La Sala del Senado aprobó legislar para crear nuevo sistema de nombramientos judiciales con menor discrecionalidad
El Senado apoyó en general la iniciativa, pero se advirtió en el debate que es ineludible hacer modificaciones profundas para resolver de la mejor manera la separación efectiva de las funciones administrativas, jurisdiccionales y disciplinarias.
Se trata de una reforma constitucional que modifica el gobierno judicial y crea el Consejo de Nombramientos Judiciales, al aprobar de manera unánime, la idea de legislar sobre la iniciativa que cumple su segundo trámite en la Cámara Alta.
Ahora corresponde que sea analizada en particular para lo cual se abrió plazo hasta el 15 de enero de 2026 para presentar indicaciones.
Los principales objetivos de esta reforma constitucional son modificar el gobierno judicial y establecer un nuevo sistema de nombramientos judiciales; estatuir nuevos órganos autónomos encargados de la administración y gestión de los recursos de los tribunales que forman parte del Poder Judicial; dotar a la Fiscalía Judicial de atribuciones para velar por la conducta de los jueces, y crear un Tribunal de Conducta Judicial.
Los senadores estuvieron de acuerdo en que esta reforma es absolutamente necesaria para resolver los diversos problemas a los que se ha visto enfrentado el Poder Judicial en el último tiempo, pero advirtieron que tal como está planteada, es insuficiente por lo que se requieren cambios profundos.
Se valoró que en la iniciativa se generen cambios institucionales para abordar los temas administrativos, los jurisdiccionales y los disciplinarios de manera separada y que de ese modo se le resten ese tipo de funciones a los tribunales superiores de justicia, para que de ese modo se pueda dedicar a los temas jurisdiccionales.
Así mismo, se destacó la creación de un Consejo de Nombramientos Judiciales, pero se relevó la importancia de definir perfectamente quienes integrarán dicho organismo, pues la iniciativa llegó desde la Cámara Baja sin una composición definida. En la misma línea, se planteó que la conformación de este nuevo Consejo, debe quedar explicitada en la reforma constitucional y no en una ley, dada la relevancia que tiene esta materia.
También se planteó que tal como está propuesto el sistema de nombramientos, se mantienen espacios de «discrecionalidad» al mantener en este proceso la decisión del Ejecutivo, por lo que se indicó que es necesario «fortalecer un nombramiento que ojalá sea 100% técnico».
Durante el debate se señaló que «la confianza ciudadana en la justicia se encuentra en su nivel más bajo de la historia democrática» por lo que se requieren reformas profundas, y que la aprobación de la iniciativa sin un diseño integral que resuelva los problemas estructurales «puede terminar siendo un gesto y no una solución».
El actual sistema de nombramientos presenta «altos niveles de discrecionalidad» y que por otra parte hay una sobrecarga de funciones administrativas en los ministros de Corte que inciden negativamente en las funciones jurisdiccionales.
Finalmente, se destacó que todo lo que se pueda hacer para superar las complicaciones va en una línea correcta, pues se trata de un Poder del Estado que es crucial en la confianza ciudadana.
