La Audiencia Provincial de Madrid juzgará el próximo lunes, 19 de septiembre, a 18 personas acusadas de estafar un total de 20.438.166,87 euros a alrededor de 1.100 clientes.
La Fiscalía solicita para ellas penas que van de los cuatro a los ocho años de prisión.
El representante del Ministerio Público les imputa a todos ellos un delito continuado de estafa porque, si bien hasta abril de 2012 los inversores cobraron siempre lo pactado, señala que el entramado creado dejó de funcionar “repentinamente” con el resultado de que “son múltiples los perjudicados que no han recuperado el importe de su inversión”.
Según expone en su escrito de acusación, entre abril de 2011 y de 2012 los acusados ofrecieron a inversores privados, a través de la mercantil Gran Despliegue de Medios (GDM), -y su marca comercial ADS-BROKER-, que presuntamente era la filial española de la mercantil mexicana Produsur S. A., un negocio “muy rentable” de inversión.
El plan contemplaba la compra de parte de los derechos de explotación de campañas publicitarias de importantes empresas y marcas comerciales. Posteriormente, los optimizaban por medio de Internet en los espacios publicitarios que Produsur poseía en propiedad o régimen de alquiler en las principales páginas y blogs, “cuando en realidad no existía verdadera actividad de dichas empresas, ni contratación alguna de campañas publicitarias con las marcas comerciales, que sustentara el negocio que ofrecían”, relata el representante de la Fiscalía.
A continuación, prosigue, los acusados garantizaban a los inversores la obtención de cuantiosas rentabilidades por sus inversiones -en torno entre 1% y el 5,5% semanal y el 700% y 1000% anual-, “asegurándoles el capital aportado exento de riesgos con el reembolso de las inversiones en cualquier momento”. Incluso les llegaban a ofrecer un porcentaje adicional o comisión de hasta el 2,5% de rentabilidad semanal en función del capital que aportaran los nuevos inversores que, a su vez, ellos captasen.
Según explica, con la finalidad de reforzar el engaño, los acusados firmaban un contrato de distribución mercantil en régimen de no exclusividad con la mercantil GDM S. A. Más tarde, les facilitaba, con una clave personal el acceso a una página web de ADS BROKER confeccionada por ellos mismos que les permitía acceder a su back office, “donde supuestamente podían ver sus posiciones y evolución de los beneficios que generaban sus inversiones, y donde se les ofertaba nuevas supuestas campañas publicitarias para invertir nuevamente en ellas”.
De esta forma, de acuerdo a la Fiscalía, llegaron a crear un entramado piramidal para la captación de fondos, según distintos niveles, correspondientes al importe económico que aportaba cada uno: Nivel Inicial, con aportación mínima de 100 euros y rentabilidad del 1% semanal, Nivel Plata, Nivel Oro, Nivel Platino, Nivel Ejecutivo, nivel Ejecutivo Plus, y Gran Inversor, con aportación mínima de 20.000 euros con rentabilidad del 5,5% semanal.
Al mismo tiempo, se les efectuaba reconocimientos de deuda ante notario por el importe de su aportación “actuando siempre como apoderado de Gran Despliegue de Medios SA (GDM) el acusado R. V. G.”, detalla.
La Fiscalía indica que a esos distintos niveles se les imponían determinadas condiciones de inversión, principalmente el mantenimiento de la inversión inicial durante cierto tiempo, la compra de nuevas campañas (nuevas aportaciones dinerarias) y, sobre todo, la captación de nuevos inversores. Todo ello, afirma, con el fin de sostener el entramado y de que estos nuevos inversores, con sus aportaciones dinerarias, sufragaran los beneficios de los inversores inicialmente captados.
La Fiscalía manifiesta que los acusados, de cara a ofrecer apariencia de realidad comercial, procedieron a la apertura de 13 cuentas en distintas entidades que proporcionaban los jefes de equipo donde los inversores debían transferir sus aportaciones que se realizaban de forma escalonada, según la supuesta compra de derechos en distintas campañas publicitarias, y de las que después se pagaban los supuestos beneficios “con entradas y salidas de dinero de unas cuentas a otras, pero tratándose siempre del mismo capital generado por los inversores”.
Afirma que la captación de inversores se realizaba a través de reuniones y presentaciones en las sedes de Madrid, donde la acusada P. P. S., directora de expansión de Gran Despliegue de Medios SA, explicaba el funcionamiento del negocio de la empresa y de las condiciones de la inversión, asistida de I. F. P., como director comercial y máximo responsable de la empresa Gran Despliegue de Medios SA en España.
Asimismo, señala que a los mismos efectos de captación de inversores y aportación de fondos, se realizaron reuniones en las distintas sedes que se fueron aperturando como delegaciones de la mercantil Gran Despliegue de Medios (GDM) en Málaga y Alicante, al tiempo que buscaba un local en Barcelona, en las que los acusados E. R. D., J. L. R. P., S. B. M., J. V. C., H. R. V., F. B. C., J. A. G. V., R. J. P., P. N. H., L. M. A. P.; F. Z. R. S.; A. M. D. C.; S, P. F., J. A. D. V., y J. V. S., se encargaban de las presentaciones del negocio y la captación de inversores, en su condición de directores generales o jefes de equipo, “informando de la actividad de la empresa y condiciones de la inversión, así como coordinando a los distintos grupos de inversores, facilitándoles las cuentas bancarias donde estos debían realizar las aportaciones económicas y recibiendo comisión por ello”.
En concreto, reclama para I. F. P., P. P, S. y R. V. G. ocho años de prisión y multa de 14 meses con una cuota diaria de 12 euros. Para el resto de los acusados solicita cuatro años de cárcel y una multa de 10 meses a razón de una cuota diaria de 10 euros.
En concepto de responsabilidad civil, pide que los acusados indemnicen conjunta y solidariamente a los perjudicados.
