El Tribunal General de la UE ha anulado una decisión de la Agencia de Cooperadores de los Reguladores de Energía (ACER) sobre la gestión de los mercados de electricidad. El asunto se remonta a un reglamento sobre la gestión de los mercados eléctricos aprobado por la Comisión Europea de 2015 y adoptado por ACER en 2019. La autoridad alemana BNetzA (REE alemana) la impugnó ante el Tribunal General que la anuló en el 2022. Pero en el 2023 ACER confirmó la decisión inicial y BNetzA volvió a recurrir.
La conclusión del Tribunal General es que ACER no podía imponer requisitos adicionales -como el análisis de eficiencia económica o evaluaciones de impacto- para determinar qué elementos debían incluirse en los cálculos de capacidad. Según la resolución de Luxemburgo basta con que un elemento esté significativamente influenciado por intercambios transfronterizos.
La sentencia recuerda que la exigencia europea es que se garantice un mínimo del 70% de capacidad disponible en el comercio transfronterizo. “Aplicar otros criterios como la eficiencia económica es irrelevante y jurídicamente no vinculante”, concluye Luxemburgo. “Una sentencia relevante porque acota el despliegue de las agencias europeas a su mandato al tiempo que refuerza el papel de los reguladores nacionales”, apunta Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas & Cusí, despacho especializado en derecho europeo.
No es la primera vez que el Tribunal General de la UE anula una decisión de ACER. En 2022 también dio la razón a Alemania frente a la extralimitación de ACER. “Pero esta vez afea que se extralimite en su mandato impidiendo que pueda ampliar su capacidad sin legitimidad”, explica Navas.
España está fuera de la región regulada por ACER pero la resolución puede ser relevante para las interconexiones con Francia y Portugal; España está interesada en ampliar la capacidad. “Además, la resolución da más margen a REE y a la CNMC en su interlocución con Bruselas”, apunta el experto en derecho europeo.
En opinión de Navas, la resolución del Tribunal General refuerza la seguridad jurídica ante la previsibilidad regulatoria, pero también abre la puerta a impugnar decisiones de ACER o de otras agencias europeas. “La tentación de extralimitarse en su mandato existe y Luxemburgo ha sido firme y contundente”, concluye el socio-director de navascusi.com
