La confianza en el arbitraje inmobiliario aumenta hasta un 62% por el crecimiento de la asistencia de la parte demandada a la vista del procedimiento arbitral en el periodo 2020 – 2023, tal y como se informó en la XII Jornada de Arbitraje Inmobiliario del Consejo Arbitral para el Alquiler de la Comunidad de Madrid, que se ha celebrado en Madrid y ha reunido a juristas y expertos para analizar las consecuencias de las últimas modificaciones legislativas en el arrendamiento.
La asistencia de los demandados a la vista es de gran importancia pues se puede llegar más fácilmente a un acuerdo, al estar ambas partes ante el árbitro, quien, en su caso, recogerá el acuerdo pactado entre las partes en el laudo que ponga fin al proceso. Desde 2020 a 2023, esta asistencia ha ido progresivamente en aumento, alcanzando un cénit del 62% en las vistas celebradas durante 2022, según destacó Beatriz Moreno, Letrada del Consejo Arbitral para el Alquiler. Ello refleja un aumento progresivo de la confianza de las partes implicadas en esta solución alternativa para la solución de conflictos, al haber mostrado apoyo al procedimiento a través de la asistencia a las vistas celebradas en los cuatro últimos años (en 2020 fue del 44%, en 2021 fue del 57%, en 2022 del 62% y en 2023 del 59%). Además, la asistencia a la vista es una muestra clara de compromiso con el procedimiento arbitral, ya que supone avanzar en la eficacia y el interés de todas las partes que intervienen.
La actividad del Consejo Arbitral para el Alquiler, entidad en la que el Colegio Oficial y Asociación de Agencias y Agentes Inmobiliarios (COAPIMADRID – AIM) fue fundadora en el año 2009, ha supuesto el dictado de 1.119 laudos desde 2010 hasta 2023, analizando una casuística muy variada que se produce en los contratos de arrendamiento de inmuebles. La incidencia más común resuelta es la resolución por falta de pago (64% de los asuntos) y le sigue la reclamación de daños (22%).
Los juristas y expertos que participaron en la XII Jornada de Arbitraje Inmobiliario, inaugurada por Jorge Rodrigo, Consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid, coincidieron en la necesidad de impulsar el arbitraje al tratarse de una solución alternativa a la vía judicial que ahorra tiempo y costes para particulares y empresas. Además, supone una vía para evitar el intervencionismo que se está produciendo en el alquiler de vivienda desde que entró en vigor el año pasado la Ley estatal por el Derecho a la Vivienda.
Juan Ramón Montero Estévez, Presidente del Consejo Arbitral para el Alquiler de la Comunidad de Madrid, Abogado y API, explicó que “en un escenario intervencionista como el actual en el ámbito de los arrendamientos el arbitraje sigue siendo idóneo para huir de esta situación legislativa”, caracterizada por “la proliferación exhaustiva de normas, que son complejas y contradictorias”.
La duración de un arbitraje en el Consejo Arbitral se ha situado en 37 días hábiles en los que se obtuvo el laudo en 2023, mientras que un procedimiento de desahucio en la vía judicial ordinaria se extiende como mínimo durante 180 días e incluso un año. El arbitraje permite obtener un laudo fundado en derecho ejecutivo y firme, en menos tiempo y menos coste que en la vía judicial.
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