Comisión de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Parlamento de Cantabria
El Ilustre Colegio de la Abogacía de Cantabria ha comparecido en el Parlamento de Cantabria, en el seno de la Comisión de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, con motivo de la tramitación del Proyecto de Ley de Vivienda de Cantabria. La intervención del decano se ha enmarcado en el turno de comparecencias aprobado por la Cámara autonómica, en el que está prevista la participación de 21 personas y representantes de distintos sectores para aportar su visión técnica y sectorial al texto normativo.
Entre los comparecientes figuran el director general de Vivienda y Arquitectura del Gobierno de Cantabria y representantes de colegios profesionales —arquitectos, aparejadores, ingenieros, administradores de fincas, agentes inmobiliarios y abogados—, así como organizaciones del ámbito de la construcción, el turismo residencial y la intermediación inmobiliaria, además de entidades como el Consejo Económico y Social, la SAREB, CEOE-CEPYME, GESVICAN y la Sociedad de Vivienda y Suelo de Santander. El Colegio de la Abogacía ha trasladado su posición institucional desde una perspectiva estrictamente jurídica y centrada en la efectividad práctica del derecho a la vivienda.
Durante su intervención, el decano recordó que el derecho a una vivienda digna y adecuada constituye un mandato constitucional y que la Abogacía, como función constitucional directamente vinculada al derecho a la tutela judicial efectiva, es un actor imprescindible para que los derechos reconocidos en las leyes se conviertan en derechos realmente ejercitables por la ciudadanía. Subrayó que “la Abogacía no es únicamente una profesión liberal, sino una garantía estructural del Estado social y democrático de Derecho”.
El Colegio valoró que el Proyecto aborda de forma integral uno de los principales retos sociales actuales: el acceso real y sostenible a la vivienda, con especial atención a jóvenes y colectivos en situación de vulnerabilidad. El texto articula medidas relativas al parque de vivienda protegida, el alquiler asequible, la movilización de vivienda vacía, la vivienda en el entorno rural y la lucha contra la ocupación ilegal, combinando instrumentos de planificación, incentivos y un régimen sancionador. Asimismo, integra la política de vivienda con la ordenación del territorio y el urbanismo.
No obstante, el decano ha incidido en que “la eficacia real de la futura Ley dependerá de su aplicación con plena seguridad jurídica, proporcionalidad y respeto a las garantías procesales. Las abogadas y abogados de Cantabria intervienen en todo el ciclo jurídico de la vivienda: en la negociación y redacción de contratos de arrendamiento, en la defensa de arrendadores y arrendatarios en procedimientos de desahucio, en ejecuciones hipotecarias y reestructuraciones de deuda, en la asistencia a familias en situación de emergencia habitacional y en la canalización de acuerdos a través de la mediación”.
En este sentido, desde el colegio cántabro se ha alertado de que muchos procedimientos de desahucio y tutela posesoria, concebidos como ágiles, se dilatan en la práctica por la sobrecarga de los juzgados, generando inseguridad tanto para propietarios como para inquilinos. Aunque el diseño normativo del Proyecto fue considerado técnicamente sólido, se señaló que su éxito exigirá reforzar la capacidad del sistema judicial civil para tramitar con celeridad los procedimientos que la propia Ley va a activar.
Uno de los ejes centrales de la intervención fue la mediación y la conciliación como herramientas estratégicas para la gestión de conflictos en materia de vivienda. El Proyecto incorpora la mediación en línea con la evolución del ordenamiento hacia medios adecuados de solución de controversias. El decano ha destacado “su especial idoneidad en conflictos entre arrendador y arrendatario por impago o discrepancias contractuales, en situaciones de riesgo de desahucio con elementos de vulnerabilidad social o económica, en reestructuraciones de deuda hipotecaria y en desavenencias en comunidades de propietarios”.
Así, Carlos Pérez Sánchez ha puesto en valor la experiencia de la Abogacía cántabra en procesos de mediación orientados a evitar desahucios innecesarios y destacó el papel de su Centro MASC como instrumento para canalizar estos procesos con garantías de voluntariedad, igualdad entre las partes y asistencia letrada. “Potenciar la mediación al amparo de la futura Ley puede contribuir a reducir la litigiosidad, acelerar soluciones y disminuir el coste económico y emocional de los conflictos”, ha explicado.
Turno de oficio, garantía del derecho a la vivienda
El decano ha subrayado igualmente el papel del Turno de Oficio como garantía efectiva del derecho a la vivienda. Una parte significativa de los procedimientos relacionados con impago de rentas, ejecuciones hipotecarias, ocupaciones o situaciones de vulnerabilidad se tramitan con la intervención de abogados y abogadas de la asistencia jurídica gratuita. Por ello, desde el Colegio se considera imprescindible dimensionar adecuadamente los módulos y retribuciones en asuntos de vivienda, reforzar la formación específica y mejorar la dotación de medios y la coordinación con órganos judiciales y servicios sociales.
Finalmente, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Cantabria ha expresado su plena disposición a colaborar con el Parlamento, el Gobierno y el resto de instituciones en el desarrollo reglamentario e implementación práctica de la Ley, participando en mesas de trabajo y comisiones de seguimiento, contribuyendo a la elaboración de protocolos de coordinación y promoviendo acciones formativas conjuntas. El objetivo, concluyó el decano, es que la futura Ley no solo se apruebe, sino que se aplique con eficacia y con pleno respeto a los derechos fundamentales.
La entrada El Colegio de la Abogacía de Cantabria pide reforzar la seguridad jurídica y la mediación para garantizar la eficacia real de la futura Ley de Vivienda se publicó primero en Lawyerpress NEWS.
