La semana pasada, el Gobierno confirmó que Verifactu no será obligatorio hasta 2027, pese a que durante los últimos años se había transmitido un calendario firme de entrada en vigor en 2026. Pymes, autónomos y desarrolladores de software habían asumido ese plazo como definitivo y habían iniciado inversiones significativas para adaptarse al nuevo sistema.
Albert Sagués, socio de responsable de fiscal en RSM y autor del análisis que ha generado debate en el sector, subraya que las compañías habían actuado conforme a un mandato legal claro. Tal como explica en su artículo, “la entrada en vigor en 2026 se había asumido como un hecho cierto, no como un escenario hipotético”. El retraso implica que las inversiones permanecerán inmovilizadas durante un periodo adicional sin aportar utilidad ni retorno inmediato.
Sagués recuerda que el aplazamiento tiene efectos económicos directos. En sus palabras, “estas inversiones no son meramente preventivas; responden a un mandato legal que indicaba una fecha de adaptación concreta”. Para pymes y autónomos, que operan con márgenes ajustados, este cambio supone un coste de oportunidad evidente y deja en el aire si las herramientas ya adquiridas serán plenamente compatibles con las especificaciones finales.
El socio de RSM señala también que el retraso no corrige la falta de proporcionalidad en la distribución de cargas. Tal como expone, “Verifactu imponía obligaciones más severas a quienes menos capacidad económica y técnica tienen para adaptarse”. La prórroga, por tanto, solo aplaza el problema estructural sin ofrecer una solución.
El impacto alcanza de lleno al sector tecnológico. Muchas empresas de software habían desarrollado módulos, algoritmos de integridad, QR dinámicos y sistemas de transmisión inmediata. Según Sagués, “algunas compañías habían proyectado ingresos derivados de la implantación obligatoria de Verifactu en los próximos ejercicios; estas expectativas desaparecen de manera inmediata”. Para firmas pequeñas y medianas, esto puede traducirse en tensiones financieras serias.
La inseguridad jurídica tampoco se reduce. El propio análisis de Sagués subraya que “la definición de sistema informático de facturación sigue siendo difusa” y que el retraso prolonga la indefinición, dificultando la planificación interna de miles de empresas.
Además, Sagués advierte del riesgo de que Verifactu y la factura electrónica obligatoria avancen sin coordinación. “Existe un riesgo evidente de que las empresas deban afrontar dos procesos de adaptación distintos, con inversiones que pueden coincidir en el tiempo”, señala.
Concluye el propio Sagués, “la digitalización fiscal es necesaria y urgente, pero no puede apoyarse en calendarios que cambian al ritmo de las circunstancias políticas”. La firma recuerda que el nuevo horizonte de 2027 exige una estrategia flexible y basada en escenarios.
