Sala aprobó y despachó al Senado el proyecto de ley que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones para ampliar la garantía destinada a la compraventa de un bien raíz como, por ejemplo, en las compras en verde.
Proyecto amplía garantía también a bodegas y estacionamientos y al cumplimiento no solo de la entrega del bien raíz, sino también de las características ofrecidas y el plazo máximo para la entrega definitiva.
La norma surge a partir de los inconvenientes que subsisten para proteger a las personas que realizan una promesa de compraventa de un bien raíz en la modalidad conocida como compras en verde o en blanco.
La actual normativa (artículo 138 bis de la citada ley) aborda los casos donde los clientes anticipan parte o la totalidad del precio de un bien raíz a un agente inmobiliario y este cae en quiebra, insolvencia o no concluye el proyecto. En esta situación, dichos pagos se garantizan por medio de instrumentos privados autorizados ante notario y caucionados mediante póliza de seguro o boleta bancaria.
La disposición en trámite propone hacer extensiva la aplicación de esta norma a todo tipo de unidades vendibles, como bodegas, estacionamientos y/o terrenos urbanizados con destino habitacional.
El proyecto también propone que la garantía asegure el cumplimiento de las características del bien inmueble prometido. En ese sentido, otorga al futuro comprador el derecho a cobrar el monto total garantizado cuando estas se modifiquen de manera unilateral. Esto, sin perjuicio de aplicar las normas contenidas en la ley 19.496, sobre Protección de los Derechos de los consumidores.
Adicionalmente, que el vendedor deberá establecer en el contrato un plazo máximo para otorgar la compraventa definitiva. Dicho plazo podrá ser prorrogado de común acuerdo por una única vez.
Por último, si el contrato se celebra mediante firma electrónica o plataformas digitales, los notarios públicos deberán verificar la emisión y acompañamiento de la póliza de seguro o boleta bancaria, antes de autorizar el contrato de promesa.
El informe a la Sala lo entregó el diputado Juan Fuenzalida (UDI), autor de uno de los proyectos. A favor de la iniciativa se señaló que busca resguardar a la clase media y los problemas que enfrentan, especialmente los compradores de provincias o de menores recursos, para poder hacer exigibles sus derechos.
Garantía compras en verde
La modalidad de compras en verde permite a muchas familias obtener un mejor precio y un plazo para, por ejemplo, enterar el pie. No obstante, en ocasiones la ilusión de la compra se convierte en “un calvario” porque las empresas no cumplen, se demoran y prorrogan los contratos sin que los promitentes compradores puedan abandonar los proyectos y recuperar sus inversiones.
Asimismo, algunos diputados manifestaron que respaldan y valoran la intención del proyecto, pero creen que hay ciertas incertezas. Esto porque hoy la ley ya establece un sistema de garantías y procesos en materia de cláusulas abusivas, y habría que reforzar el cumplimiento de las normas de la ley del consumidor, entre otras.
Además, que incluir los terrenos urbanizados con destino habitacional puede generar el aumento del costo de los proyectos, los cuales probablemente se traspasarán a los compradores o encarecerán la adhesión a compras en verde.
