Justicia. Si queremos que esto último realmente suceda, se deberán de acometer leyes serias y coherentes con dicha finalidad. Asimismo, es preciso incrementar el número de jueces y de funcionarios, así como sus retribuciones (incluyendo variables al respecto en función del cumplimiento de objetivos y de productividades) y dotar al poder judicial de más medios materiales y económicos para que puedan llevar a cabo el ejercicio de sus funciones de una manera más eficiente”.
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