El texto contempla medidas y deberes que promueven la convivencia y el buen trato en los establecimientos educacionales
La Cámara de Diputados aprobó el informe de comisión mixta, restando solo la ratificación del Senado para que la propuesta se despache a fase de promulgación.
DISCRIMINACIÓN
Un 72,1% de las denuncias recibidas por la Superintendencia de Educación son por situaciones de convivencia, donde una parte importante y creciente en el tiempo refieren a casos de discriminación.
Se evidencia la necesidad de avanzar en el establecimiento de herramientas para la comunidad escolar, con el objeto de mejorar la malograda convivencia escolar y nuevas atribuciones de la Superintendencia de Educación, como ente colaborativo en el proceso y fiscalizador. También respecto de la definición de nuevas tareas para el Estado y la propia comunidad.
Con este diagnóstico, dos mociones nacidas en la Cámara y un mensaje del Ejecutivo se hicieron cargo del tema, promoviendo un marco legal que regule y fomente la convivencia educativa al interior de los establecimientos educacionales.
EL PROYECTO
El proyecto entrega lineamientos a la comunidad escolar para propiciar un clima educativo de convivencia y buen trato. Así, se espera prevenir situaciones como el acoso, la violencia y la discriminación, dentro y fuera del establecimiento. Frente a vulneraciones de derecho, se insta a comunicarlo.
La iniciativa se revisó en la Cámara de Diputados de acuerdo al informe de comisión mixta que resolvió los puntos en conflicto con el Senado.
CONVIVENCIA EDUCATIVA
El texto establece una serie de deberes y tareas para el Estado en esta materia. Son deberes de los equipos docentes directivos de los establecimientos educacionales desarrollar en las aulas instancias de aprendizaje socioemocional que reconozcan y atiendan necesidades emocionales individuales y grupales de los estudiantes.
La idea es promover relaciones e interacciones inclusivas y participativas que fomenten la solidaridad, empatía, cohesión y consenso entre todos los integrantes de la comunidad educativa. Esto se realizará a través de prácticas y procesos de aprendizaje que se orientan a reconocer y resolver las diferencias y conflictos en forma pacífica y colaborativa. En este marco se atenderán siempre el bien común, así como el interés superior de niños, niñas y adolescentes.
AUTORIDAD PEDAGÓGICA
Se regula el derecho para los profesionales y asistentes de la educación a trabajar en ambientes seguros, libres de violencia, acoso y discriminación, donde se respete su autoridad pedagógica y se resguarde. Se llama a los establecimientos a velar por todas aquellas conductas constitutivas de acoso, violencia o discriminación entre los integrantes de la comunidad educativa. Adicionalmente, pasa a definir dichas situaciones y ordena la constitución de protocolos internos y otras acciones para enfrentarlas.
CONSEJO ESCOLAR
En cada establecimiento educacional que reciba subvenciones o aportes regulares del Estado existirá un Consejo Escolar. Su objetivo será estimular y canalizar la participación de la comunidad educativa en el proyecto educativo, promover la buena convivencia y el buen trato. Los establecimientos no obligados a constituir dichos consejos crearán un Comité de Buena Convivencia Educativa o una entidad similar.
Los reglamentos internos deberán abordar el tema de la convivencia educativa, también, la prevención del acoso, violencia y discriminación, junto con medidas, protocolos y acciones disciplinarias y de protección, según corresponda. Adicionalmente, se establecen sanciones por el incumplimiento de estas disposiciones.
PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL ESCOLAR
Se pretende crear el Programa de Bienestar Socioemocional Escolar. Su objeto será fomentar y promover el desarrollo de habilidades socioemocionales en los estudiantes que cursen desde tercero básico hasta tercero medio en los establecimientos educacionales dependientes de sostenedores que perciban subvenciones del Estado. Igualmente, se crearía el Consejo para el Bienestar Socioemocional Escolar y se determinan sus atribuciones y composición.
Finalmente, el proyecto pasó al Senado para su último trámite en el Congreso Nacional, previo a su despacho al Ejecutivo para su promulgación.
