La Haya.- La Justicia neerlandesa considera que Países Bajos no ha hecho lo suficiente para proteger a sus ciudadanos de la isla caribeña de Bonaire frente a los efectos del cambio climático y que los ha tratado injustificadamente de manera distinta a la población del territorio europeo del país, en contra del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH).
En respuesta a una demanda iniciada por la organización ecologista Greenpeace, un tribunal de distrito de La Haya ha ordenado al Estado incorporar en un plazo de 18 meses objetivos vinculantes en la legislación nacional para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en toda la economía.
Además, para el año 2030 debe aplicar un plan detallado para proteger la isla frente al aumento del nivel del mar, la degradación de los arrecifes de coral y otros impactos del cambio climático.
La vulnerabilidad de las islas
La Corte subrayó que las pequeñas islas caribeñas son especialmente vulnerables al cambio climático por su ubicación, escala y dependencia económica, y la falta de protección vulnera los artículos 8 y 14 del CEDH y el Protocolo 12, al no garantizar una protección efectiva de la vida privada y familiar y al incurrir en discriminación contra los residentes del Caribe neerlandés.
Países Bajos mantiene vínculos constitucionales con varios territorios caribeños, entre ellos Aruba, Bonaire y Curasao.
Bonaire, la mayor isla del Caribe neerlandés, cuenta con unos 26.000 habitantes, y su zona sur, con salinas y manglares, es baja y vulnerable a inundaciones.
Una parte significativa de su población vive en situación de pobreza, con una economía dependiente en gran medida del turismo.
Los riesgos
La sentencia enumera riesgos crecientes de inundaciones por tormentas tropicales y lluvias extremas, impactos en la salud pública por estrés térmico e inseguridad alimentaria, deterioro de ecosistemas clave -manglares, salinas y arrecifes de coral-, amenazas al patrimonio material e inmaterial y daños a infraestructuras situadas en zonas costeras.
Además, en materia de mitigación, el tribunal consideró que la normativa neerlandesa no cumple en puntos clave los estándares mínimos acordados en el marco de la ONU tras el Acuerdo de París.
Asimismo, señaló que los cálculos nacionales no incluyen todas las fuentes de emisión, como la aviación y el transporte marítimo, y que la probabilidad de alcanzar los objetivos de 2030 (una reducción del 55 % respecto a 1990) con las medidas actuales es de menos del 5 %.
Décadas de inacción
Sobre la adaptación, la Justicia afirmó que el Estado no actuó a tiempo pese a que desde hace décadas se conoce la especial vulnerabilidad de Bonaire y lamentó un trato desigual, subrayando que las diferencias geográficas y climáticas no justifican medidas más tardías que para el territorio europeo, cuando la isla sufre los efectos climáticos antes y con mayor intensidad.
Esta victoria de Greenpeace se suma a la lograda en 2019 por el grupo activista climático Urgenda contra el Estado neerlandés, con una sentencia histórica que obligó al Estado a reducir sus emisiones para finales de 2020 en un 25 % respecto a 1990.
Además, en julio del año pasado, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) concluyó, en una opinión legal sin precedentes, que los tratados climáticos establecen “obligaciones vinculantes” para “adoptar medidas” contra el cambio climático y “garantizar el disfrute efectivo de los derechos humanos”, y lo contrario sería un “acto ilícito” que podría dar lugar a una “reparación”.EFE
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