La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) estableció que todas las líneas telefónicas móviles deberán estar vinculadas a una identidad plenamente identificada
El objetivo primordial de la medida es eliminar el uso anónimo de las líneas celulares, una práctica que, de acuerdo con la autoridad, ha sido utilizada para cometer diversos delitos.
Con este registro, el Gobierno busca fortalecer la seguridad, la trazabilidad y el uso responsable de los servicios de telecomunicaciones en todo el país.
El registro obligatorio de líneas móviles, obligatorio en México desde enero de 2026, busca vincular cada número telefónico a un usuario identificado para combatir delitos como extorsión, fraude y secuestro virtual, eliminando el anonimato en líneas prepago. Esta medida busca mejorar la seguridad pública y facilitar la trazabilidad de llamadas delictivas.
Esta disposición ayuda a controlar la venta de equipos y tarjetas SIM (chips) en el mercado negro. La misma requiere datos como nombre, CURP y a veces biometría (prueba de vida) para garantizar que la información sea verídica.
La venta de tarjetas SIM en México es amplia y accesible, con precios prepago que oscilan entre $100 y $200 MXN. Se pueden adquirir en tiendas de conveniencia (OXXO, Neto), supermercados, centros de atención a clientes (Telcel, AT&T, Movistar) y plataformas en línea como Mercado Libre.
La empresa Telcel informó que mantendrá informados a sus usuarios y brindará acompañamiento durante todo el proceso de registro. El objetivo, señaló la compañía, es que la vinculación se realice de manera clara, segura y sin contratiempos.
Las líneas no registradas ante la compañía telefónica serán suspendidas o dadas de baja. La información es resguardada por las compañías bajo la ley de datos personales, aunque expertos han señalado riesgos de seguridad por posibles filtraciones. La fecha límite para el registro de líneas activas antes del 9 de enero de 2026 es el 30 de junio de 2026.
Por otro lado, la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía analizará una iniciativa que busca regular la venta de tarjetas SIM, a efecto de reducir la incidencia delictiva del robo de celulares y la extorsión telefónica.
Se plantea que los concesionarios de telecomunicaciones deberán atender y colaborar con el Instituto Federal de Telecomunicaciones en la implementación de disposiciones que regulen la venta en establecimientos autorizados de tarjetas inteligentes desmontables, usadas en teléfonos móviles, vinculadas a un número telefónico, un código de identidad de fabricación del equipo y a un usuario.
El informe de Víctimas de Delitos del Fuero Común 2019 expuso que “se registraron 7 mil 942 extorsiones en carpetas de investigación” iniciadas en las agencias del Ministerio Público y reportadas por las procuradurías y fiscalías generales de las 32 entidades federativas.
La mayoría de las extorsiones se cometen en centros penitenciarios y encontró que un 90 por ciento de equipos sospechosos utiliza más de una tarjeta SIM, en un rango de dos hasta 78 tarjetas.
