Por Diego Kersting
En agosto, el Gobierno español dio un duro golpe a los pequeños pescadores y el planeta al recortar en un 40 % la financiación para las reservas marinas del país. La merma de fondos críticos llega en un momento de precariedad: los ecosistemas marinos tanto en España como en el resto del mundo se encuentran ya bajo una creciente presión a causa de la pesca excesiva y el calentamiento oceánico. Ahora, con la reducción presupuestaria, partes de las reservas españolas enfrentarán periodos sin guardas, lo cual las dejará particularmente vulnerables a la pesca ilegal.
Durante casi cuatro décadas, el Gobierno español ha invertido en la conservación de sus áreas marinas y la regeneración de los recursos pesqueros. Y por una buena razón: estas reservas son esenciales para la conservación de los ecosistemas marinos, con beneficios para la pesca local a pequeña escala. Al fijar límites y permitir la regeneración de sectores del mar, las reservas marinas desalientan la pesca destructiva por parte de gigantes industriales y reponen las existencias piscícolas para quienes dependen del mar desde hace generaciones.
Reservas marinas de pesca, inversión rentable
Las reservas marinas son una inversión rentable: cada euro invertido produce diez euros en resultados económicos. A diferencia de los «parques de papel» de otros sitios del mundo, que solo existen en la teoría, las reservas marinas de España han sido por mucho tiempo la referencia internacional en protección eficaz, gracias al trabajo dedicado de su equipo de guardas profesionales.
Pero este recorte presupuestario pone todo esto en riesgo. Por otra parte, va en contra de los valores y los compromisos de España. Hace tres años, se comprometió públicamente a proteger para la biodiversidad el 30 % de su tierra y su mar antes del 2030. Y a inicios del año, se convirtió en el primer país europeo en ratificar el Tratado de Altamar de las Naciones Unidas, que someterá las aguas internacionales a mayores protecciones cuando entre en vigor, el 1 de enero de 2026. El liderazgo del país en temas de conservación global debe extenderse a sus propias aguas.
El severo recorte presupuestario para las reservas marinas de España no tiene justificación. Desde el anuncio en agosto, más de 220 científicos que trabajan en el estudio, la protección y la conservación de los ecosistemas marinos han firmado una carta en rechazo. Fue enviada al presidente Sánchez y a Luis Planas Puchades, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, a inicios de octubre.
El MAPA afirma que los recortes presupuestarios forman parte de una «actualización del modelo de gestión» que transferirá las responsabilidades de monitoreo y vigilancia de los equipos actuales de guardas a los Inspectores de Pesca Marítima del Estado. Esta decisión ignora las importantes y valiosas contribuciones de los guardas de las reservas, a la vez que ejerce una presión adicional sobre los inspectores pesqueros, quienes ya tienen una gran carga de trabajo y responsabilidades y no pueden patrullar las reservas a diario como lo hacen los guardas.
El intento de justificar aún más este cambio en la gestión mediante el uso de nuevas tecnologías, como el monitoreo satelital y las cámaras inteligentes para prevenir la pesca furtiva, también es insuficiente. Estas herramientas pueden y deben utilizarse para mejorar y complementar las labores de vigilancia, pero no deben reemplazar la vigilancia realizada por los guardas en el mar, que ha sido clave para garantizar la protección efectiva de nuestras aguas.
También en EE.UU.
Pero el problema no es exclusivo de España. A principios de este año, el Gobierno de los Estados Unidos comenzó a permitir la pesca comercial en un millón de kilómetros cuadrados del Monumento Nacional Marino de las Islas Remotas del Pacífico. Y otras iniciativas para proteger áreas marinas enfrentan papeleos burocráticos y una falta generalizada de comprensión sobre los beneficios de estas protecciones.
Es un desafío global. Actualmente, solo el 8 % del océano del mundo está sujeto a alguna forma de protección y, de ese 8 %, solo el 3 % está sometido a un nivel alto de protección, que ofrece la defensa más eficaz contra la pesca ilegal. Esto está por debajo de la meta del 30 % antes de 2030 que España, junto con otras 190 naciones, acordó en la cumbre sobre biodiversidad de la ONU realizada en Montreal en 2022.
Queda un largo camino por delante, pero sabemos cómo llegar. Las investigaciones han hallado que, para lograr esa meta de proteger el 30 % del océano para el 2030, se requieren aproximadamente 190 000 nuevas pequeñas áreas marinas protegidas costeras y 300 grandes en alta mar. Si destinamos estas áreas marinas protegidas en aguas cercanas a las costas —donde la pesca excesiva es más prevalente—, podremos ser especialmente eficaces en la protección de la biodiversidad. Y sabemos que las áreas protegidas funcionan mejor cuando la protección es plena, lo cual demanda no solo control, sino también el patrullaje constante para garantizar el cumplimiento. Pero para ello se necesitan fondos.
Lo que nos lleva de regreso a España. El MAPA ha afirmado que su nueva estructura de gasto permitirá la creación de nuevas reservas marinas, pero esos esfuerzos serán en vano si el resultado es que estas reservas tendrán menos guardas, protecciones más débiles y una mayor vulnerabilidad a la pesca ilegal y otras actividades dañinas. Solo con esta decisión, el Gobierno de España corre el riesgo de deshacer décadas de progreso que transformaron al país en líder mundial en protección marina.
Instamos al Gobierno español que dé marcha atrás en esta decisión y esté a la altura de su legado de casi 40 años de apoyo a la conservación marina. Porque la protección marina funciona, e invertir en el mar nos beneficia a todos.
Diego Kersting (Investigador)
Ilustración de Juan López Rico para la bitácora en EFEverde «Viva la bagatela»
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