La sesión, presentada por José Antonio Galdón Ruiz, decano del COGITIM, contó con la participación de Alejandra Alonso Bernal, directora general de Recursos Humanos y de Relaciones con la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid, quien informó sobre el programa integral “Justicia Digital” para la modernización del sistema judicial en la Comunidad de Madrid, así como de Verónica Ezcurra Atayde, Secretaria Coordinadora del TSJ.
José Antonio Galdón Ruiz, decano del COGITIM, inauguró la jornada expresando: «Todo lo relacionado con la pericia es lo que debemos poner en práctica, ya que el trabajo de los peritos en el ámbito judicial requiere una parte de honestidad profesional, unas habilidades técnicas y la capacidad de poner la razón en los procedimientos judiciales. Debemos proporcionar una visión imparcial desde el punto de vista profesional y dentro de la deontología que nos acompaña».
Galdón Ruiz enfatizó además que la labor de los ingenieros que se dedican a la pericia judicial resulta clave para construir una sociedad mejor y más justa, “estamos transformando la sociedad en diversos ámbitos, desde la transición energética hasta la transformación digital. Nos preocupa especialmente la dilación en los procesos judiciales, por lo que la digitalización de este sector es crucial. Como profesionales, debemos participar en la agilización de los procedimientos, que se convierte en uno de los principales objetivos para los ingenieros peritos judiciales».
A continuación, Alejandra Alonso Bernal, directora general de Recursos Humanos y de Relaciones con la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid, centró su intervención en explicar el programa integral “Justicia Digital”, un proyecto estratégico prioritario del gobierno regional en esta legislatura, enmarcado en la Estrategia de la Digitalización 2023/2026 de la Comunidad de Madrid. Este programa tiene como objetivo principal acercar la justicia al ciudadano, simplificar la labor diaria de los profesionales del ámbito jurídico y dotarla de mayor transparencia, agilidad y cercanía.
Los tres pilares fundamentales de este proyecto incluyen la eliminación de documentos físicos, la modernización tecnológica de las sedes y puestos de trabajo judiciales, y la interconexión de las infraestructuras judiciales con otras administraciones y organismos, como hospitales, instituciones penitenciarias y juzgados de otras comunidades.
Para alcanzar estos objetivos, el gobierno regional ha implementado el Expediente Judicial Electrónico, que ya está plenamente operativo en la jurisdicción civil, contenciosa y social de todos los partidos judiciales de la región. Actualmente, se está trabajando en su implementación en el ámbito penal, con el objetivo de completarla durante el ejercicio 2024, lo que permitirá a los profesionales tramitar los expedientes judiciales de forma íntegra por medios electrónicos.
El desafío del «Papel Cero» implica finalizar la implementación del Expediente Judicial Electrónico y ampliar su uso para que abogados, procuradores, asociaciones personadas en las causas y ciudadanos puedan acceder al sistema, reduciendo así los desplazamientos innecesarios y la carga de trabajo.
En el ámbito de la Justicia Digital, Alonso Bernal destacó la importancia de los proyectos relacionados con la robotización y la Inteligencia Artificial, “que buscan automatizar procesos para reducir los tiempos de tramitación y ofrecer servicios no presenciales a los ciudadanos, minimizando los desplazamientos”.
La directora general también mencionó el Comité Técnico Estatal de Administración Judicial Electrónica, donde las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Justicia colaboran para modernizar la Administración de Justicia, adoptando soluciones homogéneas que permitan la interoperabilidad de los sistemas y avanzando hacia una justicia única y accesible para todos.
Para finalizar, Alonso Bernal subrayó que la digitalización de la justicia en Madrid implicará un cambio en la metodología de trabajo de aproximadamente 8.000 empleados públicos, lo que resultará en la implantación de un entorno judicial completamente digitalizado. Esto estará respaldado por un servicio de capacitación tecnológica, impulso y apoyo, así como por un plan de comunicación y consultoría especializados en esta materia.
En el marco de la modernización del sistema judicial, Verónica Ezcurra Atayde, Secretaria Coordinadora del TSJ, ha destacado el papel de la Aplicación DPER (Designación de Peritos) en el proceso de designación de peritos judiciales. Atayde resaltó la eficiencia y transparencia que ofrece esta aplicación para simplificar el proceso judicial, afirmando que «el uso de tecnología innovadora está transformando la manera en que se designan los peritos judiciales en diversos ámbitos legales».
La aplicación DPER ha sido clave para agilizar y simplificar las designaciones, asegurando una distribución equitativa y objetiva gracias a la definición clara de criterios de asignación. Atayde subrayó que esta transparencia promueve la confianza en el sistema judicial y proporciona igualdad de oportunidades para todos los expertos involucrados.
A pesar de la eficacia de la aplicación DPER, Atayde mencionó que existen excepciones en su utilización en ciertos casos, las cuales se aplican de manera cuidadosa y respaldada por razones legales sólidas para mantener la integridad del proceso judicial.
Cuando la designación de peritos no se realiza a través de la aplicación DPER, el proceso sigue el llamamiento por el órgano judicial, la aceptación por parte del perito y la provisión de fondos de manera tradicional. Sin embargo, esto no compromete la eficiencia y transparencia en cada etapa del proceso.
Una vez completada la designación y el peritaje, la emisión del dictamen se realiza de manera fluida y segura a través de presentación vía telemática en el órgano judicial. “Esto aprovecha las ventajas de la tecnología para agilizar aún más el proceso y reducir los tiempos de espera”, concluyó Atayde.
Por último, Juan Carlos Martín Blanco, Ingeniero Técnico Industrial y Abogado en ejercicio, ofreció la ponencia ”Introducción a la Función Pericial Judicial”, sobre todos los aspectos prácticos y útiles que debe tener en cuenta el ingeniero que desea iniciarse y extender su ámbito profesional como Perito judicial.
Martín Blanco repasó de forma resumida y directa algunos de los preceptos legales aplicables a esta función, exponiendo el programa siempre desde la óptica operativa directa, esto es, explicando qué debe tener en cuenta, qué debe hacer o qué debe evitar el ingeniero en el desarrollo de esta función, cómo evitar errores comunes y, en definitiva, cómo tener éxito en su auxilio a Juzgados y Tribunales.
Se abordaron todas las fases de la intervención del ingeniero como Perito judicial, no solo en la confección del Informe o Dictamen pericial, sino en las fases previas y posteriores, incluida la gestión de honorarios. Con múltiples ejemplos y de forma explícita, el ponente animó a todos los asistentes a considerar esta especialidad como una buena opción profesional al alcance todos.
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