Belém (Brasil), 13 nov (EFEverde).— Los derechos humanos y el derecho a un ambiente sano deben situarse en el centro de las negociaciones climáticas de la COP30, que se celebra en la ciudad amazónica de Belém (Brasil), según sostiene Astrid Puentes Riaño, Relatora Especial de la ONU para el derecho humano al ambiente limpio, sano y sostenible, en una tribuna para la bitacora @CDOVerde en EFEverde.
La experta colombiana, también directora del Laboratorio por la Justicia Ambiental y Climática de la Universidad Iberoamericana, participa en la conferencia con el propósito de “poner a las personas y sus derechos en el corazón de la acción climática”.
“Parece sencillo, pero es sorprendentemente complicado”, reconoce Puentes, quien ya participó en la COP25 de Madrid (2019).
Una década de avances jurídicos y sociales
En su artículo, Puentes recuerda que fue en Cancún (2010) cuando por primera vez una decisión de la COP reconoció el vínculo entre cambio climático y derechos humanos, y que ese trabajo culminó con el Acuerdo de París (2015), cuyo preámbulo consagra la obligación de que las acciones climáticas respeten los derechos humanos.
Desde entonces, explica, una amplia coalición de movimientos indígenas, organizaciones civiles, sindicatos, mujeres, jóvenes, Estados y entidades de la ONU ha mantenido viva esa coordinación para garantizar que el Acuerdo de París se implemente desde la perspectiva de los derechos humanos.
Puentes identifica tres grandes avances en la última década: el aumento de los litigios climáticos, el reconocimiento global del derecho al ambiente sano y la comprensión de que la crisis climática es también una crisis de desigualdad.
Obligaciones climáticas
La relatora subraya que el incremento de los litigios “no es un síntoma de conflicto, sino de justicia”: la vía pacífica que tienen las personas y comunidades para exigir rendición de cuentas. Gracias a estas demandas, numerosas cortes nacionales e internacionales han dejado claro que los Estados deben ajustar sus políticas climáticas a los objetivos del Acuerdo de París y regular las actividades empresariales que agravan el calentamiento global.
Menciona, además, el papel decisivo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que en su opinión consultiva de 2025 afirmó que los Estados tienen la obligación de proteger el ambiente y el sistema climático con la máxima diligencia, incluso si no son parte de tratados específicos. “La obligación es erga omnes, compete a todos los Estados”, recordó.
El derecho al ambiente sano, un pilar universal
Puentes celebra que, tras medio siglo de esfuerzos, la ONU haya reconocido formalmente el derecho humano a un ambiente limpio, sano y sostenible, ya respaldado por 165 países. Este derecho —añade— abarca el disfrute de aire limpio, agua segura, un clima estable, biodiversidad, ecosistemas saludables y participación pública.
“Este reconocimiento no es simbólico: es una herramienta jurídica y política para reforzar la gobernanza ambiental, reducir la contaminación y garantizar la justicia climática”, sostiene.
La relatora recuerda que la CIJ considera este derecho como “precondición esencial” para el ejercicio del resto de los derechos humanos y, dada su aceptación generalizada, forma parte ya del derecho consuetudinario internacional.
Crisis climática y desigualdad
El tercer elemento que destaca Puentes es el reconocimiento de que la crisis climática y la desigualdad son inseparables. “El 10% de la población mundial es responsable del 50% de las emisiones”, apunta, recordando que los impactos recaen desproporcionadamente sobre los más vulnerables: pueblos indígenas, comunidades rurales y costeras, mujeres y jóvenes.
“La justicia climática exige equidad, conocimiento ancestral y participación real”, subraya, destacando la apertura de la Presidencia de la COP para incluir voces diversas en el proceso.
“La COP de la implementación”
Para Astrid Puentes, la cumbre de Belém debe ser “la COP de las personas”, una conferencia que traduzca los avances jurídicos y científicos en compromisos concretos. “El derecho al ambiente sano no es un concepto abstracto, sino una pieza esencial del rompecabezas climático que aún falta implementar plenamente”, afirma.
“La Amazonía nos servirá de inspiración y de testigo”, concluye la relatora, quien confía en que Belém marque un punto de inflexión para integrar definitivamente los derechos humanos en la acción climática global.
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