El inicio del año plantea retos decisivos para los graduados sociales, que reafirman su compromiso con el interés general, la legalidad y la correcta aplicación de las normas en el ámbito laboral y de Recursos Humanos, con el objetivo de mejorar el servicio a empresas, trabajadores y a la Administración.
En palabras de Joaquín Merchán Bermejo, presidente del Consejo General de Graduados Sociales de España (CGGSE), “es justo reconocer los avances logrados el pasado año, entre los que destaca, por primera vez en la historia de la profesión, la creación de una mesa de trabajo con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migración. Fruto de este espacio de diálogo se están alcanzando avances relevantes, como el compromiso de la Ministra Elma Saiz para ampliar de tres a seis días naturales el plazo para comunicar las bajas laborales a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), una demanda histórica de nuestro colectivo”.
Merchán subraya también la cooperación alcanzada con la TGSS, basada en responsabilidad compartida, confianza mutua y respeto profesional, principios que considera innegociables.
Retos pendientes: legislación y gestión administrativa
Pese a los avances, quedan cuestiones estructurales que requieren atención legislativa. Uno de los principales desafíos es mejorar la gestión de los graduados sociales con la TGSS, exigiendo un trato más personalizado que contemple la complejidad de los casos y la responsabilidad asumida como colaboradores necesarios del sistema. “La relación con la TGSS no puede limitarse a intercambios automatizados cuando es imprescindible la interlocución humana”, añade Merchán.
A ello se suma la necesidad de simplificar la burocracia. Los profesionales reclaman normas más claras, procesos ágiles y una revisión de los procedimientos redundantes que consumen recursos, incrementan el riesgo de errores y generan inseguridad jurídica.
Desconexión digital y bienestar laboral
Otro asunto de relevancia es la desconexión digital. “Es contradictorio que, mientras se promueve la conciliación laboral, la Administración continúe enviando notificaciones electrónicas fuera del horario laboral. Esto traslada una presión indebida a los profesionales, que deben estar pendientes permanentemente para proteger los intereses de sus clientes”, explica el presidente del CGGSE.
Merchán insiste en que la digitalización administrativa debe ser pensada: “No estamos en contra de la transformación digital, sino que apoyamos su implantación. Pero digitalizar no es solo sustituir papel por pantalla. Es necesario invertir en sistemas interoperables, intuitivos y estables, con canales de soporte eficaces y participación profesional en su diseño y mejora. Una digitalización deficiente genera más problemas que los que pretende resolver y erosiona la confianza en las instituciones”.
Acceso al recurso de casación
El colectivo reivindica también la posibilidad de interponer el recurso de casación. Su formación jurídica, experiencia y función en el orden jurisdiccional social justifican plenamente este acceso, que no supone un privilegio, sino una medida coherente con la igualdad procesal. Esta habilitación permitiría a los graduados sociales culminar la defensa técnica de los asuntos que tramitan desde su inicio, garantizando su intervención en todas las instancias y reforzando la seguridad jurídica del sistema.
“Somos profesionales de proximidad, conocedores del tejido productivo y comprometidos con la ley. Escuchar nuestras propuestas es apostar por una Administración más eficiente y humana, un sistema más justo y una sociedad más cohesionada. Esa es la agenda que ponemos sobre la mesa, con responsabilidad, lealtad institucional y vocación de servicio público”, concluye Joaquín Merchán.
