Alter Mutua de los Abogados y Abogadas celebró el pasado 27 de junio la Asamblea General de la entidad, abierta a la participación de todos los mutualistas de forma presencial, telemática o mediante la delegación de su voto, en una jornada que contó con una participación histórica en los cerca de 184 años de la mutua, con casi 900 votos entre presentes y representados.
La Asamblea General aprobó por una amplia mayoría todos los puntos del orden del día, incluidos el informe de gestión de la Junta Directiva, las cuentas anuales individuales y consolidadas correspondientes a 2023 y la propuesta de distribución y aplicación de los resultados, así como el presupuesto para el año 2024 y las modificaciones estatutarias, reglamentarias y de baremos planteadas.
El presidente de la mutua, José Félix Alonso-Cuevillas Sayrol, destacó que en el pasado ejercicio se gestionaron más de 340.000 expedientes de prestaciones, poniendo de manifiesto la cobertura que suponen las prestaciones para los mutualistas, principal razón de ser de la entidad. También repasó la gestión de la entidad en distintos ámbitos de actuación, como las mejoras tecnológicas en la contratación online, o la participación institucional de la mutua y, entre los datos económicos, destacó la ratio de solvencia sobre el capital de solvencia obligatorio alcanzada en el año 2023, que se situó en el 269%, un 40% superior a la del ejercicio anterior, siendo éste el mejor indicador de la solidez de la entidad.
Alonso-Cuevillas abordó también la incidencia que el llamado “movimiento J2” ha tenido en la gestión de la mutua durante el último año. Aunque los hechos que originaron las reivindicaciones de este colectivo no son aplicables a la gestión de la entidad, la mutua no se opone a su petición de una “pasarela” al RETA. Lo que la entidad considera inaceptable es la pérdida del derecho a escoger entre mutua y RETA del que disfrutan actualmente los abogados y abogadas ejercientes por cuenta propia si se aprueba el anuncio realizado por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que sería efectivo a partir de 2027.
Por último, el presidente propuso una modificación en la redacción de los Estatutos para mejorar la participación telemática de los mutualistas en la Asamblea General.
Abel Pié Lacueva, en calidad de tesorero, presentó los principales datos económicos, detallando que se logró una facturación de 48,3 millones €, se pagaron 20,3 millones € en prestaciones y las provisiones técnicas se situaron en los 230,3 millones €, lo que supone un incremento del 11,4% respecto al año anterior. El superávit neto del ejercicio fue de 1,9 millones €.
La rentabilidad de las inversiones asociadas a los productos de ahorro y jubilación fue del 3,25%, mejorando la obtenida en los últimos ejercicios. Con la aprobación de las cuentas, esta rentabilidad se aplicará con carácter inmediato a los planes de ahorro de los mutualistas.
Por su parte, David Gabarró Francés, director general de la entidad, presentó diversas propuestas de modificaciones reglamentarias para mejorar la cobertura de algunas prestaciones y la redacción de algunos textos. Asimismo, detalló las mejoras a introducir en los baremos de Gastos Médicos e Intervenciones Quirúrgicas, que están sometidos a una revisión constante para que estén permanentemente actualizados en consonancia con la evolución de las innovaciones sanitarias.
La Asamblea General se celebró en el Salón de Actos del Palauet Casades del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, que acogió a los asistentes que participaron presencialmente, y que pudieron debatir y plantear a la Junta Directiva y al director general todas las cuestiones que consideraron adecuadas.
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