Coincidiendo con la apertura del juicio oral contra el Fiscal General del Estado, la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), se ha dirigido hoy a todos los colegiados mediante un comunicado institucional en el que justifica la participación del Colegio como acusación popular en esta causa y subraya el compromiso del ICAM con la defensa del derecho de defensa, el secreto profesional y el modelo de justicia garantista.
“No hemos actuado contra nadie, sino a favor de algo mucho más importante: la integridad del proceso penal, la dignidad del ejercicio profesional de la abogacía y la tutela efectiva de los derechos fundamentales de la ciudadanía”, afirma la Junta de Gobierno en su escrito.
La Junta explica que el ICAM afronta este procedimiento “con la tranquilidad de que las instituciones en un Estado de Derecho funcionan”, y destaca que el auto de apertura de juicio oral “subraya la existencia de indicios sólidos penales y una merma en derechos fundamentales”, lo que obliga al Colegio a dar una respuesta jurídica a la altura de su función institucional.
Un mensaje de confianza en la justicia y en las garantías del proceso
En su mensaje a la abogacía madrileña, la Junta reafirma que la actuación del Colegio se ha llevado a cabo con pleno respeto a la presunción de inocencia del acusado y niega cualquier motivación política o personal.
“La decisión queda a expensas del resultado del juicio, que corresponde exclusivamente a los tribunales. Si el tribunal considera que no se dan los elementos para una condena, lo acataremos con la misma serenidad con la que hoy defendemos nuestra posición”, subrayan.
El comunicado insiste en que lo relevante del proceso es que las garantías se respeten y que se actúe institucionalmente ante cualquier vulneración de principios esenciales del proceso penal justo.
El caso no cuestiona a la Fiscalía como institución
El ICAM deja claro en el comunicado que este juicio no pone en cuestión a la Fiscalía como institución ni afecta a los fiscales que ejercen su labor con rigor y profesionalidad. “Se analiza una actuación concreta, excepcional, que en nada empaña el trabajo diario de cientos de fiscales con los que compartimos a diario la labor en sede judicial”, indican los dirigentes del ICAM.
Defensa firme de los valores constitucionales
En su mensaje, la Junta recuerda que el derecho de defensa, el secreto profesional y la lealtad procesal “no son privilegios gremiales, sino garantías constitucionales esenciales”. Cuando estos principios se vulneran —añade—, lo que se resiente es el modelo mismo de justicia garantista que protege a la ciudadanía frente al poder.
“Seguiremos actuando con firmeza y responsabilidad, guiados siempre por los valores que dan sentido a la justicia y al ejercicio digno de la abogacía”, concluye la Junta en su mensaje a los colegiados.
