Català Reinón
El 3 de abril de 2025 no es una fecha cualquiera para el sistema judicial español. Ese día entra en vigor la Ley Orgánica 1/2025, una reforma ambiciosa que promete dar un vuelco al funcionamiento de nuestros tribunales. Pero, ¿qué significa esto en la práctica para los ciudadanos, los abogados y los operadores jurídicos? ¿Qué cambia realmente?
Vamos a explicarlo de la mano del despacho de Abogados en Barcelona Català Reinón, de forma clara, accesible y útil, tanto si eres estudiante de Derecho como si simplemente quieres entender cómo te va a afectar esta transformación.
De juzgados unipersonales a Tribunales de Instancia
Uno de los cambios más notables es el adiós a los juzgados tal y como los conocemos. La Ley Orgánica 1/2025 establece la sustitución progresiva de los juzgados unipersonales por Tribunales de Instancia, estructuras colegiadas en las que varios jueces trabajan bajo una misma dirección organizativa, pero con áreas especializadas.
Este nuevo modelo judicial no se aplicará de golpe. Su implantación será gradual entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2025, empezando por las ciudades con mayor carga de trabajo. En lugares como Barcelona, donde la saturación de procedimientos es habitual, los abogados Barcelona ya anticipan que esta transformación puede suponer una mejora significativa en los plazos y en la organización de los procedimientos.
La idea es sencilla: repartir mejor los asuntos entre jueces, evitar desigualdades en la carga de trabajo y permitir que cada profesional se centre en una materia concreta. El resultado, si se aplica correctamente, debería ser una justicia más rápida, especializada y eficaz.
Reformas en el proceso penal y más protección al ciudadano
Pero la reorganización no es el único cambio. La Ley Orgánica 1/2025 también introduce modificaciones importantes en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que entran en vigor ese mismo 3 de abril. Uno de los aspectos más relevantes es la ampliación del derecho a la asistencia jurídica gratuita, sobre todo en procedimientos que impliquen el uso de mecanismos alternativos de resolución de conflictos.
Esto significa que si la ley exige ir acompañado de un abogado a un proceso de mediación, o si la otra parte ya cuenta con representación legal, el ciudadano también tendrá derecho a abogado sin coste, si cumple con los requisitos. Es un avance importante en términos de igualdad de armas y acceso a la justicia.
En muchas ciudades como Madrid, donde la litigiosidad es alta y cada vez más personas recurren a la mediación o a la negociación como vía preferente, los abogados en Madrid se están adaptando rápidamente a este nuevo entorno. Esta reforma abre la puerta a que los ciudadanos resuelvan sus conflictos sin pasar necesariamente por un juicio, pero con todas las garantías jurídicas.
MASC: más mediación, menos formalismo
La ley también potencia los llamados MASC (Medios Adecuados de Solución de Controversias), que incluyen la mediación, la conciliación, el arbitraje o la opinión de experto independiente. A partir de ahora, la sesión inicial de mediación será más sencilla: ya no hará falta recoger en el acta la identidad de las partes ni el objeto del conflicto, si esos datos ya constan en el documento previo.
Además, se prevé que antes del 3 de abril de 2026 el Gobierno apruebe un estatuto específico para los terceros neutrales, es decir, para quienes actúan como mediadores u otras figuras similares. Mientras tanto, seguirá aplicándose la regulación de la Ley 5/2012, que ya proporciona una base legal sólida.
Estos cambios buscan normalizar la mediación como alternativa útil y rápida a la vía judicial. Y aquí, tanto los ciudadanos como los profesionales del Derecho juegan un papel esencial, muchos abogados en Sabadell ya se han organizado para ello. A medida que los despachos se especialicen en estas vías, también veremos surgir nuevas formas de asesoramiento preventivo, negociación asistida y soluciones más creativas.
¿Y ahora qué?
La reforma plantea muchas oportunidades, pero también algunos retos. No basta con cambiar los nombres de los juzgados o reorganizar las oficinas judiciales: hará falta inversión, formación, coordinación entre instituciones y una apuesta real por la digitalización.
Para los profesionales, esto implica un proceso de adaptación. Los despachos deberán familiarizarse con el funcionamiento de los Tribunales de Instancia, conocer los nuevos cauces de intervención en procesos MASC y mantenerse al día en materia procesal. Será un cambio de paradigma que afectará tanto al ejercicio tradicional como a las nuevas generaciones de letrados.
En definitiva, estamos ante una transformación profunda que no se verá de un día para otro, pero que marcará el rumbo de la Justicia en los próximos años. Una Justicia más moderna, más eficiente y, con suerte, más cercana a las personas.
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