Los sistemas efectivos de protección a denunciantes son una herramienta fundamental para combatir la corrupción.
En el marco internacional, como la Unión Europea, Estados Unidos y organismos multilaterales como la OCDE han establecido marcos legales que ofrecen garantías reales a quienes deciden revelar prácticas ilícitas dentro de empresas o instituciones.
El objetivo es incentivar la denuncia, blindar al denunciante y asegurar que la información sirva para sancionar al responsable y no para castigar a quien la formula.
En México existe una falta de garantía respecto de los denunciantes, lo que permite que una operación política pueda avanzar.
El denunciante termina convertido en acusado. Un ejemplo es el caso del Consejo de Administración, donde Carlos Treviño -con la venia del entonces presidente Enrique Peña Nieto- instruyó que se formulara la denuncia correspondiente para dejar constancia de operaciones irregulares y, obviamente determinar la conducta a las autoridades competentes.
Ese acto, en cualquier sistema robusto de compliance y protección a denunciantes, lo habría blindado jurídicamente, sin embargo, en México ocurrió lo contrario. La señal más que clara es que si denuncias se te revierte.
Esto contradice principios básicos del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece que la prueba debe ser suficiente, lícita y obtenida conforme a derecho. Aceptar la palabra de un acusado como prueba plena en contra de un denunciante no solo debilita el debido proceso, sino que también convierte la justicia en un mecanismo de represalia política.
El Efecto Disuasivo: ¿Para Qué Denunciar? El resultado es devastador. Treviño lleva cinco años fuera de México, separado de su familia, con la reputación dañada y hoy enfrentando incluso un proceso migratorio en Estados Unidos. Todo esto, derivado de la denuncia que él mismo promovió contra Lozoya para proteger los intereses del bien común.
El mensaje que este precedente envía a funcionarios y ciudadanos es grave: en México, si denuncias corrupción, corres el riesgo de ser tú quien termine perseguido. La impunidad se protege; la denuncia se castiga.
Si México aspira a un verdadero estado de derecho, debe adoptar de manera seria y vinculante una figura de protección a denunciantes:
Garantía de confidencialidad y no represalia.
Blindaje jurídico frente a acusaciones instrumentadas políticamente.
Valoración diferenciada de pruebas que provengan de imputados con intereses de negociación.
Mecanismos de reparación de daño moral y reputacional.
Efectividad en la investigación y debido proceso.
El caso Treviño es un ejemplo aberrante de cómo la ausencia de un marco efectivo convierte a los denunciantes en víctimas.
Impera que México asuma estándares internacionales de protección, porque mientras se premie la palabra del corrupto confeso y se persiga al denunciante, la justicia seguirá siendo rehén de la política y el dinero.
