Cuando una mayoría tan abrumadora de los integrantes de un colectivo de profesionales vuelve a ponerse en huelga por tercera vez este año, es evidente que existe un grave conflicto y que subyacen razones de mucho peso para ello.
La Ministra de Justicia ha incumplido sus propios compromisos y ha faltado a la palabra dada generando un importante problema al servicio público. También han incumplido la obligación legal de negociar la solución al conflicto con el Comité de huelga, sin hacer el más mínimo intento de evitarla y asumiendo nuevamente el perjuicio a los ciudadanos, en un ejercicio de dontancredismo impropio e intolerable en cualquiera que ostente algún tipo de responsabilidad política.
Con la huelga indefinida en el horizonte, Pilar Llop tiene la urgente obligación de explicar qué vale la palabra de una ministra. Y esa explicación se la debe no ya sólo a las letradas y letrados de la Administración de Justicia, sino también al conjunto de la opinión pública, al resto de funcionarios y profesionales que han visto alterada su actividad laboral cotidiana, y a los ciudadanos a los que se les haya podido suspender un juicio que probablemente llevarían esperando mucho tiempo.
Ante la actitud injustificable de la Ministra, el Comité de Huelga ratifica la
convocatoria de los días 14 y 15 y la indefinida a partir del mes de enero
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