Madrid (EFEverde) – La pérdida de biodiversidad avanza, con poblaciones de fauna silvestre que han disminuido hasta un 73 % en los últimos 50 años, según el informe Planeta Vivo de WWF. Para abordar este desafío, expertos proponen los pagos por servicios ambientales (PSA), un mecanismo que reconoce y retribuye los beneficios que la naturaleza aporta a diversos sectores económicos.
Para sensibilizar sobre la protección de la biodiversidad, el Día Mundial de la Vida Silvestre (3 de marzo) conmemora la adopción de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). Este año, el énfasis está en la financiación de su conservación con el lema «Financiación de la conservación de la vida silvestre: Invertir en las personas y el planeta«.
Pago por servicios ambientales
Entre los los enfoques que cobran fuerza para cerrar la brecha de financiación está el pago por los servicios ambientales, es decir, valorizar los aportes de la naturaleza en la sociedad. Algunos ejemplos incluyen el suelo para la agricultura, el agua para las ciudades, los polinizadores para la seguridad alimentaria y los bosques para el almacenamiento de carbono.
“Es fundamental reconocer el valor de la naturaleza, pero no se debe poner un precio” explica a EFEverde Enrique Segovia, director de conservación de WWF, “porque al final la gente puede pagar ese precio por deteriorarla”.
Asimismo, “la idea central es que los beneficiarios externos de los Servicios Ambientales paguen, de manera directa, contractual y condicionada, a los propietarios y trabajadores locales por adoptar prácticas que aseguren la conservación y restauración de ecosistemas” destaca Blanca Rodríguez-Chaves Mimbrero, profesora titular de derecho administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid.
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¿Qué son los pagos por servicios ecosistémicos?
Los Pagos por Servicios Ecositémicos o PSA no tienen un único mecanismo de pago, ya que pueden gestionarse a través de entidades privadas o públicas mediante mercados, donaciones, subsidios o impuestos. Su administración suele recaer en empresas que prestan servicios esenciales, como el abastecimiento de agua.
Para definir un esquema de pago, se identifican dos elementos: el costo de proveer los servicios ecosistémicos y la demanda de estos, explica a EFEverde el responsable y profesor del Grupo de Economía Ambiental y Recursos Naturales (ENR) de la Universidad de Wageningen, Francisco Alpízar. El costo implica saber exactamente qué efectos tiene proteger una zona para la capacidad del productor de generar ingresos. Es decir, acordar la rentabilidad anual de ese espacio, pues “como mínimo, toca pagarle eso al productor al pedirle que deje de producir allí” indica Alpízar.
El segundo elemento, el estudio de la demanda, determina cuánto estarían dispuestas a pagar las personas en sus facturas para garantizar que el agua, la electricidad y los alimentos provengan de una zona protegida mediante PSA.
Alpízar diferencia los impuestos ambientales y los PSA, que penalizan la contaminación. En cambio, los Pagos por Servicios Ecosistémicos incentivan prácticas sostenibles que incrementan los servicios ambientales y reconocen el papel de los cuidadores locales, quienes “deben ser retribuidos por ese esfuerzo”.
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Implementación
Segovia destaca como un ejemplo de cooperación publico-privada, la Alianza por los Servicios Ecosistémicos de Castilla-La Mancha, puesta en marcha en esta comunidad en 2023 para conocer el valor de los servicios que prestan los espacios naturales al bienestar de la ciudadanía.
Por su parte Rodríguez-Chavesa apunta que “disponemos de una regulación más que suficiente para aplicar la figura de los Contratos Territoriales y de la Custodia del Territorio» y que «solo falta un poco de voluntad política” pues su uso -reconoce- sigue siendo marginal en el país.
En Latinoamérica estos esquemas se han desarrollado con mayor éxito, especialmente los enfocados a la gestión de recursos forestales e hídricos. Desde programas nacionales en México (CONAFOR) y Costa Rica (FONAFIFO), hasta iniciativas locales como en Brasil o Colombia. Rodríguez-Chaves destaca que la adaptabilidad de los PSA a las diversas formas de gestión locales ha sido clave para su éxito en la región.
Financiar y proteger a la vida silvestre
Segovia señala que los pagos por servicios ecosistémicos son un modelo para poder financiar la conservación, la cual requiere recursos para la gestión de los espacios, el seguimiento de las especies, la recuperación y restauración de la naturaleza.
Como caso de éxito, menciona el caso del lince ibérico, una especie vulnerable que recientemente pasó de estado crítico a especie vulnerable. Ello ha sido posible porque “llevamos 25 años trabajando con proyectos, fundamentalmente con proyectos LIFE (de co financiación de la Unión Europea) para recuperar sus territorios y con un plan de cría en cautividad” recuerda el director de conservación de WWF.
A pesar de producirse avances, el informe de WWF advierte que América Latina y el Caribe han perdido el 95 % de su fauna silvestre en 50 años, con el cambio climático y la degradación de hábitats como principales causas. América del Norte (39 %) y Asia-Pacífico (60 %) también han sufrido fuertes descensos, principalmente por la contaminación. A nivel global, la mayor amenaza es la transformación de ecosistemas para la producción de alimentos, seguida de la sobreexplotación, especies invasoras y enfermedades.
La reciente aprobación del Fondo de Cali en la COP-16 representa un avance clave. Este mecanismo financiero, que involucra al sector privado, busca cerrar la brecha de financiación de la biodiversidad a través de una arquitectura financiera que gestione nuevos instrumentos económicos para la conservación del planeta. EFEverde
vlp/al
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