La magistrada María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la asociación mayoritaria de las cuatro existentes en España, analiza en Confilegal los desafíos a los que se enfrenta la Justicia.
Además, en esta entrevista denuncia que «el poder legislativo cree que puede hacer que la voluntad de la ley está por encima de la Constitución», y que «se está abusando de los indultos y son una intromisión del Ejecutivo en el Poder Judicial».
Del Barco lleva en la carrera judicial desde 1998. La semana pasada fue reelegida decana de los Juzgados de Madrid y en noviembre cumplirá un año al frente de la APM, en la que hizo historia en el XXV Congreso al convertirse en la primera mujer en presidirla.
¿Qué se está jugando España por no cumplir el mandato de respetar la independencia judicial, la separación de poderes y el Estado de derecho no renovando el CGPJ y no reformando su sistema de elección?
Nos jugamos nuestra credibilidad como país democrático y si llegaran a aplicarnos las mismas restricciones que a Polonia, nada menos que 70.000 millones de euros de presupuesto europeo.
El comisario europeo de Justicia ha dejado claro que es «deber y un noble papel de la Comisión Europea el proteger el Estado de Derecho», que se mantendrán insistiendo en la independencia judicial», y que protegerán el presupuesto Europeo a través del mecanismo de condicionalidad…
Es urgente una pronta renovación por pura responsabilidad institucional. Hay que hacerlo ya. Es por salud constitucional.
Estamos viviendo una situación caótica, como ha advertido la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo en varias ocasiones. A no renovar se une el problema de la ley orgánica 4/2021 de privar al órgano de gobierno de los jueces de la competencia esencial de los nombramientos del Consejo.
No se nombra, pero a la vez tampoco se renueva, con lo que esto está estancado, y el Ministerio de Justicia está mostrando indiferencia en cuestiones como la prórroga de las medidas de refuerzo en los juzgados que sufren sobrecarga de trabajo. No puede ser que no se estén produciendo los nombramientos en el Supremo de los cargos orgánicos o de los órganos gubernativos, como presidencias de TSJ y de Audiencias provinciales.
La irresponsabilidad en no modificar la ley y en no renovar no es del Consejo. Quienes han creado esta situación son los partidos políticos, que tienen que sumar tres quintos.
«Los presidentes del Congreso y el Senado tienen que convocar a sendas cámaras para continuar con el proceso de renovación del CGPJ»
El bloqueo a la renovación del Consejo General del Poder Judicial no solo afecta a la organización del Poder Judicial, sino que perjudica directamente a los derechos fundamentales y libertades de los ciudadanos. Los presidentes del Congreso y el Senado tienen que convocar a sendas cámaras para continuar con el proceso de renovación que arrancó el 3 de agosto de 2018.
¿Cuáles son las principales reivindicaciones de su asociación?
Que se modifique la Ley Orgánica del Poder Judicial para que se dé a los jueces la facultad de elegir a los 12 vocales de procedencia judicial, algo que llevamos reclamando desde 1985, cuando se cambió la ley.
La dotación efectiva de medios: Hay que crear más juzgados para adaptar la planta judicial a la realidad que tenemos. También hay que establecer mecanismos previos a la jurisdicción, no pueden estar llegando de manera continuada demandas por reclamaciones de pérdida de maletas de 200 euros si no se establecen previamente unos mecanismos de arbitraje en materia de Consumo.
«No existe respeto a la división de poderes, que es la base del Estado de Derecho»
Hay que legislar con cabeza para hacer una normativa eficiente, pero hay que invertir. Los Proyectos de Ley de eficiencia digital, procesal y organizativa que se están tramitando son a coste cero, pero a coste cero no se puede hacer nada.
También pedimos leyes adaptadas a la realidad. A mí, lo que más me preocupa es la ausencia o la falta de respeto institucional y a la división de poderes. No existe respeto a la división de poderes, que es la base del Estado de Derecho.
¿A qué otros desafíos se enfrenta la Justicia?
A los mismos que hace cinco años, más allá de la situación del Consejo. No avanza. Los políticos no se toman en serio la administración de la Justicia. ¿Cuándo hemos visto que el político se ha preocupado por el Consejo? Cuando llega la hora de renovar a los vocales o para quitarle competencias, como hicieron en marzo del año pasado, y transferirlas o para ir limando poco a poco la capacidad decisoria del Consejo en materia de organización y de gobierno de los juzgados y tribunales a favor del Ministerio o de la comunidad autónoma con competencias.
Para hacer inversiones reales, para hacer un gran pacto para la Justicia, para ver qué es lo que necesita la administración de Justicia de este país, al político no le interesa. Por tanto, estamos como hace cinco, ocho, 10 años…
Ahora se supone que el gran reto es la justicia digital. Esperemos que esa avanzada justicia digital que nos prometen parta de la realidad que tenemos y se dote de medios personales en condiciones: funcionarios formados, medios materiales en condiciones y edificios y sedes judiciales también en condiciones.
Por ejemplo, la ley de eficiencia organizativa, que crea los tribunales de instancia, ya supone una estructura diferente incluso del propio edificio judicial. ¿Cómo vas a hacer eso con coste cero? Requiere inversión y seriedad, y tomarse en serio lo que es la administración de Justicia.
La falta de medios en justicia repercute en la economía. Ahora se pone de manifiesto que la lentitud de los tribunales bloquea 11 millones al año, según un informe de Sigma Dos del pasado mes de febrero.
Casi más de lo que nos va a llegar con los ‘Next Generation’. Es mucho dinero al año. Nosotros siempre hemos dicho que seguridad jurídica genera seguridad económica. Cualquier empresa que quiere invertir en un país busca la seguridad jurídica de ese país, porque una inversión requiere la seguridad de que las instituciones y los poderes públicos funcionan con regularidad y ajustándose a la legalidad.
Si el juez responde tarde porque tiene sobrecarga de trabajo que impide que la Justicia dicte su resolución en plazo, supone dinero para el Estado.
Todos los procedimientos en materia civil llevan mucho dinero. Dinero que está paralizado hasta que se pueda resolver, y claro que se generaría más riqueza si esto fluyera más.
Por eso hace falta una justicia con medios.
¿Qué más reivindica?
Que a los jueces se nos pague de acuerdo con nuestra responsabilidad.
El pasado 20 de septiembre fue reelegida como decana de los juzgados de Madrid. ¿Qué objetivos se marca para el próximo mandato?
Efectivamente, el pasado martes celebramos las elecciones para la elección
del decano de Madrid y he tenido el honor de ser reelegida por la mayoría de mis compañeros y esto representa una enorme responsabilidad.
Por eso, lo primero pero que quiero hacer es agradecer este apoyo de los jueces de Madrid para que pueda seguir desempeñando las funciones de decana y reafirmar, como siempre, mi compromiso con todos y cada uno de ellos.
Los juzgados de Madrid tienen una sobrecarga de trabajo estructural que solo puede solucionarse con la creación de más órganos judiciales, porque solo así podremos otorgar a los ciudadanos una tutela judicial efectiva y dar una respuesta en un plazo razonable.
Ni puede ni debe fiarse todo a las modificaciones legales en materia de eficiencia procesal y organizativa, porque ni los medios alternativos a la resolución de conflictos van a evitar que lleguen a los juzgados miles de demandas, ni la creación de los tribunales de instancia va a ser la panacea.
Así que en tanto no se creen más juzgados y los «efectos milagrosos» de esas reformas legales no sean una realidad, tendremos que arbitrar medidas de refuerzo para las jurisdicciones más saturadas, como social y primera instancia.
Y si el Proyecto de Ley de Eficiencia organizativa llega a plasmarse en el BOE, será necesario articular debidamente los tribunales de instancia y sus secciones y ver cómo se efectúa el despliegue de la oficina judicial, sin tropezar en los defectos que han lastrado su implantación en otros partidos judiciales. Si finalmente se construye la Ciudad de la Justicia tendremos que examinar detenidamente la distribución, la debida dotación y el uso de los nuevos edificios judiciales.
Por cierto, ¿Qué opina de las puertas giratorias?
De poco nos sirve a los jueces estar diciendo que somos independientes, porque lo somos, cuando tenemos compañeros que han pasado de la política a la justicia y de la justicia a la política. Esto causa mucho daño a la administración de Justicia y a la imagen de juez independiente, porque es difícil creerse la independencia de un juez que ha estado en un mitin político por un partido pidiendo el voto.
Para mí, ese juez ha perdido toda la imagen de imparcialidad y de neutralidad que se le exige. Si yo que soy juez lo percibo así, y luego puedo leer una resolución suya y decir «pues está bien ajustado a Derecho y no veo aquí ningún sesgo ideológico ni político», ¿que no pensará el ciudadano?
Cuando un juez da el salto a la política, conviene que no vuelva o que tarde mucho en represar.
¿La independencia judicial está siendo respetada por el Gobierno?
El problema que suelen tener los políticos, en general, no solo estos, es el intento de colonizar todo. El Ejecutivo ha colonizado el Legislativo, porque en realidad al final el Legislativo hace lo que el Gobierno de ese momento decide, e intentan colonizar también el Poder Judicial, el único poder independiente.
Estamos asistiendo a continuas críticas de políticos, principalmente de Podemos, a sentencias y al órgano de gobierno de los jueces…
Las críticas que se han producido en los últimos tiempos están pasando la raya de lo que todo hasta ahora habíamos visto.
¿Qué opina de que Podemos califique los informes del CGPJ de «ideológidos»? Así lo dijo en un vídeo en el que criticó al CGPJ comparándolo con una manzana «caducada», que al menos no hace informes ideológicos…
Lo tienen muy fácil: Las mayorías se alcanzan por tres quintos, que lleguen a un acuerdo y renueven los órganos constitucionales. Porque cumplir la Constitución es la primera obligación que tienen los políticos.
El Ministerio de Ione Belarra señala en la web de la Agenda 2030 que uno de los problemas de este país es la corrupción judicial. En la última legislatura recibimos ataques reiterados a los jueces de integrantes del Gobierno de coalición, como también ha pasado con los independentistas.
Entiendo que como los jueces somos independientes, eso puede molestar. El Consejo, dentro de las funciones que le da la Ley Orgánica, emite informes sobre las leyes, porque está obligado a decir lo que opina sobre ellas, y es un informe preceptivo, no vinculante. Obviamente, luego el legislador puede hacer lo que crea oportuno, porque es el que tiene la competencia constitucional de legislar.
Si el Consejo entiende que una ley puede ser inconstitucional porque invade competencias de las comunidades autónomas, tiene la obligación de decirlo. Si entiende que la ley que llaman del ‘Sólo sí es sí’ adolece de determinados defectos que puede vulnerar el derecho a la presunción de inocencia, que puede generar una revictimización de la víctima, también tiene la obligación de decirlo.
Una cosa es que los políticos consideren que una ley es constitucional, si alguien lo recurre ya lo dirá el Constitucional, y otra cosa es que cuando tienes un informe que va en contra de lo que tú quieres consideres que van en contra de tu política.
Otro ataque es llamarnos continuamente machistas. La ministra de Igualdad, Irene Montero, lo dice continuamente.
Irene Montero califica a la justicia de «patriarcal» y acusa al Poder Judicial de haberse opuesto a las normas que avanzan en los derechos de las mujeres. ¿Qué opinión le merecen esas acusaciones?
Antes de que algunos llegaran con su adanismo ya se habían reconocido derechos a las mujeres en el ámbito laboral y derechos sociales, antes que la propia legislación lo reconociera. Los jueces tenemos muy claro cuáles son los derechos de los hombres y de las mujeres: Son los mismos.
En la Constitución, al principio de todos los derechos fundamentales, el artículo 14 está como preámbulo y habla de la igualdad. Y los jueces de este país estamos plenamente convencidos de esa igualdad. Me gustaría que me dijera un hombre juez que sea machista en sus resoluciones. Y por cierto, el 70% de las últimas promociones de jueces son mujeres, casi el 54% de la carrera somos mujeres.
Esas declaraciones significan: Primero, desconocer la labor que se ha hecho por los jueces de este país. Segundo, flaco favor hace a aquellas mujeres que son víctimas de violencia si les está diciendo que los jueces no las van a amparar. Si eres víctima, claro que vas a tener el amparo de la ley. Lo que pretenden algunos es sustraer el procedimiento penal de principios esenciales y de principios constitucionales que reconocen derechos fundamentales como el derecho a la presunción de inocencia.
La ministra de Igualdad reivindica una justicia feminista. Defendió en 2021 la necesidad de una «justicia feminista» para Juana Rivas y dijo que trabajarían para que así fuera». Antes de que acabara el año fue indultada ¿Qué dice de esto?
La Justicia es aplicar la ley y la ley es igual para el hombre y la mujer. No podemos hablar de justicia machista ni de justicia feminista, sino de Justicia que está fundamentada en la aplicación de la ley y en principios constitucionales, y entre esos principios está el de igualdad.
¿Y cómo acoge los indultos del Gobierno a Rivas y a María Sevilla, condenadas por la sustracción de sus hijos?
Ante la comisión de un delito, el indulto es una facultad que tiene el Ejecutivo. En principio, estoy en contra de todos los indultos, pero dicho lo anterior, ¿qué estamos trasladando a los padres y a las madres separadas? ¿Que uno se puede llevar a sus hijos cuando le dé la gana?
La igualdad, para que sea real, pasa por políticas efectivas de conciliación, y eso se fundamenta en la corresponsabilidad de hombres y de mujeres en el cuidado de los hijos.
Ahora se está estudiando el de Griñán, de quien el Supremo concluyó que tenía «conocimiento de la ilegalidad» con los ERE y destaca su «pasividad» ante el «despilfarro» y confirmó la pena de 6 años de cárcel que le impuso la Audiencia de Sevilla.
Antes de conocer siquiera el contenido de la sentencia, algunos políticos y ministros ya manifestaron que pagaban justos por pecadores.
Es lamentable ver cómo algunos miembros de la clase política de este país creen que están por encima de la ley, que por el hecho de ejercer un cargo público el cumplimiento de la norma no va con ellos, que pueden delinquir y no les pasará nada porque si llega a dictarse sentencia condenatoria, el Gobierno de turno les indultará; porque si eres “uno de los nuestros”, el Código Penal no se te aplica. Da lo mismo que hayas cometido un delito de sedición o una malversación de más de 660 millones de euros, al final vendrá tu amigo del Gobierno y aquí no ha pasado nada.
Este es el mensaje que llega a la ciudadanía y es muy peligroso porque afecta a la credibilidad de las instituciones, del propio sistema democrático.
Luego escuchas a muchos políticos cuando una sentencia no les es favorable que no se cansan de repetir que la Justicia no es igual para todos. Yo creo que la ley es igual para todos; los jueces, desde nuestra independencia, tratamos igual al ciudadano al aplicar la ley; es el Gobierno el que hace ciudadanos distintos ante la sentencia condenatoria concediendo estos indultos.
¿Se está abusando de los indultos?
Todos los gobiernos abusan de los indultos.
«Se está abusando de los indultos y son una intromisión del Ejecutivo en el Poder Judicial»
Es un perdón al condenado para supuestos muy excepcionales, porque no deja de ser una excepción al principio de división de poderes y deja sin efecto una resolución dictada por un tribunal, por lo que es una intromisión del Ejecutivo del Poder Judicial. Por eso, debe aplicarse siempre de manera restrictiva.
El Gobierno defendió los indultos de los condenados por el ‘procés’ alegando que eran como un paso para restituir la convivencia, como un mensaje para reconciliar a la sociedad catalana y del resto de España después del desgarro del procés. ¿Percibe usted un cambio de actitud por parte de los independentistas?
Ya vemos los efectos que han tenido esos indultos y cuánto han pacificado con la sentencia del 25% de las clases en castellano y la imposibilidad de muchos padres de que sus hijos reciban educación también en español, por ejemplo.
«Algunos políticos tratan de deslegitimar lo que hacemos los jueces para deslegitimar el cumplimiento de las sentencias y ampararse en el incumplimiento»
¿Y qué dice de la ejecución de las sentencias a políticos de los partidos del Gobierno?
Bueno, es posible que el ejemplo más claro lo veamos en el indulto a Griñán si llega a concederse. Lo peor es el intento constante de alguno de deslegitimar lo que hacemos los jueces para deslegitimar el cumplimiento de las sentencias y ampararse en el incumplimiento.
¿A qué achaca la campaña de «acoso» y «desprestigio» de Podemos contra los jueces?
A que la figura del juez independiente molesta. Los jueces, se ve que unos días nos levantamos fascistas y otros no, depende de si les gusta o no la resolución.
Los jueces que aplicamos la ley, la que nos dan ellos. Por cierto, ley que parece que se nos olvida, que debe estar dentro del marco constitucional. Porque parece que en los últimos tiempos el poder legislativo cree que puede hacer que la voluntad de la ley está por encima de la Constitución. Por suerte, la Constitución ha permitido muchos años de convivencia, ha permitido que gobiernen partidos tanto de izquierdas como de derechas y que se haya hecho una interpretación de la Carta Magna que ha avalado las políticas de todas las ideologías. No nos salgamos del marco, la ley es la voluntad de la soberanía nacional, que no popular, pero dentro del marco constitucional, que es el marco en el que nos movemos todos.
