La necesidad de aplicar cambios en los procedimientos jurídicos que se utilizan actualmente en la defensa y la protección de la infancia y la adolescencia en situación de vulnerabilidad es la principal conclusión que se puede extraer de la jornada que ha organizado hoy en Sabadell Consell de l’Advocacia Catalana. En el marco de esta jornada, organizada por la Comisión de Derechos Humanos en el Colegio de la Abogacía de Sabadell, también se ha hecho público el informe redactado por el Consell y que, en nombre de toda la abogacía catalana, realiza un abordaje integral sobre la situación jurídica actual y plantea una serie de propuestas de mejora y actuación con el objetivo de blindar los derechos de los menores que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Según la presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana, Marta Martínez, “debemos avanzar hacia un modelo en el que no todo dependa sólo de las decisiones administrativas a la hora de abordar la situación de un menor, sino que haya una mayor intervención de la autoridad judicial, con todos los procedimientos jurídicos que nos deben permitir garantizar que siempre se toma la mejor decisión para el niño, que es quien sufre directamente la situación de vulnerabilidad”.
El informe plantea una serie de propuestas de mejora en la atención jurídica a la infancia, algunas de las cuales pueden aplicarse en el marco legal actual, mientras que otras conllevan cambios normativos y/o legislativos. El incremento de recursos en apoyo de las familias, la incorporación de soluciones de consenso en el proceso administrativo a través de la mediación, mayores garantías en la asistencia letrada en la fase administrativa o aplicar medidas relativas al contacto que deben mantener los menores tutelados con la familia son algunas de las actuaciones que podrían desarrollarse de forma inmediata.
Sin embargo, el documento del Consell profundiza en otras medidas que sí requerirían cambios normativos y que tendrían como objetivo el establecimiento de mecanismos de colaboración con la administración y los órganos judiciales, el control jurisdiccional de la declaración de desamparo, la mejora de la asistencia letrada, la valoración de la jurisdicción competente y la promoción de la formación especializada. “Al final partimos de la base de que los niños y niñas tienen derecho a vivir con sus familias siempre que sea posible y seguro, y con este informe perseguimos este objetivo y que la separación sea sólo el último recurso y avalado por un procedimiento judicial”, asegura Martínez, que ha sido la encargada de presentar el informe junto a la abogada especialista en derechos de la infancia, Sílvia Giménez-Salinas.
Una decena de expertos
En la jornada de Sabadell han participado una decena de expertos para debatir sobre el sistema catalán de protección a la infancia y adolescencia. La Síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, ha sido la encargada de la ponencia inaugural sobre la imprescindible transformación del sistema protector, mientras que la activista y cineasta Mabel Lozano ha hablado de la problemática de los menores víctimas de tráfico de seres humanos a partir de la proyección del cortometraje documental AVA.
La directora general de Atención a la Infancia y la Adolescencia, Esther Cabanes, la responsable de Asesoramiento técnico en el ámbito de Familia de la Generalitat, Mercè Cartie, el magistrado especialista en derechos de la infancia, Xavier Abel, la psicóloga forense Oriana Mosquera y el Síndic de Greuges de Sabadell, Josep Escartín son otros de los participantes en la jornada, que también ha contado con las intervenciones del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Consell y decano del Colegio de la Abogacía de Barcelona , Jesús Sánchez, y la decana del Colegio de la Abogacía de Sabadell, Eulalia Barros.
