Presidente del Senado advierte que recorte presupuestal afecta la autonomía del Congreso
La supresión de la prima, establecida en el Decreto 0030 de 2026, modifica la remuneración de los parlamentarios e impacta los ingresos máximos permitidos para otros altos funcionarios de la administración pública en Colombia.
FUNDAMENTOS
Esta decisión, formalizada por el Decreto 0030 de 2026, entrará en vigencia a partir del 20 de julio de 2026 y forma parte de un esfuerzo para asegurar la racionalidad en el gasto público y ajustar la política remuneratoria parlamentaria a las condiciones económicas del país.
POSTURA DEL PRESIDENTE DEL CONGRESO
El Presidente del Congreso, el Senador Lidio García Turbay cuestionó la reducción de recursos asignados para la vigencia 2026 y alertó sobre posibles afectaciones al funcionamiento, la seguridad y la protección de la información institucional.
El Presidente del Congreso, expresó su rechazo frente al presupuesto asignado al Legislativo para la vigencia 2026. La disminución de recursos compromete la autonomía del poder legislativo y pone en riesgo aspectos clave para su funcionamiento institucional. Se pronunció sobre el tema a través de su cuenta oficial de X: “Desfinanciar a una rama del poder público es afectar directamente su autonomía. Reducir los recursos del Congreso pone en riesgo su funcionamiento, la seguridad física y digital y la protección de la información institucional”. Así mismo, consideró que la decisión fue deliberada y orientada a debilitar al Congreso y aumentar la vulnerabilidad y el nivel de riesgo de la institución.
MEDIDAS
“Desde la Presidencia del Congreso tomaremos todas las medidas necesarias para proteger su funcionamiento, su seguridad y su autonomía constitucional”, manifestó el Presidente García Turbay.
Esta semana la Dirección General Administrativa del Senado envió una carta al Senador García Turbay y a la Comisión de Administración en la que expone la situación presupuestal de la corporación y advierte que los recursos aprobados son inferiores tanto al anteproyecto presentado, como al presupuesto de 2025.
De acuerdo con el documento, el Senado solicitó para 2026 un presupuesto de más de 656 mil millones de pesos; sin embargo, el monto asignado mediante el decreto de liquidación presupuestal representa una reducción del 35 % frente a lo solicitado y del 2 % frente al presupuesto de 2025.
Esta situación, según se advierte en la comunicación, dificulta la cobertura de gastos de funcionamiento e inversión, especialmente en materia de modernización tecnológica y fortalecimiento de la seguridad.
También se advirtió que, de no realizarse ajustes presupuestales oportunos, se impactarían tanto las labores legislativas, como la protección de las instalaciones y de la información institucional.
EXTENSIÓN A OTROS EMPLEADOS PÚBLICOS
Este esquema salarial, además de su efecto directo en el Congreso, determina los ingresos de otros funcionarios de otras ramas del poder público en Colombia, debido a normativas de equivalencia.
De acuerdo con lo estipulado por las leyes anteriormente mencionadas, los cargos que dependen de este ajuste o están vinculados a su tope salarial incluyen a los magistrados de las Altas Cortes, entre ellas la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura.
La medida está dentro del Marco Constitucional y la Ley Marco de Salarios (Ley 4 de 1992), junto con decretos específicos que se actualizan anualmente.
