Ana Tuñas Matilla
Iberdrola, Endesa y Naturgy quieren dar marcha atrás en el plan de cierre de centrales nucleares pactado en 2019 con Gobierno y sindicatos para, aseguran, garantizar la seguridad del suministro eléctrico, mientras otras voces alertan de que lo hacen solo por cuestiones económicas y para mantener su posición de oligopolio en el mercado eléctrico.
En el marco del diseño del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), se acordó el cierre progresivo de los reactores atómicos en función de su vida útil y mientras se avanzaba en la transición ecológica con la entrada de renovables y el desarrollo de tecnologías, como el almacenamiento, para darles respaldo y asegurar el suministro.
Para hacer de bisagra en la transición a un mix eléctrico cien por cien renovable, se optó por los ciclos combinados de gas, que pueden conectarse rápidamente a la red para entrar cuando no hay renovables y presenta mucha más flexibilidad que una nuclear, que, además de un elevado riesgo en caso de accidente (Chernóbil, Fukushima, Kyshtym, Windscale o Tokaimura), genera residuos altamente radiactivos que hay que almacenar durante miles de millones de años.
Según el calendario pactado, la primera en cerrar sería Almaraz I (Cáceres), el 1 de noviembre de 2027, mientras que Almaraz II lo haría el 31 de octubre de 2028. En 2030, sería el turno de Ascó I (Tarragona) y Cofrentes (Valencia); en 2032, el de Ascó II, y en 2035, el de Vandellós II (Tarragona) y Trillo (Guadalajara).
Actualmente, en todo el mundo, hay 416 reactores repartidos en solo 32 países y, que se sepa, se están construyendo 62 en 16 naciones.
Hasta 2030
En el tiempo de descuento para solicitar la ampliación, las propietarias de Almaraz I, Iberdrola (53 %), Endesa (36 %) y Naturgy (11,3 %) -las tres se reparten todo el parque nuclear-, han anunciado su intención de pedir la prórroga del reactor hasta 2030, sin que haya trascendido si la condicionarán a una rebaja de la carga fiscal que soportan las plantas atómicas y que llevan años reclamando para poder ser competitivos.
Según fuentes conocedoras de su posición, pedirán la prórroga por su compromiso con la seguridad del suministro, que, defienden, ha quedado en entredicho tras el apagón del 28 de abril, y porque la situación geopolítica ha cambiado mucho desde 2019, provocando un encarecimiento del gas que repercute en el precio de la electricidad, restando competitividad a la industria y elevando la factura de los hogares.
Además de defender que producen electricidad sin emitir gases de efecto invernadero y, por tanto, no contribuyen al calentamiento global, sostienen que son una fuente firme, síncrona y estable de electricidad, que no depende de las condiciones meteorológicas y que, por tanto, aporta estabilidad y regulación al sistema eléctrico nacional.
En su opinión, la falta de la sincronía que aporta esta tecnología fue una de las causas que provocaron el apagón (ese día había mucha renovable y poca nuclear), que se produjo tras la desconexión súbita de planta fotovoltaicas en el suroeste de España (Extremadura y Andalucía).
Según el informe técnico elaborado por la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (Entso-E), el apagón se debió a una «cascada de sobrevoltaje» iniciada en el sur que en minutos se expandió por España y Portugal. «El problema no es que hubiera renovables sino que necesitamos generación que tenga control de voltaje (tensión). La buena noticia es que se puede hacer del mismo modo que en la generación clásica», explicó en su día el presidente de Entso-E, Damián Cortinas
Desconectan desde 2023
El 28 de abril, estaban parados cinco de los siete reactores de España, entre ellos, Almaraz I. Desde 2023 y a excepción de las paradas programadas para recarga o mantenimiento, las nucleares han ido parando por la caída de rentabilidad que provoca la bajada de precios en el mercado eléctrico que conllevan las renovables, con muchas horas a cero euros por megavatio hora e, incluso, precios negativos.
Aunque es cierto que la nuclear aporta estabilidad y potencia síncrona en momentos de alta demanda o baja generación renovable (como en verano o noches sin viento), sin embargo, su falta de flexibilidad la convierte en una tecnología menos eficiente en un mercado con alta penetración renovable, ha explicado el analista de mercados de Grupo ASE, Juan Antonio Martínez.
En el contexto actual, ha subrayado, los ciclos combinados y las propias renovables pueden cubrir gran parte de la demanda eléctrica y asumir sin dificultad la producción de una central como Almaraz.
«Sin ir más lejos, el sistema está operando esta semana con cinco nucleares, evidenciando que está preparado para trabajar sin parte de la nuclear sin comprometer su seguridad», ha subrayado el experto, que ha insistido en que España dispone de suficiente capacidad flexible de respaldo, gracias a los ciclos y, en menor medida, a la hidráulica, capaces de adaptarse rápidamente a la variabilidad renovable.
Muchos países operan sin nuclear
Países como Alemania, Italia o Reino Unido, ha recordado Martínez, operan sin energía nuclear y no presentan problemas de seguridad de suministro, a lo que ha añadido que apostar por un modelo renovable favorece la competencia, reduce la concentración del mercado, pues esta tecnología está en manos de muchos operadores (incluso de los ciudadanos), y proporciona precios más baratos.
Por contra, prorrogar la vida de las nucleares puede desincentivar el apetito inversor en renovables y en tecnologías de almacenamiento, como las baterías o el bombeo, llamadas a desempeñar un papel esencial en el desarrollo más eficiente y competitivo del sistema eléctrico, ha advertido.
En cualquier caso, ha añadido, la vida de las nucleares es limitada y el sistema estará obligado, tarde o temprano, a sustituirlas por otras tecnologías.
«La decisión de prorrogar Almaraz podría tener un alto coste para las eléctricas y los contribuyentes y que España pierda el tren de los países que están acelerando la inversión en baterías y nuevas tecnologías», ha aseverado.
Cuello de botella para las renovables
Desde Greenpeace, Francisco del Pozo ha explicado que las nucleares deben cerrar progresivamente por el peligro que conllevan (accidente, residuos o riesgos en el suministro de uranio) y porque ocluyen el camino a la transición: suponen un cuello de botella a la hora de generar con renovables.
Una nuclear tarda horas en subir y bajar su potencia, arrancarla y pararla es complejo y conlleva riesgos, eso obliga a que entre de base y que se tengan que quedar fuera otras tecnologías, como ocurre en el eje Extremadura-Madrid, donde el funcionamiento de Almaraz obliga a que muchos parques eólicos y fotovoltacios se tengan que desconectar.
«Eso desalienta la inversión en renovables y almacenamiento. El tándem nuclear-renovables no funciona bien y por eso es un error extender su vida útil. Es una absurda lucha económica que va en contra de los intereses de los ciudadanos. Prorrogar Almaraz mandará una señal equivocada al mercado», ha añadido.
Ademas, alargar la vida útil de las plantas más allá de los 40 o 50 años para los que fueron diseñadas requiere de elevadas inversiones para garantizar su seguridad, así como tener que almacenar más residuos para los que no contamos con instalaciones adecuadas (pagamos a Francia una factura millonaria por almacenar temporalmente los de Vandellós I y el resto se almacena en las propias centrales en almacenes supuestamente temporales), ¿quién va a pagar eso?, se ha preguntado.
En la misma línea, la Fundación Renovables, que considera que la nuclear no solo es innecesaria para alcanzar los objetivos de descarbonización, sino que representa una carga insostenible: genera deudas futuras, depende de combustibles extranjeros, produce residuos radiactivos y perpetúa un oligopolio energético que frena el despliegue masivo de renovables.
Además, según ingenieros consultados, las renovables también pueden dotarse de inercia y sincronicidad, algo para lo que ya existe tecnología pero que hasta ahora no se ha exigido a solar ni eólica.
¿Qué gravámenes pagan y para qué?
En reiteradas ocasiones, las propietarias de las centrales nucleares han cargado contra la presión fiscal que soportan (impuestos y tasas) y que, en un contexto de bajada de precios por las renovables, hacen que no sean rentables.
Por ello, para seguir operando, han reclamado que se rebaje esa carga fiscal, en su mayoría competencia del Gobierno central y autonómica y que, en algunos casos, denuncian, es redundante.
Entre las figuras que gravan su actividad figuran la tasa Enresa (para cubrir los costes de su futuro desmantelamiento y la gestión de los residuos) e impuestos para cubrir el coste que supone almacenar los residuos radiactivos que generan.
Además, algunas autonomías con centrales nucleares las gravan con las denominadas «ecotasas».
Extremadura (Almaraz), donde gobierna el PP (defensor de la continuidad de nuclear), ha anunciado que la rebajará un 50 %, y Valencia (Confrentes), también gobernada por los populares, que la suprimirá. Cataluña (Ascó y Vandellós) no se ha pronunciado al respecto y Castilla La Mancha (Trillo), no dispone de esta figura.
¿Qué dice el Gobierno?
Tras conocerse la intención de Iberdrola, Endesa y Naturgy, fuentes del Ejecutivo han insistido en que para estudiar una prórroga existen «tres líneas rojas»: que se garantice la seguridad de los ciudadanos desde una perspectiva radiológica, que no suponga un mayor coste para consumidores ni contribuyentes y que sea conveniente para garantizar la seguridad de suministro.
Hasta el momento, las empresas han condicionado la petición de prórroga a una rebaja de las cargas fiscales que soportan las centrales, «lo que no cumpliría con las condiciones», han subrayado. EFEverde
atm / al
La entrada Nuclear, ¿respaldo de la transición ecológica o freno al despliegue renovable? se publicó primero en EFEverde.
