Mari Navas
Madrid.- Puede que sea la imagen de la esperanza del accidente de tren de Adamuz: Boro volviendo con su familia después de permanecer varios días desaparecido. El perro viajaba en el Iryo siniestrado junto a su dueña, Ana García, y la hermana de esta, Raquel, quien todavía con heridas visibles por el impacto pedía ante los medios de comunicación que se procediera a la búsqueda de la mascota.
Más allá de demostrar una vez más el fuerte vínculo que existe entre las personas y las mascotas -Ana llegó a referirse a Boro como miembro de la familia-, el caso ha reabierto el debate sobre cómo se actúa para salvar a los animales en casos de emergencia, no solo en accidentes, sino también, por ejemplo, durante desastres naturales como la dana de Valencia o los incendios forestales.
Según denuncia el partido animalista Pacma en declaraciones a EFEverde, en la práctica «no existe un procedimiento claro ni automático generalizado cuando un animal o conjunto de animales se ven afectados por un accidente de gran magnitud» como el ocurrido en Córdoba o una catástrofe medioambiental.
«La actuación se centra prioritariamente en las víctimas humanas y en la seguridad del entorno, pero los animales quedan fuera de los protocolos de intervención», explica la portavoz del partido, Yolanda Morales.
Una situación a la que, no obstante, se le quiere dar solución. Fuentes de Protección Civil han confirmado a EFE que, desde la institución, se está trabajando ya en unas directrices básicas de planificación que incluyan a los animales.
¿Qué dice la ley?
El Real Decreto 524/2023 de 20 de junio, por el que se aprueba la Norma Básica de Protección Civil, recoge en su artículo dos que los riesgos que deben ser objeto de planificación son aquellos que por «su frecuencia, duración, ámbito territorial e impacto en la población y en los bienes, en los animales, el medio ambiente o en el patrimonio histórico artístico y cultural, deban ser objeto de planes de protección civil, previa aprobación, en su caso, de la correspondiente directriz básica de planificación».
Estas directrices básicas de planificación deberán tener en cuenta, en cualquier caso, «medidas básicas de protección a la población, sus bienes y animales, el medio ambiente y el patrimonio histórico-artístico y cultural».
Es decir, en esa norma se menciona a los animales como uno de los colectivos que tienen que estar presentes en las directrices. Además, la Ley de Protección animal recoge la necesidad de generar «protocolos de actuación sobre rescate y ayuda en casos de emergencia, tales como inclemencias climáticas o desastres naturales».
En la actualidad, el Consejo Nacional de Protección Civil está trabajando en las directrices básicas sobre riesgos específicos -como inundaciones, terremotos y tsunamis- y está estudiando como incluir en ellas a los animales.
Canarias, a la cabeza
Los planes de emergencias son de competencia local, autonómica y nacional. Es decir, si ocurre alguna catástrofe, el primer responsable es el alcalde del municipio y, la gestión, va escalando dependiendo del nivel de la misma. Por lo tanto, depende de cada una de estas instituciones aprobar estas directrices.
Según Pacma, la mayoría de estos planes de protección civil autonómicos «no incluyen a los animales o lo hacen de forma testimonial, sin procedimientos claros de actuación, recursos asignados o coordinación alguna».
Desde el partido político señalan que, en la actualidad, Canarias es el único territorio que cuenta con un protocolo específico y operativo que integra a los animales en la gestión de emergencias, el cual fue desarrollado después de la erupción del volcán de la palma.
Incluir de manera eficaz a los animales
Por ello, reivindican que estos planes, como mínimo, identifiquen de manera expresa -«textual y claramente»- a los animales como sujetos a proteger; determinen la existencia y funcionalidad de equipos formados y especializados, con coordinación entre protección civil, cuerpos de seguridad, servicios veterinarios y personal medioambiental, y de recursos materiales y logísticos, como jaulas, transporte adecuado y espacios de acogida temporal.
Asimismo, consideran que habría que establecer canales oficiales de comunicación, que eviten confusión y permitan una colaboración ordenada con el voluntariado, y procedimientos de acceso autorizado para personal especializado cuando las zonas estén restringidas, como ha sido el caso del accidente de tren.
«La ausencia de protocolos claros, la falta de recursos asignados y la repetición de situaciones en las que los animales quedan relegados a la buena voluntad de las personas demuestran que su protección sigue sin ser una prioridad, al menos fuera de campaña electoral», asegura.
El partido cree, además, que falta traducir «en políticas públicas efectivas» en materia de emergencias el reconocimiento legal y social creciente de los animales como seres sintientes. Todo para que imágenes como las de Boro reuniéndose con sus familiares sean más fáciles de coordinar en el futuro. EFEverde
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