La Corte Constitucional logró un fallo histórico que exige un deber del Estado para ofrecer una respuesta prioritaria
El caso de vulneración extrema aplicó a una mujer trans, migrante, afrodescendiente, con VIH y presunta víctima de trata de personas.
Este caso podría ser la primera tutela de la Corte Constitucional en estudiar esta temática. La Corte concluyó que las entidades demandadas omitieron actuar de manera coordinada y con debida diligencia, lo que generó un desconocimiento de los derechos esenciales de la accionante y prolongó su situación de vulnerabilidad, en un contexto que exige comprender las particularidades de las mujeres trans migrantes solicitantes de asilo y garantizar medidas efectivas para restablecer su proyecto de vida.
El amparo se dirigió contra la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Comisión Asesora para la Determinación de la Condición de Refugiado (CONARE), la Alcaldía de Medellín y la Fiscalía General de la Nación.
En efecto, la mujer solicitó la protección de sus derechos. La omisión de las entidades en brindar una atención efectiva infringió los derechos de la mujer trans que se encontraba en grave vulnerabilidad. Migración Colombia y el Ministerio de Relaciones Exteriores también omitierón responder en plazo razonable, al no resolver oportunamente la solicitud de refugio presentada.
La Sala Tercera de Revisión constató que la accionante salió del país durante el trámite de revisión con regreso es incierto, si bien modificaron las condiciones iniciales en las que se presentó el amparo, tuvo una incidencia sobre las pretensiones de la acción.
Dada la gravedad de los hechos que originaron la tutela, la Sala encontró oportuno hacer un pronunciamiento de fondo para verificar si las entidades vinculadas incurrieron en acciones u omisiones.
La Corte analizó el caso concreto y concluyó que las omisiones de las entidades generaron la vulneración de derechos fundamentales y “tales omisiones reflejan fallas estructurales en relación con la atención a las mujeres transgénero migrantes que piden asilo en Colombia y que han sido víctimas de delito de trata de personas”.
La falta de debida diligencia de las instituciones generó que la situación de vulnerabilidad de Tatiana se prolongara en el tiempo, causando su desplazamiento por diferentes ciudades y, en últimas, su salida del país.
En virtud de ello, el Tribunal Constitucional dispuso declarar la carencia actual de objeto por situación sobreviniente.
Además, ordenó a la corporación Caribe Afirmativo, informar esta decisión a la Defensoría del Pueblo, en caso de que la víctima retorne al país, para que se designe un funcionario para acompañarla y asesorarla de manera que se garantice su efectiva inclusión en la oferta institucional disponible como presunta víctima del delito de trata de personas.
También ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores que priorice el estudio de la solicitud de refugio presentada por la accionante y que avance en la adopción de ajustes reglamentarios encaminados a fijar un término procesal para resolver las solicitudes de refugio e implementar de manera efectiva los criterios de priorización con enfoque diferencial en la tramitación de las solicitudes de refugio; y a Migración Colombia que adopte un protocolo de atención para personas LGBTIQ+ y víctimas del delito de trata de personas.
Fuente: Sentencia T-510 de 2025
Con información basada en columna de M.P. Lina Marcela Escobar Martínez
