Huelva.- WWF ha calificado de «totalmente inadmisible» que sigan sin ejecutarse las obras hidráulicas clave para el abastecimiento de Matalascañas, en Almonte (Huelva), con aguas superficiales que vendrían a contribuir a la mejora del acuífero que surte de agua a Doñana.
En declaraciones a EFE, Juanjo Carmona, portavoz de la Oficina Técnica de WWF en Doñana, se ha referido al anuncio del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) de someter a evaluación ambiental el proyecto de reorganización del abastecimiento de agua a Matalascañas tras considerar que el proyecto podría generar efectos adversos significativos sobre el medio ambiente de Doñana.
Carmona ha recordado que hace cinco años que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) condenó a España por no proteger a Doñana y casi tres de que fue declarado de interés general mediante el Real Decreto Ley 4/23 la obra de abastecimiento de este núcleo costero que preveía el aporte de recursos desde la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Palos de la Frontera para sustituir las extracciones subterráneas que secan el acuífero.
«Es una obra de utilidad pública que cuenta con el apoyo de todos los implicados. Por ello, que no se haya puesto en marcha aún, que no estén las máquinas en el terreno después de todo este tiempo, es totalmente inaceptable», ha aseverado Carmona.
WWF ha rechazado frontalmente la intención de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) de trasladar los actuales pozos de extracción dentro del entorno de Matalascañas en lugar de clausurarlos, ya que, según el portavoz, esta medida es un «mero traslado del problema» y un «aplazamiento» que podría dañar otros ecosistemas.
«Sería intentar mejorar las lagunas empeorando otro tipo de ecosistemas de Doñana. La solución no es maquillar la cuestión; la solución la tiene el Miteco (Ministerio para la Transición Ecológica) ejecutando la obra de interés general», ha señalado, recordando que el Estado tiene potestad para realizar una «expropiación forzosa de urgencia» dada la gravedad ambiental.
Desde la organización instan a la responsabilidad compartida entre el Ministerio, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Almonte para evitar que la Comisión Europea solicite multas coercitivas al TJUE por el incumplimiento de la sentencia de 2021.
«La resistencia de las administraciones a colaborar puede conducir a que España sea multada por no querer cumplir la sentencia. Hay que traer ya el agua superficial a Matalascañas, no podemos seguir esperando», ha concluido Carmona. EFEverde
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