España registró en 2021 el número de condenas por atentado a la autoridad más elevado de la última década. Los datos del INE demuestran que de una media de 12.000 condenas anuales por este delito se ha pasado a las 14.660 que revelan los últimos datos estadísticos. Se trata de un aumento cercano al 20% de las condenas por agredir a funcionarios públicos y agentes.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha reclamado en varias ocasiones la retirada de determinados artículos de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, llamada por algunos ‘Ley Mordaza’. Ante el Ministerio del Interior, la Dirección General de la Policía y los grupos parlamentarios. Ahora, tras conocer que las condenas por agresiones a policías «tocaron techo» en 2021, ha vuelto a pedir que se tenga en cuenta a las organizaciones sindicales de la Policía Nacional en la elaboración de esta reforma.
«Todo esto ocurre en un contexto social y económico complicado que no tiene visos de mejorar, junto a la quiebra del principio de autoridad que desde esta organización venimos constatando en los últimos años», señala este sindicato.
Carlos Morales, portavoz del SUP.
El delito de atentado contra la autoridad y sus agentes consiste en agredir u oponer resistencia grave a la autoridad, sus agentes o funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. El objetivo es proteger la dignidad de los poderes públicos y su buen funcionamiento. Este delito viene recogido en el artículo 550 del Código Penal y siguientes, dentro del Capítulo II, titulado «De los atentados contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos, y de la resistencia y desobediencia».
Son considerados agentes de la autoridad los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y médicos en el ejercicio de sus funciones, funcionarios de justicia, los parlamentarios, los notarios y registradores, agentes del medio natural, etc.
El SUP denuncia que «lejos de garantizar la protección de los policías, como máximos garantes de la seguridad ciudadana ante un futuro incierto, el Gobierno y sus socios aceleran los trámites para presentar antes de finales de este año una ‘reforma a la baja’ de la Ley Orgánica para la Protección de la Seguridad Ciudadana». «Y lo hacen sin contar con uno de los colectivos más afectados, el de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», critica.
«Esta nueva reforma, ya pactada al 80%, pretende rebajar el castigo por desobediencia a los agentes, recortar los medios de contención para hacer frente a altercados violentos de carácter multitudinario, retirar la prohibición de difusión sin autorización de imágenes grabadas a policías en su trabajo, o rebajar la presunción de veracidad de los relatos de los policías frente a los de los presuntos delincuentes en las actas policiales. También, dispone el levantamiento de la prohibición de manifestación sin advertencia previa a las delegaciones del Gobierno», expone este sindicato.
Desde el SUP insisten en su «rechazo rotundo» a estas modificaciones que, a su juicio, «favorecen la impunidad de los delincuentes y potencian la inseguridad jurídica y la desprotección de los policías».
«En defensa de los policías, pero también de las libertades y el derecho a la seguridad de los ciudadanos», exige que se retiren los cambios previstos en la Ley e insiste en la necesidad de contar con la opinión de los agentes para abordar un asunto de tal relevancia.
