La asociación Son Nuestros Hijos, que agrupa a familias españolas con hijos nacidos por gestación subrogada, ha denunciado las nuevas órdenes redactadas por el Ministerio de Igualdad que obligarían a los colectivos del ámbito del feminismo y la igualdad de género a reconocer expresamente la gestación por sustitución y la prostitución como formas de violencia contra las mujeres si desean optar a subvenciones públicas.
Según explica la entidad, las órdenes —que entrarían en vigor tras su publicación en el BOE— modifican dos disposiciones de 2022 relativas a la concesión de ayudas públicas. Una de ellas está destinada a programas de concienciación, prevención e investigación sobre distintas formas de violencia contra las mujeres; la otra, a proyectos de apoyo a mujeres y niñas víctimas de trata con fines de explotación sexual y a sus hijos menores o con discapacidad.
En ambos casos, el Ministerio exigiría a las organizaciones solicitantes que acrediten “fehacientemente”, ya sea en sus estatutos o mediante experiencia previa, el “reconocimiento expreso” de la prostitución, la explotación sexual y la explotación reproductiva como formas de violencia contra las mujeres. En este último concepto se incluye, según los propios textos, la reproducción subrogada.
Alegaciones y críticas
Son Nuestros Hijos, que ha presentado alegaciones junto con asociaciones de familias LGTBIQ+, califica la medida de “ideológica” y acusa al departamento dirigido por Ana Redondo de pretender “dogmatizar”. La presidenta del colectivo, Olatz Mendiola, sostiene que el Gobierno actúa movido por el “dogmatismo” y no por la protección de mujeres o menores. “Los gobiernos no están para imponer ideologías, sino para proteger a las personas”, afirma.
La asociación, que representa a más de un millar de familias constituidas mediante gestación subrogada, subraya que rechaza cualquier forma de violencia contra las mujeres. Recuerda además que esta técnica de reproducción asistida está regulada o reconocida en países como Irlanda, Dinamarca, Estados Unidos, Canadá, México o Grecia. Según sus datos, cada año nacen más de 1.000 niños por gestación subrogada de padres y madres españoles, muchos de los cuales ya son mayores de edad.
Posibles acciones legales
El colectivo estudia emprender acciones legales al considerar que las nuevas exigencias podrían carecer de base jurídica. “Es una medida claramente impositiva, de adhesión a principios ideológicos de un gobierno y, por tanto, coyuntural”, señala Mendiola.
Asimismo, la asociación denuncia lo que considera una estrategia de “discriminación y estigmatización” hacia los menores nacidos mediante esta técnica, enmarcada —afirman— en una dinámica de “violencia institucional”.
En este contexto, recuerdan que el pasado mes de mayo ya denunciaron una instrucción del Ministerio de Justicia que impide inscribir en consulados españoles a bebés nacidos por gestación subrogada en el extranjero, incluso cuando exista resolución administrativa o judicial en el país de origen. Esta situación obliga a los progenitores a registrar a los menores en el Registro Civil mediante filiación biológica o adopción posterior. Según la asociación, este procedimiento perjudica a los menores en el reconocimiento de sus derechos básicos.
Además, sostienen que este tipo de medidas “imponen la maternidad” a las mujeres gestantes que no desean asumirla.
Referencia al informe de Unicef
La asociación cita también un informe de Unicef sobre el registro de nacimientos de menores nacidos mediante acuerdos de gestación subrogada en América Latina y el Caribe. El organismo internacional recomienda garantizar el registro rápido de los nacimientos para prevenir la apatridia y asegurar la identidad legal y los vínculos familiares de los menores.
“Unicef llama al registro rápido para proteger los derechos de los niños. La adopción no es el modo adecuado, como pretende el Gobierno”, concluye la presidenta de Son Nuestros Hijos.
