La llegada a la mayoría de edad de la primera generación “nativa digital”, cuya infancia ha sido documentada paso a paso en redes sociales, está generando un escenario de conflicto jurídico sin precedentes en España. El fenómeno del sharenting —la sobreexposición de menores por parte de sus padres— ha dejado de ser una práctica social para convertirse en un riesgo legal significativo.
Según el Dr. Francisco José Adán Castaño, profesor del Máster Universitario en Derecho Digital y Ciberseguridad de la Universidad Internacional de Valencia (VIU), “un menor de 13 años ya tiene un promedio de 1.300 imágenes indexadas en la red. Esta ‘huella digital heredada’ otorga a los hijos, al cumplir los 18 años, la legitimación para demandar a sus progenitores por daños a su privacidad y derecho a la propia imagen”.
Amparo legal: Derecho al Olvido y la “Doctrina del Riesgo Digital”
Aunque España no cuenta con una ley específica como la francesa de 2024, que permite la “delegación forzosa” de la autoridad parental en casos de abuso de imagen, existen herramientas legales robustas. Entre ellas destacan el Derecho al Olvido y la revocación del consentimiento prestado, que permiten al hijo exigir a padres y plataformas la eliminación de su rastro digital.
“El Tribunal Supremo establece que el interés superior del menor prevalece sobre la libertad de expresión de los padres. La patria potestad no es un derecho absoluto, sino una función en beneficio del hijo. Si la publicación vulnera su reputación, es ilegítima incluso con el permiso paterno”, explica el Dr. Adán Castaño.
La jurisprudencia española ya consolida este criterio, exigiendo el consentimiento de ambos progenitores o, en su defecto, autorización judicial para la publicación de imágenes de menores en redes sociales.
La mayoría de edad digital: el “veto” a los 14 años
Según el artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2018, la “mayoría de edad digital” para el consentimiento de datos se alcanza a los 14 años. A partir de ese momento, los padres ya no pueden publicar fotos de sus hijos sin el consentimiento afirmativo del menor.
“Su negativa es absoluta. Si un padre persiste, el hijo puede denunciar ante la AEPD o solicitar medidas civiles. Existe una contradicción, ya que la ley presupone madurez para gestionar la imagen que la realidad escolar a menudo desmiente”, señala el profesor.
“Kidfluencers”: riesgos patrimoniales y laborales
VIU alerta sobre la desprotección de menores que generan ingresos como kidfluencers en plataformas como YouTube o Instagram. Mientras Francia obliga a bloquear esos ingresos hasta la mayoría de edad, España carece de regulación similar.
“Los ingresos son administrados por los padres, lo que genera riesgo de administración desleal. Muchas actividades podrían considerarse una relación laboral encubierta, que el hijo podría reclamar al cumplir 18 años si ha habido mala gestión”, advierte Adán Castaño.
Ciberseguridad e Inteligencia Artificial: peligros invisibles
La exposición digital también genera riesgos de seguridad:
- Clonación biométrica: audios o vídeos permiten clonar la voz o imagen del menor mediante IA, facilitando estafas o suplantaciones.
- Ingeniería social: información como uniforme escolar, mascotas o ubicaciones facilita el perfilado de rutinas del menor.
- Impacto futuro: la huella digital puede afectar profesionalmente al joven al llegar a la adultez.
Protocolo de “Higiene Digital”
Para minimizar riesgos, el Dr. Adán Castaño propone:
- Consenso parental: en caso de desacuerdo entre progenitores, la publicación no debe realizarse; prevalece siempre la protección del menor.
- Anonimización: priorizar emoticonos o pixelado y evitar fotos en situaciones de vulnerabilidad (baño, llanto, enfermedad).
- Configuración de privacidad: mantener perfiles cerrados y limitar las publicaciones a círculos familiares íntimos.
Sobre la Universidad Internacional de Valencia – VIU
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