La Generalitat Valenciana ha comenzado a enviar circulares a los funcionarios interinos para detallar el procedimiento de compensación económica en caso de cese tras los procesos de estabilización. Esta medida, que podría interpretarse como un avance en el reconocimiento del abuso de la temporalidad, plantea importantes interrogantes sobre si las compensaciones ofrecidas son verdaderamente suficientes.
Según estas comunicaciones, los interinos cesados recibirán una indemnización de 20 días por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 20/2021. Sin embargo, las recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado 22 de febrero y 13 de junio, y en aplicación de las mismas, los tribunales de nuestro país, como por ejemplo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid han declarado el carácter insuficiente de la referida indemnización, como medida para reparar el daño causado por el abuso de temporalidad y prevenir futuras irregularidades.
Un reconocimiento tardío del abuso de temporalidad
La problemática del abuso de temporalidad en el empleo público no es una novedad. Durante años, miles de interinos han ocupado plazas de forma temporal, calificadas por la jurisprudencia comunitaria como fraudulenta. El TJUE, en su sentencia del 22 de febrero de 2024, enfatizó que las administraciones deben garantizar medidas efectivas y proporcionales para sancionar estas prácticas, destacando que la indemnización de 20 días por año de servicio es insuficiente.
Mientras que la Generalitat Valenciana intenta cumplir con la Ley 20/2021, esta normativa ya ha sido calificada como insuficiente por el TJUE. El Tribunal Comunitario contempla como solución realmente efectiva, el reconocimiento de fijeza del puesto para quienes han sufrido este abuso. Este escenario ya ha generado importantes precedentes en otras comunidades, como Castilla y León, donde tribunales han reconocido derechos adicionales a los interinos cesados.
Los riesgos de aceptar sin asesoramiento
Aceptar la solución ofrecida por la Generalitat sin un análisis detallado podría significar renunciar a derechos superiores. Según la experiencia de Unive Abogados, muchos interinos podrían reclamar no solo indemnizaciones más altas, sino también el reconocimiento de la fijeza del puesto, dependiendo de las particularidades de cada caso.
Además, los empleados públicos afectados disponen de un plazo limitado, concretamente de un año para accionar, contando desde la publicación de la sentencia que reconoce este derecho. Esta limitación temporal subraya la importancia de actuar con diligencia, ya que los afectados deben analizar su situación legal y tomar decisiones con rapidez para no perder la oportunidad de reclamar por sus derechos.
¿Qué pueden hacer los interinos?
Ante esta situación, Unive Abogados recomienda a los interinos afectados seguir estos pasos clave para proteger sus derechos:
- Solicitar una evaluación legal: Antes de aceptar cualquier indemnización, es fundamental que un profesional analice tu caso particular. Cada situación tiene sus matices y podría haber derechos adicionales a reclamar.
- Conocer los plazos legales: Los interinos cesados disponen de un plazo de dos meses para presentar reclamaciones judiciales, mientras que el personal laboral cuenta con 20 días hábiles desde el cese. Respetar estos plazos es crucial para no perder derechos.
- Plantear una estrategia personalizada: Dependiendo de las circunstancias, podría ser posible reclamar indemnizaciones superiores o incluso la fijeza del puesto. Esto dependerá de factores como el tiempo trabajado, el abuso documentado de temporalidad y las sentencias aplicables.
- Evitar decisiones precipitadas: No firmes ni aceptes ningún acuerdo sin estar completamente informado de las implicaciones legales.
Aquellos que ya han obtenido plaza también pueden reclamar
Es importante destacar que no solo los interinos cesados pueden tener derecho a reclamar. Aquellos que han obtenido una plaza fija tras los procesos de estabilización también podrían reclamar una indemnización por el abuso de temporalidad sufrido durante su condición de interinos. Este derecho, reconocido en sentencias como las del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, subraya que la adjudicación de una plaza no anula el perjuicio previo ni exime a las administraciones de su obligación de compensar a los trabajadores afectados.
Las recientes sentencias del TJUE y de los tribunales nacionales están sentando un precedente que podría beneficiar a miles de empleados públicos. Como ya se ha visto en comunidades como Castilla y León, Cataluña, Galicia entre otras, los afectados tienen la posibilidad de reclamar soluciones más justas que las ofrecidas inicialmente por las administraciones.
