Pontevedra, 29 sep (EFE).- Tres colectivos han anunciado este lunes el inicio de acciones legales conjuntas ante el proceso de concesión de aguas por parte de la Xunta de Galicia para la fábrica que la multinacional Altri proyecta en Palas de Rei (Lugo).
Así lo han avanzado representantes de la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega), de la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA) y del sindicato CIG en una rueda de prensa celebrada en el municipio pontevedrés de Vilagarcía de Arousa.
La polémica macroplanta de Lugo sigue adelante pese a «quedarse sin luz»
En concreto, han presentado un recurso contencioso-administrativo contra la denegación del recurso de alzada que pedía archivo del expediente de solicitud de concesión de aguas para Altri por haber transcurrido el plazo máximo legal sin que la Xunta lo haya resuelto.
El reglamento, según han explicado los portavoces de estos colectivos, fijaba un plazo máximo de 18 meses para resolver la petición de Altri, que estimaba captar unos 46.000 metros cúbicos de agua al día, tras los cuales la solicitud debía entenderse por desestimada.
Para Adega, PDRA y CIG, este plazo concluyó el 30 de mayo de 2024, por lo que reclamaron a Aguas de Galicia que declarara la caducidad del procedimiento, pero el organismo lo desestimó, lo que a juicio de estos colectivos implica «que puedan resolver fuera de plazo».
Perjuicio al interés público
Las entidades recurrentes consideran que esta demora causa «inseguridad jurídica» y un perjuicio al interés público, ya que el caudal solicitado por Altri había sido hasta ahora dedicado a usos ambientales y de abastecimiento, un objetivo «contrario» al de la pastera.
En su intervención, el secretario general del sindicato CIG, Paulo Carril, ha lamentado el «intento obstinado» de la Xunta en seguir manteniendo abierto este expediente a pesar del «masivo y unánime» clamor social contra un proyecto «que debería estar desterrado».
«Nos negamos a que estos recursos sean expropiados y que se haga negocio con ellos a costa de provocar no solo un desastre social, sino también la ruina de los sectores económicos y productivos», ha señalado Carril, para quien el agua debe estar «bajo control público».
El río Ulla, del que se nutriría la fábrica de Altri, es para el dirigente nacionalista el «símbolo del expolio y de la depredación» de unos recursos naturales» que, según ha añadido, el PP y la Xunta de Galicia «pretenden ponerlos al servicio del capital».
Todo este proceso cuenta, según han explicado sus impulsores, con el apoyo de una veintena de colectivos de la ría de Arousa, entre ellos siete cofradías de pescadores y de «todo» el sector productivo que engloba a mariscadores y mejilloneros.
«Lo que estamos haciendo es defender la calidad de nuestras aguas», ha señalado por su parte el presidente de la PDRA, Xaquín Rubido, que ha reiterado que el caudal que procede del Ulla es «fundamental» para la supervivencia de la ría de Arousa.
La calidad del agua sería «mucho peor» si Altri captase 46.000 metros cúbicos diarios y devolviesen al río 30.000 de ellos «contaminados con 65 toneladas de químicos», lo que supondría la «estocada final» para el sector del mar.
El Gobierno gallego seguirá cumpliendo los trámites
En la rueda de prensa tras el Consello de la Xunta, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha rechazado que el Gobierno autonómico lleve retraso en la tramitación de la autorización ambiental integrada (AAI), tras otorgarle en el mes de marzo la declaración de impacto ambiental (DIA) favorable a este proyecto de macroplanta de fabricación de celulosa a partir de fibra textil.
Rueda ha justificado que aún se están conociendo noticias «bastante condicionantes» del futuro de este proyecto, como la «decisión política» del Gobierno central de dejarlo sin fondos públicos y sin la conexión a la red eléctrica que precisa. A partir de aquí, será la empresa la que «tendrá que evaluar» lo que va a hacer, si «hacer alegaciones o tomar determinaciones».
La Xunta está siguiendo el proceso que marca la normativa, ha asegurado, y solo queda la AAI , pero, «si en el camino la empresa toma otras decisiones, ya no tendrá sentido» continuar esta tramitación; de lo contrario, el Gobierno gallego «seguirá cumpliendo los trámites».
n todo caso, Rueda ha situado el foco no en la autorización pendiente de la Xunta, sino en la responsabilidad del Ejecutivo central desde el que «ya se dijo que el proyecto es inviable porque no va a tener conexión», ha considerado sobre una decisión que se ha adoptado «sin ninguna explicación».
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