El Senado de Colombia está a un paso de proteger y garantizar, por ley, los derechos de los discapacitados
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, alrededor del 15 % de la población mundial vive con alguna discapacidad y en Colombia se llega al 5.5 %.
La iniciativa pretende que Colombia se adhiera al “Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptado en Nueva York el 13 de diciembre de 2006”, un acuerdo internacional con el fin de fortalecer las acciones en favor de la protección y garantía de los derechos de las personas con discapacidad.
El Protocolo Facultativo establece un mecanismo de denuncias individuales de la Convención similares a los mecanismos de aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial.
Las partes se comprometen a reconocer la competencia del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para examinar quejas de individuos o grupos que afirman sus derechos en virtud de la Convención han sido violados.
Al proyecto colombiano solo le falta la discusión y votación en el último debate en el Congreso y estaría en la agenda de la plenaria del Senado, ya que se encuentra con ponencia favorable de los senadores Lidio García Turbay (Partido Liberal) y José Luis Pérez, (Cambio Radical).
El proyecto surge como resultado de la demanda global de las personas con discapacidad para que sus derechos humanos sean respetados en condiciones de igualdad.
En Colombia, la Convención fue aprobada mediante la Ley 1346 de 2009 y declarada exequible por la Corte Constitucional a través de la Sentencia C-293 de 2010. No obstante, el Protocolo aún no se encuentra vigente en el país, razón por la cual se espera que se aprueba el proyecto de ley en mención para que sea una realidad y se ponga en práctica en Colombia.
En la exposición de motivos del proyecto se menciona que la adhesión al Protocolo representa un paso fundamental para consolidar un marco de protección más sólido y articulado con el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026: “Colombia Potencia Mundial de la Vida”.
El proyecto fue presentado por el Gobierno Nacional en agosto del 2024 en la Secretaría General del Senado de la República y si es incluido en la normatividad permitirá que a mediano plazo se generen condiciones más favorables para responder de manera efectiva a las obligaciones derivadas de la adhesión al Protocolo Facultativo de la Convención, para beneficio de las personas discapacitadas.
En desarrollo de este compromiso, la Ley 2281 de 2023 creó el Ministerio de Igualdad y Equidad y, mediante el Decreto 1075 de 2023, se estableció su estructura orgánica y entre sus dependencias se encuentra la Dirección para la Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad, adscrita al Viceministerio de las Diversidades, lo que representa un avance institucional para atender de manera unificada a esta población.
