Madrid, 7 jun (EFEverde). – Con la premisa de que “el futuro de Europa depende de la salud del planeta”, la Unión Europea puso en marcha en diciembre de 2019 el Pacto Verde Europeo, un paquete de iniciativas enfocadas en la transición ecológica y en alcanzar la neutralidad climática para 2050.
Durante la última legislatura, el Parlamento Europeo votó en el marco de este acuerdo verde una treintena de legislaciones, políticas clave sobre clima, energía y el medio ambiente en general.
Según un estudio realizado por cinco organizaciones ambientales -BirdLife Europe, Climate Action Network (CAN) Europe, European Environmental Bureau, Transport & Environment y WWF-, de los 30 expedientes de políticas evaluados, 12 corresponden a una transición climáticamente neutra y socialmente justa, 8 se centraron en una Europa positiva para la naturaleza y 10 se relacionaron con la economía circular y el logro de una contaminación cero.
Estas organizaciones advierten: continuar con este camino hacia un Europa que busca soluciones a la crisis ambiental dependerá en gran medida de las próximas elecciones europeas. El resultado en las urnas marcará el futuro de legislaciones pendientes de ser aprobadas. Entre ellas, la Ley de Restauración de la Naturaleza. La nueva composición de las instituciones europeas definirá también la aplicación de otras normas ya aprobadas, como el Reglamento de la Unión Europea sobre deforestación importada y la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad.
Mesa de diálogo: Desafíos Regulatorios: ¿por qué se debilitan las Leyes de Sostenibilidad en Europa? (De izquierda a derecha Orencio Vázquez, director en Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa; Amanda del Río, directora adjunta Global Nature; Isabel Fernández, consultora en Mighty Earth; y Brenda Chávez, periodista e investigadora.
Ley de Restauración de la Naturaleza
En 2022, la Comisión Europea presentó la Ley de la Restauración de la Naturaleza, con la que aspira a hacer cumplir también los objetivos de biodiversidad de la ONU. Fija metas como reparar al menos el 20 % de los ecosistemas terrestres y marinos degradados del territorio de la UE en 2030 y que todos ellos estén recuperados o en vías de hacerlo para el año 2050.
La normativa aún no ha sido aprobada y se intentará rescatar el próximo 17 de junio en el Consejo de Ministros de Medio Ambiente, después de que en marzo Hungría impidiera su aprobación al sumarse al grupo de países críticos. Amanda del Río, directora adjunta de la Fundación Global Nature, denuncia la desinformación que se ha generado en torno al texto, a pesar de que su contenido coincida con la estrategia europea sobre Biodiversidad para 2030, tal y como señaló en un debate organizado en el Real Jardín Botánico de Madrid.
La norma, resumió del Río, aborda la restauración de manera transversal, pues obliga a los gobiernos a concretar planes de introducción de la naturaleza en las ciudades, así como de restauración en la agricultura y en la ganadería, en el sector forestal o en el sector pesquero.
“Somos muy dependientes de una naturaleza estable, sana y resiliente y eso es lo que Europa ahora mismo no tiene. Tenemos suelos agotados, aguas muy contaminadas y un clima inestable”, agregó.
Insistió en que en los últimos años, en los que la política de naturaleza se basaba en la red Natura 2000, “nos hemos convertido en notarios de la extinción, lo que hacemos es informar a Europa cómo perdemos especies y hábitats. Entonces esa política de conservación no está sirviendo a los objetivos por los que se creó”, dijo.
De aprobarse, la ley obligaría a restaurar esos espacios protegidos, puntualizó la experta, y establecería en entidades locales la responsabilidad de a quién corresponde aumentar las infraestructuras verdes en ciudades, quién las financia; además de vincular fondos de la política del área común o de la política pesquera a objetivos de restauración.
En ningún momento se pone en riesgo la producción de alimentos, aclaró del Río, “sino que pueda ser compatible la conservación y la restauración con la producción”, como se ha demostrado mediante la agricultura regenerativa.
Reglamento de la Unión Europea sobre deforestación
En mayo de 2023, el Consejo de la UE adoptó una ley pionera para evitar que las importaciones de materias primas y productos derivados como el aceite de palma, el vacuno, la soja, el café, el caucho, la madera y el chocolate generen deforestación en terceros países.
De acuerdo con este reglamento para prevenir la deforestación asociada a productos (conocido como EUDR), las empresas que importen esas materias y derivados tendrán que rastrear su origen y emitir una declaración de diligencia debida que garantice que no han causado deforestación en esos lugares después del 31 de diciembre de 2020.
Cada año se destruyen en el mundo 10 millones de hectáreas de bosques, estima la ONU, cifra que equivale a un territorio más amplio que Portugal. Se calcula que la UE es responsable del 10 % de la reducción de masa forestal global, lo que repercute en pérdida de biodiversidad y acelera el cambio climático, según datos del Consejo de la UE.
Tras su aprobación, el Reglamento EUDR se encuentra en un periodo en el que los estados miembros tienen que definir cómo se va a desarrollar y cómo será su control y seguimiento con vistas a su aplicación desde el 30 de diciembre de este año, alegó Isabel Fernández, consultora en Mighty Earth.
Constituye un reto para los países porque afecta a sectores muy importantes y aunque está vinculado a aspectos medioambientales, las empresas también tienen que hacer una valoración en torno a los derechos humanos en los territorios, comentó.
El Reglamento se ha centrado en aquellas materias primas que tienen un mayor impacto en los bosques, puntualizó Fernández, pero aún aprobado puede sufrir modificaciones, pues hay naciones que presionan para retirar algunos productos.
“La duda que tenemos desde las organizaciones de la sociedad civil es si cuando nos volvamos a sentar a debatir sobre si se amplía el ámbito de aplicación será demasiado tarde”, manifestó.
El Reglamento aboga por que las grandes empresas controlen su cadena de suministro, una responsabilidad que han delegado en certificaciones, pero estas a menudo fallan en hacer una trazabilidad total. De hecho, tal y como expuso la investigación periodística Deforestation Inc a finales de 2023, muchas empresas con etiquetas verdes como FSC continúan destruyendo bosques en todo el mundo.
Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad
En abril de este año, la Unión Europea dio luz verde definitiva a la Directiva de diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, que obligará a las grandes empresas a prevenir, mitigar y remediar el impacto sobre el medio ambiente o los derechos humanos que puedan tener sus actividades o las de su subsidiarias y socios.
Comenzará a aplicarse progresivamente a partir de 2027 y su radio de acción abarca a las empresas de la UE -o situadas más allá de sus fronteras- que cuenten con más de 1.000 empleados y tengan una facturación anual superior a los 450 millones de euros, así como a las compañías que formen parte de su cadena de suministros o de distribución, transporte o almacenamiento de productos.
El término diligencia debida proviene del ámbito financiero y está relacionado con los riesgos que se establecen al adquirir una empresa, además incluye el proceso de prevención, identificación, mitigación y explicación de cómo abordar sus efectos adversos reales y potenciales, explicó Orencio Vázquez, director del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa.
Vázquez destacó de esta norma su capacidad sancionadora al facilitar medidas de acceso a la justicia y establecer que las compañías sean responsables de sus posibles daños y tengan que pagar una compensación por ellos. En caso de incumplimiento se exponen a sanciones y multas de hasta el 5 % de su facturación neta global.
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