Sheinbaum tomará fuertes medidas para combatir las desapariciones en México tras el hallazgo de fosas comunes
Las autoridades encontraron unas fosas con restos humanos en un rancho de Teuchitlán, lo que alertó de forma grave al gobierno de la presidenta que tomará acciones contundentes.
En medio de la crisis de desaparición la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que la localización de las personas desaparecidas es una “prioridad nacional” y anunció una serie de medidas legislativas y políticas frente a la indignación que produjo Teuchitlán y las movilizaciones del fin de semana en todo el país.
El descubrimiento realizado a principios de marzo por un colectivo de búsqueda de desaparecidos en un rancho de Teuchitlán, estado de Jalisco, desató protestas en varias ciudades de México.
El anuncio debe colocar a las víctimas y a los colectivos de familias en el centro de las acciones y en todos los niveles del Estado, para asegurarles de forma coordinada, verdad y justicia.
El cambio del discurso de la presidenta Sheinbaum y la presentación de acciones representan un cambio cualitativo y toma distancia de la narrativa del final de sexenio del presidente López Obrador, en el que los cuestionamientos sobre las desapariciones fueron reducidos a ataques de sectores conservadores y a un legado del periodo neoliberal.
En el contexto del proceso electoral, AMLO rechazó la petición de madres buscadoras para recibirlas argumentando que las reuniones eran empleadas por los medios con “propósitos politiqueros”. Además, descalificó al Comité de Desaparición Forzada de la ONU al expresar que no actuaba con apego a la verdad. Al Centro Prodh –una de las organizaciones civiles de mayor prestigio– se le señaló por supuestamente “magnificar” la violencia para favorecer a los conservadores. Incluso, la acusó de defender a los detenidos del caso Ayotzinapa.
Sobre las medidas anunciadas, se debe considerar a las familias buscadoras, quienes reaccionaron señalando el desconocimiento de los mecanismos institucionales existentes en la Ley General de Desaparición y su falta de implementación, como los Registro Nacionales de Personas Fallecidas y de Fosas. Así como la resistencia de la Fiscalía General de la República a crear el Banco Nacional de Datos Forenses.
El gobierno deberá dialogar de frente con las familias y colectivos, impulsar la agenda de pacificación, superar el encono discursivo y reconocer el aporte de las organizaciones de derechos humanos. De ser necesario, solicitar la asistencia técnica de los organismos internacionales y dar pasos decididos para romper las redes de macrocriminalidad que han proliferado en los últimos años.
