El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha desestimado el recurso presentado por un competidor contra la adjudicación del contrato de seguimiento y archivo de medios a favor de Hallon Intelligence S.L., confirmando la plena validez del contrato y la habilitación legal de la compañía para prestar el servicio.
La resolución administrativa rechaza los argumentos del recurso, que cuestionaba la adjudicación alegando una supuesta falta de licencia con CEDRO por parte de Hallon. El Ministerio concluye que no existe causa de nulidad y confirma la adjudicación en todos sus extremos.
Aval jurídico de la Abogacía del Estado
Durante la tramitación del recurso, el Ministerio solicitó informe a la Abogacía del Estado, que se pronunció a favor de desestimar el recurso, considerando la adjudicación ajustada a derecho. Este respaldo refuerza la posición jurídica de Hallon, validando tanto la interpretación del artículo 163.4 de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) como su aplicación práctica en el contexto del contrato público.
Reconocimiento de la autorización legal
La resolución destaca que Hallon acreditó adecuadamente la consignación judicial de las cantidades correspondientes a los usos realizados, así como la posterior solicitud de reserva conforme a las tarifas vigentes. El Ministerio concluye que la compañía dispone de la autorización legalmente exigida para prestar el servicio objeto del contrato.
Además, la resolución asume expresamente la interpretación del Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, aportado por Hallon, alineándose con el criterio defendido por la compañía sobre el alcance del artículo 163.4 LPI y la suficiencia de la consignación como mecanismo habilitante.
Precedente relevante para el sector
La combinación del aval judicial de la Audiencia Provincial de Barcelona y el respaldo expreso de la Abogacía del Estado constituye un precedente de especial relevancia para el sector del seguimiento de medios y la gestión de derechos de los editores de prensa. Esta decisión clarifica el alcance de los mecanismos de autorización legalmente previstos y su compatibilidad con la contratación pública.
Desde Hallon, se valora positivamente esta resolución, que aporta seguridad jurídica y refuerza su posición en un contexto donde la interpretación de estos mecanismos había generado debate y controversia.
Antecedentes de la controversia
En febrero de 2024, CEDRO solicitó a las empresas de clipping en España la firma de un nuevo contrato para acceder al repertorio de editores de prensa. La falta de claridad del documento respecto a la privacidad de datos y los planteamientos económicos llevó a varias compañías a proponer modificaciones, sin que se alcanzara acuerdo ni se firmara contrato durante los cinco primeros meses.
En diciembre de 2024, CEDRO interpuso una demanda ante los tribunales de Barcelona exclusivamente contra Hallon, alegando operación sin licencia y solicitando medidas cautelares para suspender su actividad. El 10 de julio de 2025, la Audiencia Provincial de Barcelona desestimó en firme las medidas cautelares y reconoció que Hallon venía consignando judicialmente las cantidades correspondientes, en cumplimiento del artículo 163.4 LPI. CEDRO fue condenado en costas.
Este pronunciamiento confirmó que Hallon actúa bajo la autorización prevista en la ley, reforzando su solidez jurídica, su buena fe y su compromiso con el pago a los editores.
