Las responsabilidades del Ministerio del Interior en ciberseguridad abarcan múltiples facetas de este fenómeno complejo entre las que, con los retos y proyectos de la Oficina de Coordinación de la Ciberseguridad (OCC), quiero resaltar la lucha contra la cibercriminalidad y la desinformación.
La cibercriminalidad ha crecido más de un 465 por ciento desde el año 2015 hasta representar hoy un porcentaje cercano al 19 por ciento del total de la criminalidad. Según el último barómetro del CIS, un 52 por ciento de la población manifiesta haber sido víctima de una estafa (o tentativa) con uso de las TIC en el último año, lo que sugiere también una abultada cifra oculta en este tipo de delitos.
Esta realidad sirve de acicate para avanzar en la búsqueda de mecanismos de prevención, detección y respuesta frente a la cibercriminalidad. En esa línea, Interior lanzó en 2021 su primer Plan Estratégico contra la Cibercriminalidad, un instrumento con dotación presupuestaria propia, cuya renovación se acometerá en 2024 continuando en la mejora de la coordinación y eficacia.
En el contexto geopolítico actual, el uso de la desinformación como vehículo desestabilizador y de socavamiento de nuestros valores democráticos es una de las amenazas más relevantes que nos llegan a través del ciberespacio. Hemos visto cómo se materializaba en el pasado y es previsible un incremento en este año de gran relevancia electoral, particularmente en relación con las elecciones al Parlamento Europeo. También debemos prestar atención a la proliferación de campañas desinformativas generadoras de narrativas de odio hacia colectivos vulnerables. En cualquiera de los casos, un denominador común que incrementa el potencial dañino de esta amenaza es la rápida evolución de la inteligencia artificial, tanto por su capacidad generativa como de propagación.
Por ello, la OCC se constituye en Observatorio de la Cibercriminalidad del Ministerio del Interior con el objeto de monitorizar y detectar tendencias para hacer frente a nuevos retos y amenazas en dicho ámbito, recopilar, procesar y analizar información con la finalidad de elaborar productos de inteligencia.
Marco jurídico
En el ámbito de los operadores de servicios esenciales, las cifras de incidencia mantienen una tendencia más estable, pero el potencial dañino de las amenazas obligan a incrementar aún más los esfuerzos. Para ello, una de las principales herramientas es el impulso de un marco jurídico adecuado.
De entre las diferentes iniciativas legislativas procedentes de la Unión Europea, el Ministerio del Interior, en colaboración con los ministerios de Presidencia, Defensa y Transformación Digital, lidera la trasposición de la Directiva NIS 2, que debe finalizar en otoño y de la que ya se ha finalizado un borrador que refuerza significativamente la gobernanza y coordinación de las diferentes instituciones con responsabilidad en este terreno.
En este esfuerzo de mayor coordinación de los distintos actores involucrados en este campo, el Real Decreto de Estructura del Ministerio del Interior ha materializado la constitución de la OCC como Centro de Respuesta a Incidentes Cibernéticos del Ministerio del Interior de apoyo a la Policía Judicial, que dará soporte técnico y coordinará a las unidades de investigación de la ciberdelincuencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y canalizará la cooperación con otras instituciones.
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