La Corte Constitucional protegió a estudiante a quien se le vulneraron sus derechos al presentar denuncia por abuso sexual en una institución de educación superior
La Corte reitera que la violencia contra la mujer es “cualquier acción o conducta, basada en su género, que les cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a las mujeres, tanto en el ámbito público como en el privado”.
La Sala Sexta de Revisión estudió la tutela presentada por M. contra la Universidad de Caldas, por la demora en el trámite del procedimiento disciplinario relacionado con la denuncia que presentó por agresión sexual en su contra por parte de un compañero de clase.
M., estudiante de Geología, denunció ante la Universidad a su compañero A. por agresión sexual, con ocasión a un hecho presentado en el apartamento del estudiante cuando ella se encontraba en situación de indefensión.
La denuncia fue asignada al Grupo Interno de Control Disciplinario de la Universidad de Caldas (GICD), luego de que la institución educativa activara la ruta de atención a las víctimas de violencia sexual.
La dependencia, en su momento, inició la investigación disciplinaria contra A. por agresión sexual y determinó realizar una serie de pruebas que posteriormente fueron entregadas a cada una de las partes con el fin de que presentaran sus argumentos antes de la formulación de cargos.
M. afirmó que fue víctima del delito de acceso carnal con incapaz de resistir y, además, solicitó la continuación del trámite con enfoque de género, debido a que se trata de un caso de violencia contra la mujer con secuelas psicológicas, que afectan su cotidianidad, especialmente su entorno de formación académica.
Una vez analizadas las pruebas por M. y A., la Secretaría General del Grupo Disciplinario de la Universidad remitió el expediente a la dependencia de instrucción para realizar la debida evaluación de la investigación y las pruebas recaudadas.
M. pidió celeridad en el trámite sancionatorio y le manifestaron que la mora en la adopción de una decisión se debía a la “alta congestión” de la dependencia, situación que les impedía cumplir los términos para la evaluación de los procesos disciplinarios.
Con lo anterior, la estudiante solicitó que se amparen sus derechos al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la justicia con enfoque de género, a la debida diligencia, a un recurso judicial efectivo, al derecho a vivir una vida libre de violencias y a la dignidad humana.
La Corte protegió los derechos al debido proceso, a la igualdad, a la vida libre de violencias, a la educación y a la dignidad humana de M. y recordó que las universidades tienen deberes dirigidos a proteger a las mujeres víctimas de violencia basada en género.
La Sala concluyó que, en el proceso disciplinario, la Universidad de Caldas incurrió en una dilación injustificada en el procedimiento disciplinario, que resulta incompatible con la obligación de “las autoridades y funcionarios competentes de investigar los casos de violencia contra la mujer bajo estrictos parámetros de celeridad y eficacia”.
Para la Corte, la falta de pronunciamiento durante varios meses, pese al término perentorio fijado por su normatividad interna y el impulso procesal de la víctima, constituye una violación flagrante del deber de diligencia reforzada, así como una revictimización de M.
Por lo anterior, la Corte le ordenó al Tribunal Disciplinario de la Universidad de Caldas que adopte una decisión que tenga en cuenta los estándares en materia de género, en especial, la imposibilidad de las instituciones de educación superior de omitir el desarrollo de actuaciones disciplinarias frente a conductas que, “por su extrema gravedad, no puedan ser desconocidas por el régimen interno de las instituciones educativas, como sucede con los casos de acoso, discriminación y violencia”.
Fuente: Sentencia T-010 de 2026
M.P. Miguel Polo Rosero
