Está en juego la salud, el bienestar y la seguridad de los niños, niñas y adolescentes, y también la tranquilidad de nuestras familias”. Con estas palabras explicaba el ministro de la presidencia, Félix Bolaños, la importancia del anteproyecto de ley para la protección de los menores en el mundo digital y que se espera que sea tramitado en el Congreso después del verano.
El texto recoge medidas ambiciosas al respecto, como el establecimiento de la edad de 16 años para abrir cuentas en redes sociales sin consentimiento de los padres y la creación de centros especializados para tratar patologías asociadas al entorno digital. Muy relevante también el establecimiento de protocolos para detectar posibles adicciones o usos inadecuados de internet en las habituales revisiones pediátricas que se extienden hasta los 14 años.
Estas y otras medidas han sido acogidas con satisfacción por los profesionales de la psicología, que vienen alertando del daño que la ausencia de protección de los niños en internet puede tener en el desarrollo de su personalidad, en particular, y en su bienestar en general.
Con este enfoque protector, el ejecutivo ha anunciado también que se amplían los casos en los que será posible autorizar judicialmente la interrupción de servicios o contenidos en aras del interés superior del menor. La pregunta es si bajo este epígrafe se encontrarían los llamados niños youtubers o influencers o, simplemente, los canales sobre sus hijos que crean algunas familias.
Para la psicóloga Pilar Conde, la recomendación en este sentido es exposición 0 de los menores, personas sin madurez cognitiva y sin herramientas ni conocimiento para proteger sus propios derechos. La exposición de su vida y sus momentos íntimos en la red, advierte la directora técnica de Clínicas Origen, puede suponerles una merma considerable en el desarrollo de su propia identidad, confianza y seguridad personal, “ un proceso al que todo ser humano nos enfrentamos y en el que normalmente, tenemos que aprender a sentirnos bien con nosotros mismos independientemente de la opinión de nuestros seres queridos”. Si esto ya supone un esfuerzo considerable, añade la experta, es imposible no valorar el posible riesgo que tienen un niño o un adolescente cuando están expuestos a la opinión ajena, y a veces multitudinaria.
Canales de menores en internet impulsados por los propios padres
En el caso de los niños con canales propios en las plataformas digitales, se deben valorar, advierte, tanto el impacto negativo que reciben como el positivo, los likes, los seguidores y los comentarios a favor. En el primero de los casos, los youtubers e influencers pueden ser objeto de burlas, humillaciones, incrementándose así el riesgo de bullying. En el otro lado, el menor recibe un feedback positivo, pero no derivado de la vida real, del contacto directo con sus semejantes, lo que a la larga puede ser motivo de frustración y dependencia de la aprobación externa.
Los padres tienen la última palabra en estos casos y no es infrecuente que sean ellos mismos quienes impulsen los canales de sus hijos, bien por desconocimiento del impacto digital, bien por asumir como propios los logros del niño, incluyéndose en estos la monetarización de los contenidos. En este sentido, desde Origen se advierte de que en el futuro, cuando el niño sea consciente de que se ha podido violar su derecho a la intimidad, puede darse un enfrentamiento con los progenitores.
Puede inclinar la balanza hacia un lado negativo de la relación padres e hijos el hecho de que se estén obteniendo ingresos a través de las redes sociales, lo que, claramente, está en discordancia con la legislación relativa al trabajo de los menores en nuestro país. La presión del desarrollo profesional, advierte la psicóloga, se establece culturalmente en un momento en el que el desarrollo cognitivo, emocional y social ha alcanzado su fase madura.
Está por ver cómo se plasmarán, finalmente estos aspectos en la nueva ley de menores e internet, que también recoge aspectos como la prohibición de acceso a las bolsas de monedas de algunos videojuegos, establece la posibilidad de una norma de alejamiento digital y refuerza los controles parentales en páginas y aplicaciones.
