Rafael Catalá, exministro de Justicia y presidente del Centro Español de Mediación, Helena Soleto Muñoz, catedrática de Derecho Procesal y directora del Instituto Alonso Martínez de Justicia y Litigación en la Universidad Carlos III de Madrid y a Francisco José López Díez, mediador y coordinador de la Comisión Técnica de Mediación del Consejo General. Joaquín Merchán Bermejo, presidente de este Consejo General
“Los españoles creemos en la Justicia porque cada año 6 millones de asuntos recaen en los tribunales, pero hay otras maneras de resolver conflictos como la mediación”, defendió ayer el exministro de Justicia Rafael Catalá en el arranque de la conferencia titulada “Nuevas fronteras en la Justicia: graduados sociales y MASC” que reunió en la sede del Consejo General de Graduados Sociales al también exsecretario de Estado de Justicia con Helena Soleto Muñoz, catedrática de Derecho Procesal y directora del Instituto Alonso Martínez de Justicia y Litigación en la Universidad Carlos III de Madrid y a Francisco José López Díez, mediador y coordinador de la Comisión Técnica de Mediación del Consejo General.
En su ponencia, Catalá ha reconocido que, respecto a la mediación, en España “nos falta un desarrollo importante en el ámbito mercantil y civil”. De hecho, ha apuntado que, en el primero de ellos, la vida media de un asunto es de casi cinco años. A eso hay que sumar los costes que implica para las empresas este tipo de procesos. Por eso, el actual presidente del Centro Español de Mediación de las Cámaras de Comercio de España ha explicado que, desde esta institución, “tratamos de convencer a las empresas de que pueden encontrar en este instrumento una fórmula tan garantista y satisfactoria como la jurisdiccional, pero con elementos valiosos como la negociación y el acuerdo que fortalecen nuestra sociedad y es un factor democrático”. En su opinión, a pesar de existir desde 2012 una Ley de Mediación Civil y Mercantil, “uno de los retos que tenemos es que la mediación se conozca y se utilice”. Asimismo, ha abogado porque las empresas incluyan en todos sus contratos una cláusula de mediación como método alternativo para resolver controversias y que, incluso, la Ley de Eficiencia Procesal, que está en proceso de aprobación, “genere una cierta obligatoriedad en cuanto al intento de la mediación”, algo que, en su opinión, “no reduce el derecho a la tutela judicial efectiva”.
“Estamos ante una crisis de la Administración de Justicia”
En su ponencia, Helena Soleto hizo hincapié en que en España y en Europa seguimos “maravillados por la Revolución Francesa y el valor del Derecho y no hemos avanzado mucho en la pacificación de las sociedades”. También se refirió a la tardanza en la resolución de los asuntos judiciales y al exceso de judicialización que obedece, en buena medida, a las estrategias procesales de “muchos operadores privados, pero sobre todo entidades” en el ámbito bancario y de consumo, principalmente. “El sistema no está adaptado para responder”, sentenció antes de defender que no es suficiente la mera imposición de unos Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) porque “necesitamos cambios a nivel estructural por los millones de demandas que tenemos al año; hay que ir más allá”. Soleto sostiene que “para luchar contra el abuso del sistema” y promover la búsqueda del acuerdo son necesarios incentivos como el económico -“que es el que mejor funciona”- por ejemplo, perder el derecho a percibir las costas si se ha rechazado un acuerdo previo.
“Estamos ante una crisis de la Administración de Justicia y más que ante un problema jurídico, estamos ante un problema social: los efectos de esas tardanzas de la Justicia y la pérdida de confianza del ciudadano en el sistema. Eso es gravísimo”, espetó, por su parte, Francisco José López Díez, que se encargó de poner cifras a las ‘listas de espera’ media del sistema judicial español -trayendo a colación a Séneca “que decía que nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía”- y de aportar la visión de los graduados sociales a los que “se menciona expresamente” en el proyecto de Ley de Eficiencia Procesal -que, como recordó, “tendrá en su momento rango de ley orgánica”- por ejemplo, en relación con la nueva figura de la ‘conciliación privada’, algo que López Díez definió como “una gran oportunidad de fortalecer la profesión”, a pesar de que no se especifica la formación exigible a los profesionales ni es por el momento “un título ejecutivo como sí es la conciliación notarial y registral”.
Antes de dar paso al debate que se encargó de abrir el vicepresidente 1º del Consejo General, Juan Fernández Henares, el presidente de la institución, Joaquín Merchán Bermejo, defendió el valor diferencial de los graduados sociales en este ámbito: “Llevamos muchos años prestando ese importante servicio de conciliación y mediación entre empresarios y personas trabajadoras que forma parte de nuestro ADN porque somos arquitectos de soluciones entre ambas partes; si otras jurisdicciones usaran estas herramientas, el nivel de atasco judicial bajaría, por eso apostamos por ellas”.
Esta sesión formativa, organizada con la colaboración de la Fundación Justicia Social, contó con la asistencia de 500 personas de forma presencial y telemática.
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