Los gobiernos de Sheinbaum y Trump enfrentan el negocio ilegal de combustible se materializan en una larga lista de decomisos y arrestos en lo que va de año.
La guerra al huachicol es una de las prioridades en seguridad de la presidenta de México, Claudia Sheiunbaum, y la Administración de Donald Trump en Estados Unidos.
Esta palabra del español mexicano también se usa para nombrar al combustible adulterado o robado. Las personas que se dedican a la actividad ilícita de robar y adulterar combustible y bebidas alcohólicas.
Los operativos para combatir el contrabando de gasolina ilegal han dejado un reguero de decomisos y detenciones a pequeña y gran escala las últimas semanas.
Desde la clausura de una refinería clandestina en Veracruz hasta la desarticulación de una de las principales organizaciones dedicadas al huachicoleo con 32 detenidos.
Los embistes a las redes de robo y venta de combustibles ilícitos no cesan y visibilizan la extensión de unos de los grandes males que aquejan al país.
El primer ataque del año a las redes de contrabando de combustibles marcó la ruta de los operativos que les seguirían los siguientes meses. Sin embargo, la carrera contra el huachicol comenzó a apretar en mayo. La policía de Guanajuato detuvo a final de mes a 11 agentes de la Guardia Nacional que fueron sorprendidos custodiando un tractocamión que sustraía hidrocarburo de una toma ilegal.
Cuando llegaron los oficiales, la manguera todavía estaba conectada mientras la rodeaban vehículos oficiales. Cuatro días después, los medios se llenaron de una imagen que repetían en bucle: una bodega en Tabasco que resguardaba millones de litros de combustible en 3.904 bidones apilados unos encima de otros y que se extendían como un manto por un predio de tierra del que entraban y salían camiones.
El mercado negro de combustibles resulta en un quebranto para el Estado mexicano de unos 177.000 millones de pesos al año, unos 9.200 millones de dólares, de acuerdo con los cálculos de especialistas.
El huachicol fiscal, el delito derivado del robo físico de combustibles a Pemex, empezó con pinchar ductos de la petrolera para revender el producto, pero ahora alimenta a un entramado de organizaciones a gran escala.
Los grupos dedicados a este delito tiene vínculos con gasolineras asociadas, hacen tratos con las autoridades aduaneras, cuentan con agentes de la policía involucrados y tienen socios del otro lado de la frontera que compran el hidrocarburo de procedencia ilícita.
La ganancia del comercio entre México y EE UU en combustibles es un codiciado botín para grupos del narcotráfico como el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La sofisticación de las redes de contrabando quedó en evidencia hace un par de semanas, cuando Harfuch anunció el desmantelamiento de una refinería clandestina, que operaba en el municipio de Coatzacalcos, Veracruz, y de donde se recuperaron más de 500.000 litros de crudo.
Los criminales habían reconvertido una planta destinada al tratamiento de residuos industriales en una fábrica donde procesar ilegalmente hidrocarburos como diésel artesanal, nafta ligera, solventes y combustóleo.
El último golpe al huachicol terminó con la detención de 32 personas, casi 16 millones de pesos incautados, decenas de vehículos decomisados y hasta animales exóticos rescatados.
El tráfico de combustible ilegal en la relación bilateral ha escalado posiciones en la lista de emergencias y se ha situado como prioridad junto a la migración y al fentanilo, ya que supone un ingreso en impuestos a las arcas del Estado de miles de millones de dólares anuales.
