Las empresas del sector público tienen una responsabilidad innegable en la construcción de un futuro sostenible. No se trata únicamente de cumplir con regulaciones ambientales, sociales u otros ámbitos de la sostenibilidad, sino de asumir un rol activo en la transformación hacia modelos de gestión que realmente generen un impacto positivo en la sociedad y el planeta. En este contexto, una auditoría bien ejecutada puede marcar la diferencia entre una estrategia de sostenibilidad real y transformadora y un mero ejercicio de imagen corporativa.
Históricamente, la sostenibilidad ha sido considerada un compromiso opcional, algo que las empresas podían adoptar según su voluntad. Sin embargo, en la actualidad se ha convertido en un elemento que aporta la licencia social para operar. El cambio climático, la crisis de los recursos naturales y la creciente desigualdad social han puesto sobre la mesa la urgencia de una gestión más consciente y transparente. Las empresas del sector público, al estar financiadas con dinero de los contribuyentes y colaborar con empresas privadas, deben ser aún más rigurosas en la aplicación de estas estrategias, ya que su impacto afecta directamente a la población, tanto por su propia actividad como por su modelo de financiación.
Lo primero que debemos analizar es cómo las empresas públicas garantizan que están cumpliendo con los compromisos ambientales y sociales. La respuesta está en la auditoría. Este proceso permite no solo evaluar el cumplimiento de normativas, sino también ejercer un mecanismo de control para verificar si los recursos se utilizan de manera eficiente y alineada con los objetivos de sostenibilidad globales y estatales.
Una auditoría aporta múltiples beneficios. En primer lugar, fortalece la transparencia y la rendición de cuentas. En tiempos de desconfianza institucional, la ciudadanía necesita pruebas concretas de que sus impuestos se destinan a mejorar su calidad de vida. En algunos casos, no solo se trata de bienestar individual, sino del cumplimiento de valores comunes de la sociedad, como la protección del medioambiente y la lucha contra el cambio climático. Una auditoría rigurosa permite que las empresas públicas sean más transparentes sobre la gestión de sus recursos, mostrando con claridad el impacto de sus decisiones.
Además, una auditoría de sostenibilidad ayuda a identificar riesgos ambientales y sociales y a detectar nuevas oportunidades de mejora que pueden surgir en el proceso de transición hacia un modelo más sostenible. Ineficiencias asociadas al consumo de energía, la generación y gestión de residuos, la fuerza laboral o la compra de materias primas y servicios pueden evidenciarse durante el proceso de auditoría. Una entidad pública que optimiza sus procesos no solo reduce su impacto negativo en el medioambiente y en la sociedad, sino que también ahorra costos y mejora su capacidad operativa.
Otro punto clave es la innovación. La auditoría puede ayudar a identificar estrategias y tecnologías avanzadas para una gestión sostenible. En un mundo donde la digitalización y la automatización están transformando las industrias, las empresas públicas tienen la oportunidad de aprovechar herramientas modernas para mejorar sus procesos sin comprometer sus valores de sostenibilidad. La implementación de energías renovables, el uso de materiales reciclables, la optimización del consumo de agua, la inversión en maquinaria más eficiente que demande perfiles técnicos y con experiencia, o la selección de proveedores más responsables son algunas de las oportunidades que pueden surgir a partir de una auditoría con enfoque en sostenibilidad.
Asimismo, la auditoría de sostenibilidad influye en la reputación institucional. La transparencia en el cumplimiento de prácticas responsables no solo fortalece la confianza ciudadana, sino que también posiciona a la entidad como un referente en el camino hacia un futuro más justo y equilibrado. En un mundo donde la imagen y la reputación son clave para la legitimidad de las instituciones, demostrar un compromiso real con la sostenibilidad se convierte en un activo valioso.
No obstante, una auditoría eficaz requiere compromiso y voluntad de cambio. Realizar auditorías sin incorporar mejoras durante y después del proceso impide cualquier avance real. La verdadera transformación ocurre cuando las empresas públicas reconocen la auditoría como una oportunidad para mejorar, no como una obligación impuesta. En este sentido, los líderes gubernamentales y los órganos de administración y dirección tienen un papel fundamental en asegurar que los resultados de la auditoría sean tomados en cuenta y aplicados de manera efectiva.
En definitiva, las empresas del sector público son actores clave, y su compromiso con la sostenibilidad debe demostrarse con acciones, no solo con declaraciones genéricas sin un respaldo estratégico. La sostenibilidad no debe entenderse únicamente como una obligación de cumplimiento, sino como una acción medible, verificable y efectiva. Las empresas del sector público junto con sus administradores y directivos no pueden eludir su deber fiduciario con la sociedad y el entorno. Y para ello, una auditoría en sostenibilidad es fundamental ya que, además, impulsa la eficiencia y la resiliencia empresarial lo cual es clave para mejorar la calidad de las personas y del entorno.
Autor: Carlos Cerdán, Socio de Sostenibilidad y ESG en RSM
