El pasado noviembre de 2024, la Ley de Residuos y Suelos Contaminados activó un plazo de dos años para implantar el sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR) en España. Esta medida no surge por capricho: es la respuesta a un hecho incontestable, el incumplimiento reiterado de los objetivos de reciclaje.
Hoy, un año después, el sector reconoce públicamente que no llegará a tiempo y se está flexibilizando el calendario bajo el paraguas de la normativa europea. Pero retrasar la Ley no es un simple ajuste técnico, es frenar la transición hacia una economía verdaderamente circular.
Sistema actual insuficiente
Los datos hablan por sí solos. España apenas recoge selectivamente el 41% de los envases que pone en el mercado, muy lejos del 70% exigido por la normativa europea.
El sistema actual, basado en el reciclaje voluntario y la gestión municipal, ha demostrado ser insuficiente. Cada envase que no se recupera acaba en vertederos, incineradoras o, en el peor de los casos, en entornos naturales.
Este fracaso no solo tiene consecuencias ambientales, sino también económicas y sociales: desde el desperdicio de recursos, hasta la pérdida de competitividad o la erosión de la confianza ciudadana en las políticas verdes.
El SDDR es una herramienta probada para revertir esta situación. Su funcionamiento es sencillo: el consumidor paga un pequeño depósito al comprar una bebida y lo recupera al devolver el envase en un punto habilitado. Este incentivo económico dispara las tasas de retorno, que en países como Alemania o Noruega superan el 90%.
No se trata de una innovación futurista, sino de una solución que lleva décadas funcionando con éxito en Europa. Implementarlo en España no es una opción, es una obligación legal y una oportunidad estratégica.
¿Por qué España fijó un calendario más exigente que el europeo? Porque partimos de una situación más crítica. Mientras otros países han avanzado hacia modelos circulares, aquí seguimos anclados en un sistema que no cumple sus objetivos.
La Ley española quiso corregir ese desfase con plazos más ambiciosos, conscientes de que la inacción tiene costes crecientes. Relajar ese calendario significa prolongar un modelo agotado que ya ha demostrado su ineficacia y enviar un mensaje preocupante: que los compromisos ambientales son negociables.
Las consecuencias de este retraso son múltiples
En primer lugar, ambientales: cada año sin SDDR supone millones de envases fuera del circuito circular, más emisiones y más presión sobre los ecosistemas.
En segundo lugar, económicas: posponer la inversión en infraestructuras y tecnología resta competitividad a las empresas que apuestan por la sostenibilidad y frena la innovación en el sector.
Y, en tercer lugar, sociales: la ciudadanía percibe incoherencia entre los discursos políticos y las acciones reales, lo que erosiona la confianza en la transición ecológica.
Ejemplos internacionales exitosos
Los ejemplos internacionales demuestran que el cambio es posible. Alemania implantó el SDDR hace más de dos décadas y hoy recupera más del 98% de sus envases de bebidas. Noruega, con un sistema similar, ha logrado reducir drásticamente la presencia de plásticos en entornos naturales.
Incluso países mediterráneos como Portugal han iniciado la transición con resultados prometedores.
España no puede permitirse quedar rezagada en esta carrera, porque cada año de retraso supone más residuos, más contaminación y más pérdida de oportunidades económicas.
No podemos olvidar que la economía circular no es solo un concepto teórico, sino un modelo que requiere decisiones valientes y coherentes.
Retrasar la Ley de Envases es perpetuar un sistema lineal basado en usar y tirar, justo lo contrario de lo que necesitamos para cumplir los objetivos climáticos y de reducción de residuos que contempla la Agenda 2030.
Además, supone desaprovechar una oportunidad para generar empleo verde, dinamizar la industria del reciclaje y posicionar a España como referente en sostenibilidad.
La transición hacia una economía circular exige liderazgo. No basta con fijar metas en los papeles; hay que garantizar que se cumplen.
Corregir el modelo actual
El SDDR no es la panacea, pero sí una pieza clave para cerrar el círculo en la gestión de envases. Cada día que pasa sin su implantación es un día perdido en la lucha contra la contaminación y el despilfarro de recursos.
Y cada día que se retrasa, aumenta la brecha entre lo que prometemos y lo que realmente hacemos.
Por todo ello, es urgente que el sector asuma su responsabilidad. La flexibilidad no puede convertirse en excusa para la inacción.
España tiene la oportunidad de corregir un modelo fallido y alinearse con las mejores prácticas europeas.
Retrasar la Ley de Envases no solo es un error estratégico; es un retroceso en la construcción de un futuro más sostenible.
Y en esa transición, no hay tiempo que perder.
Meritxell Hernández es CEO de Roll’eat y experta en sostenibilidad.
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